A mediados de julio de 2018, apenas dos semanas después de ser electo como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador expuso 50 puntos que resumen su estrategia de austeridad gubernamental: en el inciso 21 anunció una disminución de 70% en las plazas de confianza.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobierno Estatal, Municipal y Federal 2017 realizado por el INEGI el gobierno emplea a cerca de cinco millones de personas, 1.5 millones de ellas a nivel federal.
Entre los empleados federales 317 mil 979 son de confianza; es decir, de llevarse a cabo la reducción de plazas en el porcentaje anunciado por el presidente —como ya se viene haciendo— los despidos colectivos de funcionarios podrían superar los 222 mil.
De hecho, se registran despidos ya desde hace dos meses en todas las dependencias del gobierno federal, incluyendo 18 secretarías y 319 instituciones descentralizadas, paraestatales y empresas públicas.
Tan solo en los primeros dos meses del gobierno de la Cuarta Transformación el plan de austeridad provocó que más de 18 mil personas perdieran su empleo o sepan ya que lo van a perder.
Pero la cifra podría ser mayor, de acuerdo con los mismos afectados, quienes en diversas manifestaciones públicas y testimonios en redes sociales acusan que fueron notificados sin previo aviso y les hicieron firmar las renuncias con métodos ilegales, hostigamiento y sin garantías de liquidación.
Valeria Moy, directora del observatorio ciudadano México, ¿Cómo vamos?, afirma que “prescindir de más de 200 mil personas, lo que equivale a 70% en las 319 dependencias del gobierno federal, puede generar ineficiencias severas”.
Se dice, agrega, “que hay una burocracia demasiado robusta porque mucha gente trabaja en el gobierno, pero no sabemos dónde está exactamente el exceso. El nuevo gobierno hizo un plan sin un diagnóstico claro de las ineficiencias. ¿Qué hace pensar que los trabajadores de confianza son menos eficientes que los sindicalizados?”
Moy explica que la propuesta de despedir a los empleados de confianza puede estar relacionada con que se trata de los puestos y los salarios más altos dentro de la burocracia, lo cual contribuye a la polarización en la opinión pública.
“El derroche de recursos del gobierno está actualmente en las prestaciones y derechos adquiridos de trabajadores, pero eso no significa que todos los empleados de confianza gocen de los mismos privilegios o sean ineficientes en lo general”, destaca la especialista. Para Moy el gobierno podría haber presentado estos puntos en diciembre pasado con un análisis detallado.
Tijera
Los despidos no toman en cuenta antigüedad, personas con discapacidad o servicio profesional de carrera, este último compuesto por trabajadores contratados mediante un mecanismo creado para garantizar que quienes ingresaran a laborar al gobierno federal tuvieran la mejor preparación, así como que obtuvieran y conservaran su puesto con base en sus méritos profesionales.
En prácticamente todas las áreas de la Administración Pública Federal el gobierno exige renuncias del personal de confianza sin excepción, incluidos niveles operativos, considerados los más bajos, y servidores hasta con 33 años de antigüedad.
La Secretaría de Gobernación (Segob), la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la de Salud (SSA), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son algunos ejemplos de dependencias donde ya se registran despidos.
En el Senado de la República, en octubre, luego de un mes del inicio de su LXIV Legislatura el 1 de septiembre de 2018, se reportaban dos mil empleados apartados, es decir, 64% de la plantilla.
El caso más visible de empleados liquidados, por sus denuncias en redes sociales y mítines, es el del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde por lo menos dos mil personas han sido desvinculadas. La gran mayoría afirma que se les presionó para firmar una renuncia voluntaria. Muchos de ellos eran empleados operativos, con sueldos de once mil pesos al mes.
Luis Antonio Ramírez, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), afirmó que tres mil trabajadores serán liquidados en esa dependencia.
En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder) por lo menos 50 trabajadores fueron ya separados de sus puestos.
También este año fueron despedidos más de tres mil empleados de la Cámara de Diputados y 30% de la plantilla de la Secretaría de Educación Pública, la cual cuenta con una estructura administrativa de más de 17 mil empleados.
El recorte también llegó a 900 trabajadores del DIF en la Ciudad de México, según reportaron ellos mismos el 28 de diciembre. Directivos de la nueva administración, que encabeza Esthela Damián Peralta, les solicitaron la renuncia a más de 150 empleados de estructura y despidieron a 750 trabajadores que laboraban por honorarios.
También el 21 de diciembre trascendió el despido de 500 empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El argumento es que la austeridad obliga a eliminar el Programa de Empleo Temporal. El aviso a los trabajadores se realizó por medio de una videoconferencia.
En ProMéxico, dependencia de la Secretaría de Economía, fueron despedidos 300 de los 400 empleados; los 100 restantes también correrán la misma suerte en un proceso que concluirá este marzo.
Se suman además mil 80 empleados despedidos de la Procuraduría de Justicia capitalina a quienes, de acuerdo con la dependencia, se adecuará su situación laboral, por lo que se iniciará una reestructuración y para ello se les solicitó desocupar las plazas que desaparecerán. Ante ello los trabajadores demandan certeza laboral ya que “primero se les exige desocupar las plazas para después ver si los recontratan o no”.
Están también los 665 despidos que incluyó el reajuste en la Secretaría de Gobernación y los mil 805 que salieron de la planta laboral de esa dependencia y buscarán reacomodo en la nueva Secretaría de Seguridad Pública.
En la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el recorte en el Presupuesto para 2019 provocará el despido de 367 trabajadores eventuales, según informes periodísticos. El 3 de enero, en Tabasco, empleados del Seguro Popular se manifestaron en las oficinas de esa dependencia para protestar por “el despido de 500 trabajadores vía WhatsApp, sin documentos oficiales de por medio”. En otras dependencias, como las secretarías de Cultura, de Bienestar, IMSS y Presidencia, también hay recortes, aunque hasta el momento se desconocen las cifras.
Entre las quejas de los trabajadores destaca que no solo están perdiendo empleos en los que llevaban diez, 15 o 30 años de antigüedad sino que se van con las manos vacías porque en muchos casos los quieren hacer firmar la renuncia sin liquidación.
Costo político
El plan de López Obrador busca en su mayoría ahorrar costos para el gobierno, pero analistas coinciden en que la reorganización de la función pública necesitará inversiones que implican desembolsos fuertes en un momento en que las finanzas públicas no tienen flexibilidad.
“Si, en el mejor de los escenarios, se estuviera planeando reducir el personal y automatizar procesos, se requeriría una inversión fuerte en tecnología y capacitación; sin embargo hay direcciones técnicas que no son sujetas a este tipo de medidas. Por otro lado, el propio gobierno perderá recaudación ya que los trabajadores de alto rango también generan ISR, que se dejará de cobrar ante el recorte”, advierte Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México.
El experto añade que “los empleados cuyas funciones son sujetas a automatización se concentran en los trabajadores de base o sindicalizados, que representan 1.1 millones del total del personal federal, en tanto que los mandos medios y altos son posiciones que tienen poder de toma de decisión y en su mayoría son personal de confianza. Si lo que el gobierno busca es suprimir posiciones meramente operativas deberá considerar al personal sindicalizado, pero eso tendría un costo político”.
Otros especialistas afirman además que de la misma forma en que se llevan a cabo despidos masivos sin ningún tipo de análisis organizacional, la contratación de personal nuevo en diversas áreas no se ciñe a elección de perfiles idóneos para los puestos vacantes.
En este sentido la operación de muchas dependencias está en riesgo debido a la cantidad de despidos sin análisis que se realiza y la falta de idoneidad en los perfiles que se contratan.
Composición de la función pública del gobierno
Nivel de gobierno Número de instituciones Número de funcionarios
Federal 319 1,567,381
Estatal 2,210 2,407,943
Municipal y delegacional 41,952 1,012,348
Fuente: INEGI
Despedidos en dependencias federales
(cifras aproximadas)
Servicio de Administración Tributaria (SAT): dos mil empleados.
Procuraduría de Justicia de la CDMX: mil 80 empleados.
Gobierno de la CDMX: mil 700 empleados.
Secretaría de Gobernación (Segob): mil 750 empleados.
DIF-CDMX: 900 empleados.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): 500 empleados.
ProMéxico (Secretaría de Economía): 300 empleados.
Comisión Reguladora de Energía (CRE): 367 empleados.
Seguro Popular de Tabasco: 500 empleados.
Senado de la República: dos mil empleados.
ISSSTE: tres mil empleados.
SEP: cinco mil 216 empleados.
Fuente: Agencias
Artículo 123 constitucional
Los trabajadores de confianza tienen derechos de protección al salario y de seguridad social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que en caso de que los empleados de confianza sean removidos de sus puestos tendrán derecho a una indemnización de tres meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicio prestado. Este derecho fue adquirido por los trabajadores de confianza en febrero de 2016, cuando la SCJN convirtió en jurisprudencia el fallo a favor que dio a un grupo de 16 mil trabajadores de confianza del Estado que en 2015 corrían el riesgo de ser despedidos. Además, la SCJN afirma que aun cuando los empleados de confianza no gocen del derecho a la estabilidad en el empleo como indica el artículo 123 constitucional, disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social como servicios de salud, aguinaldo, bono por quinquenio, seguro de enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, jubilación, retiro, invalidez, rehabilitación, préstamos para la adquisición de casa estipuladas en el artículo mencionado, apartado B fracción XIV.
Fuente: SCJN