El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano, propuso que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue la emisión de placas y engomados para la circulación de vehículos extranjeros que realizan la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa) en diversos estados de la República.
El secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, mediante un punto de acuerdo, sostuvo que se requiere transparentar este proceso y conocer los criterios por los cuales se expiden estos documentos, que carecen de validez oficial porque no provienen de una autoridad legalmente constituida.
Propuso que la Secretaría de Hacienda (SHCP) diseñe un mecanismo accesible para regularizar los vehículos que actualmente portan placas de dichos grupos, a fin de lograr una apropiada identificación y recaudación de los derechos correspondientes.
Sosa explicó que la importación definitiva de vehículos se encuentra regulada por la SHCP y la Secretaría de Economía, pero debido al incremento en el decomiso de automotores efectuado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) muchos ciudadanos han optado por recurrir a dichas organizaciones como un mecanismo para “regularizarlos”.
De esta forma, dijo, se incrementan las unidades que circulan de forma ilegal, convirtiéndose en un gran negocio para diferentes organizaciones, como son la UCD y la Onappafa, que afilian los automotores por un costo promedio de tres mil pesos, de acuerdo con su valor, y emiten placas y engomado.
“La ilegalidad con la que circulan miles de automóviles representa un riesgo para el patrimonio de los propietarios y facilita la extorsión; y por el miedo a perder el vehículo, los propietarios permiten que las autoridades cometan abusos y actos de corrupción”, afirmó.
Sosa Carpio destacó que en la medida en que prolifera la circulación de autos sin registros y permisos adecuados, aumenta de manera significativa la probabilidad de que los utilice el crimen organizado.