A pesar de contar con un instrumento jurídico internacional específico para la protección de sus labores, México es el segundo país más peligroso para los defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas a nivel mundial.
Desde 2006, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes por agresiones de este tipo.
Este año, con un presupuesto aprobado para la operación del mecanismo derivado de la Ley de Protección, la sociedad civil espera ansiosa por resultados, no solo en la procuración de justicia, sino también en la contribución gubernamental para resolver los problemas que originan las agresiones en un principio; es decir, intereses de cacicazgos locales o megaproyectos de explotación de recursos naturales sin la participación de las comunidades locales, por ejemplo.
Alto precio
El clima de violencia y hostilidad que viven los periodistas y defensores en México es tan grave, que los ataques incluyen violaciones a su derecho a la vida, libertad y seguridad personales, a la libre opinión, a una vida sin violencia y no discriminación, a la reunión y libertad de expresión, de asociación, honra y privacidad.
Lo peor, afirma Edgar Cortez, miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, es que no es una situación de coyuntura, sino una historia de varios años: “Una situación de adversidad persistente que viven miles de hombres y mujeres al ejercer su trabajo”.
El monitoreo periódico de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denuncia 89 eventos de agresiones contra personas defensoras, sus organizaciones o familiares, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012.
Y desde 2006, 22 defensores, así como cinco integrantes de sus familias han sido asesinadas.
Hoy el precio que pagan por hacer su trabajo es demasiado alto y estos ataques imposibilitan su libre ejercicio al someterlos a presión sicológica, así como a daños físicos.
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