Ubicado en el centro norte del país, San Luis Potosí, uno de los estados más ricos en recursos minerales, ha visto mermado su desarrollo por la delincuencia organizada, el analfabetismo, la saturación de cárceles, la marginación de su población y la migración de sus habitantes bajo la actual administración encabezada por Juan Manuel Carreras López.
Para diversos expertos consultados e informes de Organizaciones No Gubernamentales, la presente administración que encabeza Carreras López ha sido detonante en la baja calidad de vida de los habitantes de este estado, ya que la falta de políticas públicas modernas e incluyentes han ocasionado severos contratiempos de gobernabilidad con decisiones de gobierno poco atinadas por parte del Ejecutivo estatal.
Por todo ello, agregan los consultados, uno de los estados más estables en materia de seguridad y prosperidad en el desarrollo humano de sus habitantes ahora enfrenta severos dilemas que han prendido los focos rojos para los más de dos millones 700 mil habitantes de la entidad potosina.
Inseguridad
Hacia el inicio de la administración de Juan Manuel Carreras se presentó un crecimiento mayúsculo de inseguridad en el estado, donde por lo menos durante los más recientes meses se ha respirado en varios municipios de la entidad un ambiente de intranquilidad con frecuentes balaceras, robos, secuestros y extorsiones.
Estos problemas se han agravado con el actual gobierno, con inconvenientes de inseguridad que van creciendo, sobre todo en el área metropolitana de la capital San Luis Potosí, donde cada vez se dan más casos de robos, levantones, riñas, y balaceras que cobran víctimas, principalmente jóvenes.
Incluso en algunas entrevistas el gobernador Carreras López asegura que a pesar de los sucesos sangrientos que ha habido, la entidad potosina “está en los mejores lugares en todo el país en materia de seguridad y se seguirá trabajando para reducir los niveles de inseguridad que hay en el estado”. Asimismo, ha culpado a otras entidades de la “contaminación” de inseguridad que hay en el estado.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la mayor incidencia de los delitos por zona geográfica se registra en el centro del estado con 57% de los delitos, seguida de la región huasteca con 31%, el altiplano con 7% y la zona media con 5 por ciento.
Entre los diez municipios con más hechos delictivos destacan, en primer lugar, San Luis Potosí, seguido de Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Xilitla, Tamuín, Mexquitic de Carmona, Cerritos, Matehuala y Ciudad del Maíz. Además las rutas del tráfico de enervantes tienen mayor presencia en la región del altiplano, la huasteca y la zona media, en tanto que la ruta de inmigrantes se presenta más en el centro del estado donde también los migrantes son víctimas de delitos como robos y extorsiones que llegan a terminar con su vida.
Para analistas en materia de seguridad, Carreras López debe atender con urgencia la zona Huasteca donde el “cáncer” de la inseguridad sigue presente, y aunque se ha tratado de evitar ya está llegando a otras regiones del estado, entre ellas la capital; ya son comunes los secuestros, ejecuciones, feminicidios, balaceras y extorsiones que se extienden por toda la zona.
Un ejemplo, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández, reconoce que su administración “no tiene la capacidad para hacerle frente a los embates de la delincuencia organizada”, aunque para ello ha buscado la coordinación con las autoridades estatales.
El alcalde señala que en los recientes meses ha habido acontecimientos sangrientos que se han registrado en el municipio de Soledad, donde se vincula supuestamente ha hechos delictivos de la delincuencia organizada. “Tenemos que seguir redoblando esfuerzos para recobrar la tranquilidad de los ciudadanos. Y esto corresponde a un tema de orden estatal y no solo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez”, aclara.
Y reitera: “No estamos equipados para hacerle frente a la delincuencia organizada, aunque estamos trabajando en la prevención de delitos comunes, como parte de las atribuciones que le corresponden a la administración municipal”.
Este hecho solo es parte de varios sucesos de inseguridad que se han presentado desde la llegada de Juan Manuel Carreras López al gobierno del estado, y a pesar de que las propias autoridades estatales descartan focos rojos el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) coloca a San Luis Potosí en el quinto lugar del país en ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, además de un incremento de 8% en los homicidios con arma de fuego.
Analfabetismo
De acuerdo con el director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, Helios Barragán, en San Luis Potosí son alrededor de 700 mil personas las que no cuentan con educación alguna lo que representa casi un tercio de la población, por lo que, advierte, es materialmente imposible abatir este “rezago”.
Indica que “traemos alrededor de 700 mil potosinos con rezago educativo, lo que significa que no saben leer ni escribir o no han terminado su primaria casi un tercio de la población del estado; esto es un enorme reto y pretendemos que se haga un plan a 2018 para reducir al menos a 50% este índice de rezago educativo”.
Barragán afirma que “la realidad es que se trata de una cantidad exorbitante de personas que se encuentran en esta situación y muchas veces la gente no conoce estas cifras, aunque por supuesto que se trata de un problema que debe de ser prioritario para el actual gobierno estatal”.
Indica que el plan es reforzar el programa de alfabetización. “El problema es que tenemos que ir a invitar y convencer a los adultos y acompañarlos a que reciban educación y también se tiene que dar una educación diferenciada, porque no se puede dar la misma atención a alguien de 18 años que a una persona de más de 70 años”, explica.
Delitos por carencias
Según el último reporte del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en San Luis Potosí la carencia social satura las cárceles de primodelincuentes que hurtan por necesidad, mientras los grandes líderes de la delincuencia organizada están en las calles. Así lo demuestra un análisis realizado por una ONG en un universo de dos mil 374 reos de las cárceles del estado.
El primer dato es revelador: de ese número de internos, entre 45 y 50% está en espera de ser sentenciados. Y es que el presidente de la Organización No Gubernamental Renace —versión San Luis Potosí— José Mario de la Garza Marroquín señala que la mayoría de estos internos está acusada por delitos de tipo menor y tienen pocas posibilidades de quedar en libertad. “Estos delitos aunque son menores no les permiten pagar una fianza para obtener su libertad temporalmente y entonces por ahí tienes un problema donde hay mucha saturación de personas que están privadas de su libertad”, comenta.
Destaca que factores como no tener una adecuada defensa retrasa la resolución, lo que ha derivado la saturación de los centros penitenciarios. “Entonces estos procesos pueden demorarse un año y medio en resolverse y después de ahí todavía hay unos recursos de apelación o juicios de amparo, entonces una persona puede estar tres o cuatro años esperando resolver su situación de inocencia o culpabilidad”, agrega.
También indica que una gran parte de los internos en espera de sentencia están acusados de robo de artículos de poco valor, ya que el Código Penal de San Luis Potosí tipifica este delito como grave. “Que se cometieron de alguna forma con estas características y que la ley le da la categoría de ser graves y entonces no pueden salir, de este 50% que comento es casi 70% los que están por robo”, expresa.
Del total de los reos en espera de ser declarados inocentes, es decir, aproximadamente mil 800, José Mario de la Garza Marroquín dice que solo 10% consiguen su libertad y 90% restante cumple una condena. “Pero eso no necesariamente quiere decir que lo sean, es decir, hay muchas personas que están mal defendidas, que no se atendió adecuadamente el caso y que como el expediente se basa en partes policiacas y en pruebas que se rinden de una manera unilateral, sin que el procesado tenga oportunidad de defenderse adecuadamente, acaban siendo culpables”, añade.
Expresa que el gobernador debe proponer al Congreso local revisar la legislación en materia de robo y hacer un programa de preliberación eficiente para que de manera significativa avancen los procesos, además destaca que con ello “se deja de incriminar a jóvenes con delitos menores que después salen a las calles y al no encontrar muchas oportunidades vuelven a delinquir”.
De esta manera, un estado con antecedentes de bonanza económica y paz social ahora se encuentra inmerso en problemas de inseguridad y un crecimiento de criminalidad por carencias sociales. Juan Manuel Carreras desatiende la gobernabilidad de millones de potosinos que ven estancado su desarrollo social.
¡Nadie supo!
El gobernador Juan Manuel Carreras López “heredó” aparatos de espionaje y uso en inteligencia… pero se ¡extraviaron! La organización civil Ciudadanos Observando hizo pública la adquisición de un sistema para el monitoreo de telefonía celular, por el cual el gobierno estatal desembolsó 22 millones de pesos. La adquisición incluyó un sistema central para el monitoreo de redes en plataforma GSM por 12 millones 282 mil pesos, así como seis antenas y otro sistema para interceptar comunicaciones con capacidad para manipular el teléfono monitoreado, los mensajes, abrir el micrófono, clonar el número y realizar llamadas, con un costo de seis millones 853 mil pesos más. El pasado 1 de marzo el secretario general de gobierno, Alejandro Leal, señaló que siguen sin conocer el paradero de los costosos aparatos de intervención telefónica, que fueron adquiridos por la pasada administración pero que no fueron hallados físicamente al inicio de esta. El funcionario detalló que en su momento se presentó una denuncia para que la Procuraduría General de Justicia del Estado tomara cartas en el asunto e investigará dónde están esos equipos, sin embargo, dijo desconocer si al día de hoy “ya existe un resultado de tales investigaciones”.