La promesa más reiterada durante la administración de Mario López Valdez (Malova) fue la de hacer de Sinaloa una entidad competitiva a nivel nacional e internacional… ofrecimiento que en la agenda de su gobierno se ha diluido frente a la corrupción e inseguridad como principales obstáculos para el desarrollo social y económico del estado, acusan empresarios, diputados locales e informes oficiales.
De hecho, agregan las fuentes consultadas, en Sinaloa la corrupción es vista como el aceite “quemado” que ha detenido a la “maquinaria económica” de la entidad, creando más pobres y profundizando los números rojos que registran los servicios públicos y sociales, ya que bajo la administración de Malova el estado saltó del lugar número 19 al 14 en el índice nacional de corrupción.
Para los expertos, Sinaloa se mueve en la decadencia administrativa porque López Valdez “no ha hecho públicos los números que utiliza para sacar las cuentas de las necesidades de los sectores productivos”, debido a que mientras la población se encuentra sumergida en la pobreza y el desempleo “el gobernador destina dinero de los fondos estatales a la promoción de eventos con impacto negativo en las finanzas, pero que hacen lucir al grupo familiar y económico en el que se mueve”.
Por si fuera poco, un estudio de la American Chamber of Commerce of Mexico revela que Sinaloa se ubica entre los estados más peligrosos para las empresas: según elInforme de Seguridad Empresarial en México 2016, se encuentra en el noveno lugar de las entidades con mayores problemas de inseguridad para que las firmas realicen sus operaciones.
Datos
Por décadas Sinaloa fue de manera tradicional uno de los estados más pujantes del Pacífico mexicano, pero ahora la situación es diferente: Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, las tres principales ciudades del estado, perdieron atractivo, capacidad y condiciones para cautivar nuevas empresas.
Así lo revela el estudio Índice de competitividad urbana 2016, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Los indicadores son contundentes: Culiacán, que aparecía en el lugar número 30, pasó al 43, es decir, perdió 13 posiciones en el índice, lo cual lo coloca en una competitividad “media baja”.
En tanto Mazatlán, que ocupaba el sitio 19, cayó al número 28, retrocediendo nueve lugares, lo cual le ubica en una competitividad “media alta”.
A su vez, Los Mochis descendió del lugar 43 al número 52, lo cual lleva a considerar que su competitividad es “media baja”.
El diagnóstico del Imco fue elaborado en 74 ciudades del país, para lo cual se analizó información de 120 indicadores divididos en diez temas, entre ellos: Estado de Derecho, medio ambiente, sociedad, política, gobierno, factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación.
De acuerdo con el organismo el índice de competitividad urbana mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener talento e inversiones: “Una ciudad competitiva es una ciudad que maximiza la productividad y el bienestar de sus habitantes. Esto significa que este índice, a diferencia de otros, evalúa las capacidades estructurales y no solo las coyunturales de las ciudades que permiten alcanzar dichos objetivos”, explica el documento.
De la revisión a detalle de indicadores se desprende que lo que “más pega” a los municipios de Sinaloa es su precario Estado de Derecho. En este rubro se consideran aspectos como “tasa de homicidios, robo de vehículos, percepción de seguridad”, en los cuales Culiacán, Mazatlán y Los Mochis aparecen en los “últimos lugares”.
Contradicciones
Y aunque al iniciar el último mes de su gobierno Malova intenta presentar diversos datos como “una buena noticia”, lo cierto es que en una revisión minuciosa de las cifras se pueden observar las categorías donde Sinaloa ha tenido un grave retroceso, incluyendo la calidad de los empleos y el tipo de salarios, la inversión extranjera y el turismo internacional, así como la interconexión, tanto física como digital.
Los argumentos del gobierno de Sinaloa resultan además claramente falaces al analizar los magros resultados en desarrollo e inseguridad que registra el estado, por lo que empresarios, diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles contradicen los dichos del gobernador López Valdez: “Debemos retomar el tema de comunicar para qué estamos hechos los sinaloenses y que somos más los buenos, es algo que no se debe olvidar y que no ha defendido el gobierno estatal”, señala por ejemplo Javier Lizárraga Mercado, dirigente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (Codesin).
Y agrega: “Tenemos que hacer una fuerza común para impulsar al estado y abatir esa imagen de inseguridad y corrupción”.
Por lo anterior, dice que Codesin trae en la agenda la Alianza por la competitividad para impulsar el crecimiento y el desarrollo de Sinaloa que el gobierno de Malova no ha impulsado. “Proponemos mejorar la competitividad del territorio a través de políticas públicas y generar proyectos de valor agregado a las actividades económicas en el estado, con la participación de autoridades, empresarios, academia y la sociedad”.
Lizárraga define tres objetivos: “Lograr avances en la posición competitiva de Sinaloa a nivel nacional e internacional; incrementar la inversión nacional e internacional, y elevar el PIB per cápitade los sinaloenses”.
En materia de inseguridad, el secretario general del PAN en Sinaloa, Luis Robinson Bours, resalta por su parte que “hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que sumen esfuerzos con la finalidad de brindar a los sinaloenses seguridad y estabilidad frente a un escenario que llena de incertidumbre a los ciudadanos, y a que el cambio de estafeta en el gobierno estatal no los lleve a bajar la guardia”.
Señala el legislador local: “Alzamos la voz para que las autoridades no solo reconozcan el problema de la inseguridad sino que modifiquen sus estrategias y presenten resultados cuanto antes, ya que han abandonado a la sociedad, permitiendo que viva en la zozobra de la impunidad con el claro y alarmante aumento de delitos como asaltos a casa habitación, robo a mano armada, robo de autos y extorsión al sector empresarial”.
En este sentido, por lo menos 100 organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y personajes de la sociedad civil condenaron el ataque a un convoy militar en Sinaloa, en el que cinco soldados perdieron la vida el pasado 30 de septiembre.
La presidenta de Causa en común, María Elena Morera, publicó en la página de su agrupación la carta firmada por los inconformes, donde se reconoce el hecho como una nueva amenaza que la delincuencia organizada hace a la sociedad para sembrar miedo.
“El convoy agredido en plena capital del estado, de acuerdo a testimonios ciudadanos, tardó alrededor de dos horas en recibir apoyo de fuerzas estatales. Ante ello exigimos una amplia y exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades y aclarar por qué la dilación de la policía local y si hubo alguna omisión o complicidad”, indica el documento.
“Sinaloa no puede seguir secuestrado por grupos criminales y autoridades omisas”, consigna esa centena de organizaciones civiles en la misiva.
Mientras, la corrupción y la inseguridad en el gobierno de Mario López Valdez siguen desestabilizando al estado.