Con la finalidad de crear un registro nacional de ciudadanos que han sido víctimas de alguna ilegalidad por parte del Estado mexicano, así como ofrecerles apoyo integral para solucionar su situación de manera incluso legal, el gobierno federal puso en marcha una institución que a lo largo y ancho del país arropa de manera diligente a decenas de mexicanos cuyos derechos individuales han sido vulnerados: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Se trata de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que se dedica a atender a todas las personas que han sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos con el fin de ayudarlas a recuperar su proyecto de vida y a ejercer sus derechos.
La CEAV es un organismo público descentralizado, no sectorizado, creado por decreto presidencial en enero de 2014 con base en lo dispuesto en la Ley General de Víctimas de diciembre de 2013 y que actualmente cuenta con diversas delegaciones en el país, donde atiende de manera puntual las diversas contrariedades suscitadas contra ciudadanos.
Por el momento, el organismo cuenta con 15 delegaciones —y una subdelegación— en el mismo número de estados de la República: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Yucatán (la subdelegación está en Tapachula, Chiapas).
Objetivos
En términos concretos, de acuerdo con expertos consultados, la CEAV es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, encargado de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas.
Prevé el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.
Es de hecho, al momento, la institución es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuyos objetivos se encuentran bien definidos y concentrados en tres acciones esenciales.
En la primera destaca el construir el Registro Nacional de Víctimas. “Este registro, que será alimentado por las comisiones ejecutivas estatales, facilitará el acceso de las víctimas a la ayuda prevista en la ley”, se documenta en sus estatutos.
La segunda es “definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”.
Y finalmente, su tercera encomienda prioritaria es “determinar las medidas de asesoría jurídica que los tres órdenes de gobierno brindarán a las víctimas”.
El decir, se plantea una eficiente estructura de políticas públicas que van desde el listado de las víctimas, pasando por el apoyo y reparación del daño, hasta la asesoría legal para afrontar hechos violatorios de los derechos humanos de los ofendidos.
Asesoría
De esta forma, la asesoría jurídica federal tiene, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, funciones muy precisas enmarcadas en su artículo 167.
Según el documento en poder de Vértigo se plantea “coordinar el servicio de asesoría jurídica para víctimas en asuntos del fuero federal a fin de garantizar los derechos de las víctimas contenidos en la ley, tratados internacionales y demás disposiciones aplicables”.
También, se describe, “organizar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos del fuero federal a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral”.
E incluso “seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la asesoría jurídica federal”.
Y algo muy importante: “Designar por cada unidad investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito, por cada juzgado federal que conozca de materia penal y visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando menos a un asesor jurídico de las víctimas y personal de auxilio necesario”.
Finalmente, la CEAV tiene facultades para “celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa de los derechos de las víctimas y todo los demás que se requiera para la defensa de los derechos de las víctimas”.
Acuerdos
Cabe señalar que el pasado 17 de enero de 2016, tras realizarse en la Ciudad de México la primera reunión de coordinación sobre el nuevo sistema de justicia penal entre la CEAV y las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas, los asistentes realizaron un llamado respetuoso a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al sector salud y a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, “para que se cumplan las medidas necesarias para garantizar los servicios y derechos de las personas en calidad de víctima en México”.
En aquel cónclave, la CEAV presentó diversas peticiones concretas a los mandatarios integrantes de la Conago para que los acuerdos se cumplan y así las políticas públicas registradas en la ley se apliquen a cabalidad en beneficio de decenas de víctimas.
Se planteó en el encuentro, por ejemplo, “dar celeridad al proceso de armonización legislativa entre las leyes locales y la Ley General de Víctimas, así como acelerar la construcción de las comisiones estatales de Atención a Víctimas en aquellas entidades federativas donde todavía no se han establecido”.
Asimismo, “consolidar los órganos de asesoría jurídica local, que son fundamentales para la atención de las necesidades dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Defender los derechos de las personas en condición de víctima y sensibilizar a los poderes legislativos locales para dotar a las comisiones estatales de fondos suficientes que les permitan operar, de conformidad con las obligaciones que impone el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
De igual forma, los organismos de atención a víctimas exhortaron al sector salud “a destinar los fondos suficientes para implementar el Modelo Integral de Atención a Víctimas y el Modelo Integral de Salud, a fin de brindar la atención médica adecuada a las personas en situación de víctima”.
Para los expertos consultados, este último punto es fundamental “para que el nuevo Sistema de Justicia Penal sea eficaz y las víctimas sean atendidas integralmente, por lo que se requiere de la cooperación, coordinación y colaboración de todas y todos los involucrados de la atención de los derechos de las víctimas, para lo cual deben unirse esfuerzos para mejorar las políticas públicas de atención”.
Transparencia
Además, durante 2015 la CEAV se colocó como una entidad plenamente transparente de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa Gobierno cercano y moderno.
En cada uno de los ejes en que se desenvuelve, el organismo ha cumplido con los lineamientos establecidos por el Gobierno de la República y la Secretaría de la Función Pública, que instruyeron a las entidades federales a cumplir con el Programa de Transparencia 2015.
Por lo anterior, la dependencia se dio a la tarea de la publicación de cuatro apartados de transparencia focalizada, entre los que destacan el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; el Registro Nacional de Víctimas; el programa de Asesoría Jurídica Federal, e incluso las estadísticas de víctimas atendidas, mejor conocido como “el primer contacto vía la asesoría jurídica”.
Se realizaron análisis de las solicitudes más requeridas por la ciudadanía, pedidos de información, definición de temas, conformación y diseño de la información, publicación de indicadores para medir el impacto de la información, y actualización durante todo 2015, obteniendo la CEAV una calificación de 100% de cumplimiento.
Con la obtención de dicha evaluación la comisión se coloca como una dependencia plenamente transparente de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, y se da certeza del servicio que se brinda desde la institución a la ciudadanía.
Es así que la CEAV tiene grandes retos por delante, dicen expertos, ya que uno de los clamores de la sociedad actualmente son aquellos hechos que en los más recientes años han lacerado a los mexicanos en su conjunto…
La atención a víctimas será, por todo ello, pieza fundamental de la actual administración, cuyo organismo protector de estas personas se encuentra ya en funciones plenas.