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Cuartoscuro
09 enero, 2020
Ángel Hernández
Política

EDUCACIÓN SUPERIOR DESAFÍO PARA EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La precaria situación financiera de las universidades públicas afecta la educación superior.

La gratuidad y obligatoriedad en educación superior plasmadas en la reforma constitucional en materia educativa que aprobó el Congreso de la Unión en 2019 plantean un desafío tanto en cobertura como en mejorar las condiciones en que se encuentran las universidades públicas, afectadas por la insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a la demanda educativa a nivel licenciatura.

Los avances registrados en los años recientes en educación superior en cuanto a cobertura todavía son insuficientes para atender una demanda que aumenta cada año: en la actualidad solo tres de cada diez jóvenes en edad de hacerlo estudian una carrera de nivel superior en alguna de sus modalidades, lo que ubica a México en uno de los niveles más bajos en cuanto a cobertura entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para revertir esta situación el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una serie de acciones que buscan ampliar la cobertura y el apoyo a los estudiantes de este nivel educativo, entre las que se encuentran la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y el otorgamiento de becas a quienes desean estudiar una carrera en educación superior.

Si bien en el primer año de la actual administración se destinaron importantes recursos para apoyar a las instituciones públicas de educación superior y se hicieron esfuerzos para abrir nuevos espacios para que un mayor número de jóvenes pueda estudiar una licenciatura los expertos estiman que se requerirán más apoyos económicos y de infraestructura para alcanzar las ambiciosas metas que se fijaron en educación superior para los próximos años.

Mayor inclusión

Uno de los aspectos destacados de la reforma constitucional de mayo pasado fue la inclusión de la obligatoriedad de la educación superior, que se sumó a la educación básica y la educación media superior establecidas previamente en la Constitución.

Este cambio busca que un mayor número de jóvenes en condiciones de estudiar una carrera universitaria en instituciones públicas lo pueda hacer y con ello revertir la actual situación en la que muchos de ellos no pueden acceder a este nivel educativo.

Durante el ciclo escolar 2018-2019 en total tres millones 943 mil jóvenes estudiaban educación superior dentro del sistema educativo nacional, cifra que si bien se encuentra en niveles bajos entre las naciones integrantes de la OCDE, demuestra al mismo tiempo que la matrícula en educación superior pasó de 21 a 38.4% entre 2000 y 2018, lo que significó un gran esfuerzo de México.

El organismo internacional destaca que en el mismo periodo se lograron otros avances importantes, como el hecho de que la proporción de adultos jóvenes que han finalizado la educación superior pasó de 17 a 23 por ciento.

“Si se mantienen los patrones actuales, se prevé que 26% de los jóvenes mexicanos obtenga un título de educación superior en algún momento de su vida”, puntualiza la OCDE en el estudio La educación superior en México.

Oferta en zonas marginadas

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el Ejecutivo federal asienta que en gobiernos anteriores se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior y se sometió a las universidades públicas a un “acoso presupuestal sin precedente”. Añade que esta situación, entre otras consecuencias, provocó la exclusión de cientos de miles de jóvenes de las universidades.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García son la respuesta del actual gobierno para revertir los rezagos en educación superior e iniciaron actividades en marzo de 2019 con 100 planteles a nivel nacional.

Para la instalación de los planteles se dio preferencia a zonas de alta densidad poblacional, en las que prevalece una nula o pobre oferta de estudios universitarios y con alto grado de rezago social, marginación y violencia.

Las escuelas universitarias se distribuyeron principalmente en Oaxaca (once planteles), Ciudad de México (diez), Veracruz (ocho), Chiapas y Guanajuato (seis). Las otras entidades tienen entre dos y cinco escuelas.

Las Universidades para el Bienestar ofrecen en conjunto 32 mil plazas para estudiantes, quienes recibirán una beca de dos mil 400 pesos mensuales.

Entre las carreras que se ofrecen están varias ingenierías y licenciaturas en materia ambiental, agroforestal, electromecánica, agronomía, minas, piscícola, acuacultura, desarrollo regional sustentable, química de la industria petrolera, administración de la industria energética y en procesos petroleros, entre un total de 36 opciones.

En cuanto a los recursos económicos destinados a educación superior, mediante el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) se asignaron 664.8 millones de pesos a un total de 59 instituciones: 35 universidades públicas estatales, 16 universidades públicas estatales con apoyo solidario, una universidad pública federal y siete universidades interculturales.

Presupuestos insuficientes

La precaria situación financiera de las universidades públicas afectó a la educación superior en los años recientes. Durante las discusiones en la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto 2020, por ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) presentó una solicitud de al menos siete mil millones de pesos en el presupuesto destinado a las universidades públicas.

Expuso que los recursos estarían destinados no solo al subsidio ordinario para la operación de esas instituciones educativas sino también al fondo que permitirá avanzar en la gratuidad de la educación superior como lo establece la reforma al artículo tercero constitucional.

La Anuies expuso en esa ocasión la difícil situación que enfrentan las instituciones públicas de educación superior, con un presupuesto insuficiente que han recibido en los últimos años: precisó que ese monto no cubriría los requerimientos que tienen las instituciones, pero permitiría revertir la disminución presupuestal que han venido sufriendo en los años recientes.

Meta de cobertura

El director general de Planeación y Desarrollo de la Anuies, José Aguirre Vázquez, advierte que de seguir la tendencia de disminuir los ingresos a las universidades públicas se generaría una situación riesgosa para su funcionamiento y gestión.

“Con este grado de degradación creciente en el presupuesto las instituciones están siendo sometidas a un riesgo de entrar en crisis presupuestal”, explica Vázquez.

Puntualiza que para cumplir el compromiso del actual gobierno de llegar a una cobertura de 50% en educación superior para 2024 es necesario incluir durante este tiempo a 1.15 millones de estudiantes en este nivel.

Y recuerda que en la actualidad el porcentaje es de 39.6, con una matrícula total de casi cuatro millones de jóvenes en educación superior.

Los rectores de nueve universidades del país manifestaron en tanto su preocupación de que el presupuesto destinado a esas instituciones las pone en situaciones difíciles para cumplir con sus obligaciones y recordaron que desde 2016 varios ejercicios fiscales han tenido asignaciones presupuestales con crecimiento cero en términos reales.

Señalaron que de 2012 a 2018 las universidades públicas abrieron sus puertas a casi 200 mil nuevos estudiantes a nivel nacional.

Por su parte el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, se muestra satisfecho con el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados para este nivel educativo, con la inclusión de 300 millones de pesos para el fondo especial para la gratuidad y crecimiento de la matrícula y la recuperación de 415 millones de pesos para las universidades públicas.

Resalta Concheiro que con estos recursos avanzará la gratuidad en los subsistemas educativos más débiles, como las normales y las universidades interculturales.

Consulta

La Secretaría de Educación Pública concluyó los 32 foros estatales de consulta del Anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, en los que participaron más de ocho mil asistentes entre académicos, investigadores, maestras y maestros, estudiantes y padres de familia, y alrededor de mil 500 instituciones de educación superior, públicas y particulares de todo el país.

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, informó que como parte del proceso se revisó y analizó la propuesta de ley a fin de robustecer su contenido y afinar el proyecto que se someterá a consideración del Poder Legislativo a principios de 2020.

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, destacó a su vez la importancia de concluir el proceso de consulta en las 32 entidades y reconoció las ideas y aportaciones respecto de los apartados que integran el anteproyecto de ley.