Por R. Pérez Valencia / N. Vázquez
Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron fortalecer al Grupo de Alto Nivel de Seguridad (Ganseg), que se integró el pasado 27 de agosto, con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza.
En la reunión bilateral en materia de seguridad entre el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, el canciller reiteró que México dejó en claro que no permitirá ninguna intervención.
“México no podría aceptar bajo ninguna condición, por mandato constitucional, que haya operaciones de personal y tecnología militar en nuestro territorio”, destacó el canciller.
Los funcionarios intercambiaron puntos de vista y conversaron sobre las prioridades en materia de seguridad para ambas partes, en la que se incluye el compromiso compartido de brindar seguridad a los ciudadanos de los dos países frente a las organizaciones del crimen transnacional.
También dialogaron sobre el trabajo conjunto en el combate al tráfico de drogas, armas y seres humanos, así como de la importancia de enfrentar las redes financieras ilícitas, combatir la corrupción y fortalecer la cooperación para llevar a los criminales ante la justicia.
El fiscal general norteamericano agradeció al gobierno de México por la cooperación en diversos asuntos recientes, incluyendo la detención de personas sospechosas de haber participado en el asesinato de nueve ciudadanos mexicano-estadunidenses integrantes de las familias LeBarón y Langford el pasado 4 de noviembre, así como por la asociación con México en el combate a la migración ilegal a lo largo de la frontera compartida.
La relación con México en materia de justicia, puntualizó William Barr, “es una de las asociaciones más importantes para combatir al crimen transfronterizo y continuar con esa colaboración y programas exitosos de procuración de justicia bilateral sigue siendo una prioridad para el gobierno de Estados Unidos”.
En el encuentro participaron también los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, por parte de México, mientras que por Estados Unidos estuvo presente además el embajador Christopher Landau.
Previo a este encuentro el fiscal Barr fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde también participó asimismo el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González.
El mandatario mexicano calificó como “buena” la reunión y destacó que el funcionario estadunidense entendió la necesidad de mantener la cooperación entre los dos países.
Fue una “buena reunión con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Como abogado comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. De este modo siempre podremos trabajar juntos”, expresó el presidente.
Cabe señalar que la reunión fue planeada después de que el mandatario estadunidense, Donald Trump, anunció su intención de catalogar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas a raíz del ataque armado a integrantes de las familias LeBarón y Langford en Bavispe, Sonora.
Comparecencia
En relación a este tema el canciller Marcelo Ebrard expresó durante su comparecencia en el pleno del Senado de la República que de ninguna manera nuestro país aceptará algún tipo de intervención de EU y aseguró que de denominarse como grupos terroristas a los cárteles mexicanos la cooperación entre los dos países vecinos podría estar en riesgo.
“Si EU quiere ayudar a México en la batalla que estamos dando contra la delincuencia debe reducir el tráfico de armas. Esa es la mejor manera de ayudar”, expresó Ebrard en la cámara alta, a donde acudió en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador.
El titular de Relaciones Exteriores reiteró ante la cámara alta que el Ejecutivo está en desacuerdo con esa clasificación unilateral por las implicaciones que la medida tendría para la soberanía nacional ya que solo obstaculizaría la cooperación entre ambos países.
“Nunca ha sucedido que se designe como terrorista a una agrupación de la delincuencia organizada. Solamente se ha usado cuando hay motivos políticos o religiosos”, comentó a los legisladores.
El canciller indicó que una evidencia de la entrada a territorio mexicano de armas producidas en EU es que la mayoría de los casquillos que se recolectaron en el lugar del crimen de los integrantes de las familias LeBaron y Langford son de procedencia estadunidense.
Informó asimismo que el gobierno de México entregó al de Washington el registro de seis mil armas estadunidenses que entraron de manera ilegal al país.
“Son armas aseguradas; se les dio la clasificación, el tipo de arma, sus características técnicas, el número de serie… Desde luego a qué incidente, a qué hecho, a qué delito están vinculadas. Y se les entregó en propia mano, en el grupo de alto nivel sobre armas, así como la versión electrónica”, puntualizó Ebrard.
Agregó que ahora le toca a la administración de Donald Trump abordar el tema del tráfico de armas ilegal entre ambos países. “Ahora ellos tienen que contestar, porque estamos seguros de que esos seis mil registros nos llevarán a distribuidores en territorio de EU que venden armas conscientemente para introducirlas ilegalmente en México”, afirmó.
En la comparecencia ante el Senado el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que México “no se asusta” frente a EU porque se ha fijado una postura de respeto a la Constitución, a la dignidad del país y a su soberanía. Y reveló que así se lo ha hecho saber el gobierno del presidente López Obrador a su homólogo estadunidense, Donald Trump.
“Eso es lo que hemos buscado en todo momento frente a viento y marea; y a veces han sido las dos cosas todo el tiempo. Pero estamos hechos para perseverar: esa es la historia de México. Y así seguirá haciendo. Vamos a triunfar y a salir adelante”, recalcó.
Acuerdos
Uno de los pactos ya vigentes entre las dos naciones es el convenio bilateral sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, acordado en la Ciudad de México el 23 de febrero de 1989 y publicado para entrar en funciones el 8 de febrero de 1990.
Se trata de cooperación jurídica y su propósito es promover la cooperación a fin de que puedan combatir con mayor eficacia al narcotráfico y la farmacodependencia, fenómenos que trascienden las fronteras, con la adopción de medidas necesarias en el cumplimiento de las obligaciones comprendidas en el orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.
Otro de vital importancia es el que firmaron ambos países en diciembre de 2008: la primera carta de acuerdo sobre la Iniciativa Mérida, escribiendo así un capítulo histórico de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas de ambas naciones con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas, que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera.
A once años de su implementación la Iniciativa Mérida ha construido una nueva arquitectura para la cooperación bilateral en materia de seguridad, ha proporcionado apoyo tangible a las instituciones mexicanas de seguridad y judiciales, y ha impulsado los esfuerzos para detener el tráfico de armas, dinero y demanda de drogas.
Este marco estratégico implementó una variedad de programas y actividades a las que se conoce como los cuatro pilares.
El pilar uno establece afectar la capacidad operativa del crimen organizado para disminuir el poder de los grupos criminales mexicanos al capturar y encarcelar sistemáticamente a sus líderes; reducir las ganancias del tráfico de drogas mediante el decomiso de narcóticos; frenar el lavado de dinero y disminuir la producción de drogas.
En el pilar dos se establece institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho al aumentar la capacidad de los órganos mexicanos encargados de la seguridad pública, fronteras e instituciones judiciales.
Por su parte el pilar tres crea la estructura fronteriza del siglo XXI para facilitar el comercio legítimo y tránsito de personas, mientras se restringe el flujo ilícito de drogas, personas, armas y efectivo.
Finalmente el pilar cuatro pondera construir comunidades fuertes y resilientes, así como fortalecer a las comunidades mediante la creación de una cultura de respeto a las leyes y la disminución del atractivo y poder de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El presidente López Obrador ha dicho que su gobierno quiere desaparecer la Iniciativa Mérida y que los recursos que antes recibía México del gobierno estadunidense para cooperación militar se destinen al desarrollo y la creación de empleos.
Asimismo el 5 de octubre de 2010 los gobiernos de México y EU firmaron dos convenios para combatir el tráfico de armas y dinero entre ambos países, como parte de una estrategia de cooperación bilateral para enfrentar a la delincuencia.
Ese año las entonces Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal y el Departamento de Justicia estadunidense firmaron un acuerdo para “compartir los recursos decomisados” en la frontera común.
Otro convenio fue signado por la PGR y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU, mediante el cual ambas partes podrán “intercambiar información sobre armas de fuego”, tráfico de armamento y delincuencia.
Con este acuerdo México tiene acceso al sistema de rastreo e-Trace “que permite que las agencias de procuración de justicia (estadunidenses) soliciten y monitoreen rastreos electrónicos de armas de fuego”, con los que es posible elaborar mapas de actividad criminal.
En agosto pasado el canciller Ebrard y el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, con el fin de exponer los esfuerzos realizados en materia de cooperación en seguridad y refrendar la importancia de trabajar de manera conjunta, preparada y organizada asumiendo la responsabilidad de cada una de las instancias que forman parte de los mecanismos de cooperación, con base en un enfoque de corresponsabilidad sobre las causas de la violencia y en las vías de solución.
Los acuerdos de cooperación siguen adelante.
Tráfico de armas
Cifras del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública establecen que cada año entran a México de manera ilegal 250 mil armas provenientes de EU.
Siete de cada diez armas que utiliza el crimen organizado provienen del vecino país del norte y la presencia de ellas provoca que en algunas entidades 80% de los homicidios se cometa con arma de fuego, cuando hace años esta cifra era de 50%, es decir, no solo aumentaron los homicidios sino también la letalidad.
Los estados más armados, específicamente con armas largas, son Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas; y con armas cortas Estado de México y Ciudad de México.
Los principales cruces fronterizos donde se realiza este tráfico ilícito son Tijuana-Mexicali, Juárez-El Paso y Nuevo Laredo-Matamoros.
La Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcula en 20 mil millones de dólares el valor de las armas traficadas.
Entre las entidades con mayores porcentajes de ilícitos cometidos con armas destacan Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Sinaloa, cuyos indicadores en dicho rubro fluctúan entre 46 y 70%, mientras que la media nacional se sitúa en 50.2 por ciento.