Realidad o ficción. El Poder del Consumidor y su fundador, presidente, vocero y administrador Alejandro Calvillo encontró la forma de vivir de un presupuesto que nadie audita y que le permite ganar influencia negociando control de los consumidores.
Sin ir más lejos: durante el mes que acaba de concluir, mientras se discutía en el Congreso la Ley de Ingresos, Calvillo y un puñado de asociaciones cuya membresía y financiamiento es desconocido se lanzaron contra la decisión de los diputados de reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas con menor contenido de azúcar.
En realidad se trataba de un incentivo para que las bebidas que contuvieran solo cinco gramos de azúcar por cada 100 mililitros gozaran de una rebaja de 50 centavos por litro, como una forma de promover que la industria añada menos azúcar a sus productos.
En lugar de congratularse con una medida destinada a bajar la ingesta de azúcar, la Alianza por la Salud Alimentaria —el paraguas que Calvillo y sus organizaciones usan para presentarse— derrochó millones de pesos en propaganda radiofónica y desplegados a color en medios impresos y logró amedrentar a quienes impulsaban ese incentivo.
Datos
Por otro lado llama la atención que a pesar de tener nueve años funcionando El Poder del Consumidor no ha tenido ningún otro caso importante que no esté financiado por los enemigos de la industria alimentaria. Si el consumidor les interesara sería de esperarse que abanderaran otras causas que lo afectan; pero no ha sido así.
Al contrario, de acuerdo con un estudio recién publicado por el Centro de Análisis Multidisciplinarios de la UNAM, las familias cuyos ingresos se encuentran entre uno y tres salarios mínimos consumen 57.5% de bebidas y productos altos en calorías para poder soportar las largas jornadas de trabajo, mientras que las familias cuyos ingresos se encuentran entre cuatro y cinco salarios mínimos registran un consumo de 23.4%; en suma 80.9% del consumo de refrescos se registra entre los trabajadores que ganan entre uno y cinco salarios mínimos.
Otro dato de la misma UNAM muestra que la mayoría de los mexicanos complementa sus alimentos con otros de menor calidad pero con un alto contenido calórico, por eso es que tres meses después de haber implementado el impuesto la venta de refrescos aumentó 9.8% en centros de abarrotes.
Dicho por la propia Secretaría de Salud este impuesto generó la reducción de tan solo 16 calorías en el consumo calórico diario de los mexicanos; es decir, únicamente 7% de las recomendadas en un día.
Lo anterior se vuelve nada si tomamos en cuenta que una manzana, por ejemplo, tiene 52 calorías; un vaso de jugo de naranja 45, y un sándwich 225. ¿Por qué no satanizamos a la manzana, al jugo y al sándwich?
La práctica de usar unos cuantos datos sacados de contexto o con fuentes poco consistentes es frecuente en los últimos tiempos. ¿Será que organismos como El Poder del Consumidor dejarán a un lado dicha información y permitirán que la Secretaría de Salud siga haciendo su trabajo? Ojalá que sí.