Por: Montserrat Bonilla
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Durante el pasado sexenio México presenció grandes avances legislativos en defensa de las garantías individuales: desde una reforma que introduce el concepto de derechos humanos como eje central de la administración, hasta una Ley General para prevenir y sancionar los delitos relacionados con la trata de personas.
Sin embargo, la nación atraviesa una creciente inseguridad y vive en carne propia la expansión del crimen organizado, lo que además de incrementar delitos, denuncias y quejas, propicia malestar social e indignación ante la impunidad que muchas veces conllevan.
La Encuesta Nacional de Victimización 2012, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por ejemplo, reporta que 24.5% de la población mayor de 18 años declara haber sido víctima de algún delito durante el año anterior, lo que representa a uno de cada cuatro adultos. A su vez, uno de cada tres hogares en el país ha sido tocado por la delincuencia y, de acuerdo con dicho organismo, la cifra de los delitos no denunciados asciende a 91.6 por ciento.
Luego de avances legislativos que incluyeron la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos más importante de la historia y tras ocho meses de discusión, la Ley General de Víctimas —que busca garantizar los derechos de quienes fueron víctimas de algún delito o de alguna violación a los derechos humanos— es hoy una realidad.
Proceso penal
A lo largo de la historia, el derecho penal ha buscado con ahínco garantizar el proceso punitivo al imputado, pero con ello deja siempre en segundo término a la víctima. No obstante, esta visión comienza a quedar atrás: hoy, con la aprobación de la Ley General de Víctimas, el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo dan “un gran primer paso” en la protección y seguridad de las personas, afirman los expertos. Y es que ahora, agregan, las autoridades no sólo velarán por justicia y castigo, sino que brindarán además medidas necesarias y efectivas para que las víctimas tengan acceso al derecho a la verdad y la reparación del daño, a la par de que se garantizará una debida atención y la no repetición de los actos de violencia.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, “la protección de los derechos de las víctimas del delito representa una garantía constitucional y una genuina expresión de solidaridad que las autoridades del Estado le deben a todos aquellos que han sufrido un daño por acciones ilegales”.
Los expertos señalan que este gran avance deriva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, como un nuevo paradigma administrativo y jurídico de acción en nuestro país.
Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), comenta que este mecanismo marcó pautas y compromisos muy evidentes: “En sus transitorios se modificaron varios artículos y también la obligación de aprobar por lo menos cuatro leyes al respecto que incluía esta medida”. Esta legislación es el fruto político del impulso de la sociedad civil, en especial del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), expertos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y de la UNAM.
Enfoque
Dicha ley comprende un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que reconocen y garantizan los derechos de las víctimas.
De acuerdo con lo estipulado, los agraviados tendrán acceso a representación por parte de abogados capacitados; recibirán el pago por gastos de alojamiento, comida y traslados que hayan efectuado durante el proceso legal; y, además, tendrán acceso a servicios médicos, becas educativas y oportunidades de desarrollo social.
La nueva ley, que consta de 189 artículos y 15 transitorios, entrará en vigor dentro de 30 días y promoverá la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y de un Sistema Nacional de Víctimas, con el fin de regular planes, proyectos y políticas públicas encaminadas a la protección, asistencia y reparación.
Durante la ceremonia de promulgación, el pasado miércoles 9, Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) comentó que “es un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el camino de dotar a las mexicanas y mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos cuando se enfrentan a la lacerante situación de dolor y precariedad que las convierte, sin buscarlo ni quererlo, en víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos”.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseveró a su vez que la aprobación de la Ley de Víctimas es “el inicio de un modelo jurídico innovador, que pone a la persona, a su dignidad humana y a sus derechos inalienables en el centro de la atención del Estado y de la sociedad”.