La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) manifestó su preocupación por el momento crítico que vive el país y por algunas de las expresiones del magisterio nacional, en sus diversas vertientes y organizaciones, respecto de la evaluación docente.
Destacó que en la búsqueda de soluciones al conflicto cada parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), las autoridades educativas locales, los docentes, sus organizaciones y expresiones sindicales y el propio INEE, debe asumir su responsabilidad en lo que les corresponde a fin de que la reforma educativa repercuta en una mejor calidad de los aprendizajes de todos los niños y jóvenes.
Al fijar su postura respecto de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) resaltó que al INEE, desde su posición de organismo constitucional autónomo, le corresponde asegurar la solidez técnica de las evaluaciones, vigilar su adecuada aplicación y el estricto apego a sus resultados, propiciar su uso, principalmente formativo, promover su adecuada contextualización y su definición con la participación de los actores involucrados.
Insistió en que las evaluaciones sirvan para mejorar la formación inicial y continua, así como la puesta en marcha del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), de manera que tengan impacto favorable en la profesionalización de los docentes.
“Estamos convencidos que debe dársele mayor importancia a la evaluación interna de las escuelas y al uso principalmente formativo de los resultados de todas las evaluaciones.
Nos parece deseable incrementar la participación de diversos sectores de docentes en el diseño de las evaluaciones para poder atender las características de distintos entornos y contextos de trabajo, sin establecer estándares diferenciados que propiciarían mayor inequidad”, expusieron sus integrantes.
Insistieron en que la evaluación docente no atenta contra los derechos constitucionales del magisterio y no tiene intención punitiva, y manifestaron que defenderán siempre el carácter público, laico y gratuito de la educación obligatoria, al rechazar “claramente que es falso que la reforma (educativa) pretenda su privatización”.
Ratificaron la apertura del INEEpara dialogar con distintos actores, en particular con los docentes, sobre las mejoras necesarias que garanticen que las evaluaciones sean justas, pertinentes y válidas.
Y concluyeron en que la reforma puede mejorarse, por lo que seguirán actuando en el marco de la autonomía “y buscaremos los cauces para conseguir la mejora necesaria en la implementación y consecución de los fines que inspiran la reforma educativa”.