La transmisión gratuita durante 66 días de miles de spots de los partidos políticos y las autoridades electorales en las estaciones de radio y televisión de la Ciudad de México provocado nuevas incomodidades a las audiencias, abusos en contra de los medios y sus comunicadores y, sobre todo, atentados en contra de la libertad de expresión.
De nuevo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conoce de las impugnaciones que se han presentado en contra de las resolusiones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco del proceso para elegir a los legisladores que redactarán la nueva Constitución de la Ciudad de México.
Lo cierto es que todo este asunto revive una vieja demanda: cambiar el modelo de comunicación política.
Cambios al modelo
Desde hace años académicos y funcionarios especializados en temas electorales han coincidido en que el formato del modelo de comunicación política surgido de la reforma electoral de 2007 debe cambiarse para priorizar la deliberación de ideas sobre los spots, así como para garantizar la libertad de expresión.
Al respecto José Roldán Xopa, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), menciona que la política del spot ha sido peor que la de mercantilización, ya que el ciudadano no se puede quejar por la publicidad engañosa de los candidatos.
Externa que en el modelo actual de comunicación política no hay posibilidad de debate, de diálogo ni de plantear críticas para que exista un contraste, para que así los ciudadanos tengan posibilidad de emitir un voto razonado: “El gran vicio, el gran defecto perverso de la spotización es que nos impide saber cuáles son las soluciones para resolver problemas públicos y contrastarlos con la crítica”, sostiene.
Asimismo, afirma que el modelo de comunicación excluyó a los ciudadanos.
“La crítica está ahí, si se permitiera incorporarlos, la finalidad de este esquema estaría cumplida”.
Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice a su vez que el modelo surgido de la reforma de 2007 debe mejorarse, ya que ha dejado al ciudadano sin espacios para discutir.
Refiere que la reforma electoral de 2007 dio paso a un monopolio de la comunicación política, acaparado por partidos políticos que solo consideran a los ciudadanos como meros votantes casuales, tal y como sucedía antes:
“Los ciudadanos no contamos con espacios en los medios para discutir con los candidatos sus propuestas de gobierno… Ha sido una reconstrucción de la democracia a la mexicana, donde yo, partido, hablo, y ustedes, ciudadanos, escuchan y obedecen”.
Spotiza inconstitucional
El reciente momento de crisis que se vive, producto de las decisiones que se toman en el INE, comenzó el pasado 4 de febrero cuando el Consejo General del organismo emitió un acuerdo con la convocatoria para la elección del Congreso Constituyente que redactará la Carta Magna de la Ciudad de México.
En dicho acuerdo se estableció, entre otros puntos, el catálogo de estaciones de radio y televisión que transmitirían los spots de los partidos y la autoridad electoral en el proceso para elegir a los legisladores que redactarán la Constitución de la Ciudad de México. También se apuntó el incremento en el número de minutos que se utilizarían para dicha difusión de mensajes.
Algunos partidos demandaron que los spots no se distribuyeran de manera igualitaria entre los partidos contendientes; otros, en cambio, criticaron el incremento de spots. Por ejemplo, la representante del Poder Legislativo por el PRI ante el INE, Graciela Ortiz, dijo que toda vez que la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente no representa un proceso electoral ordinario, entonces no se deberían distribuir tiempos del Estado en proporciones semejantes a los que se reparten en periodos de campañas y precampañas ordinarias.
A pesar de las críticas el acuerdo del INE se aprobó y con ello llegaron las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por su lado, la CIRT y 54 estaciones de radio y televisión de la Ciudad de México interpusieron recursos de apelación contra el acuerdo del INE.
A juicio de la CIRT:
“No existe fundamento constitucional o legal para determinar el otorgamiento de tiempos adicionales en las estaciones de radio y televisión de la Ciudad de México”.
La CIRT también argumentó ante el TEPJF que el INE no realizó ninguna consulta técnica sobre la viabilidad operativa de su acuerdo con la radiodifusión. Y como ejemplo de la mala ejecución del INE en estos temas, la CIRT señaló que “la mitad de la pauta que pretende se transmita no tiene nada que ver con la elección en la Ciudad de México, afectando seriamente a las audiencias sin un propósito claro”.
Lo que “sorprendió”, señaló la CIRT, es que “el INE haga coincidir la visita del Papa Francisco con la orden para transmitir diariamente tres mil 200 spots electorales en estaciones de la Ciudad de México”.
Para la Cámara es evidente que “la ley electoral y los criterios de la autoridad atentan contra la libertad de expresión y limitan la actividad periodística”.
Por lo pronto, el asunto sigue en el TEPJF.
Censura
La difusión diaria de miles de spots produjo un nuevo intento de censura de parte del INE.
Durante la cobertura especial de la visita del Papa Francisco que llevaron a cabo las empresas Televisión Azteca y Televisa, los conductores Javier Alatorre, Jorge Zarza, Carolina Rocha y Joaquín López Dóriga anunciaron que la transmisión —en vivo— sería interrumpida porque debían difundir los spots de los partidos políticos y de las autoridades electorales con motivo del proceso para elegir a los legisladores constituyentes en la Ciudad de México.
Sus comentarios, es decir, sus anuncios sobre la interrupción de la cobertura, produjeron la inconformidad de algunos partidos y autoridades electorales que solicitaron a la Comisión de Quejas del INE establecer “medidas cautelares” en contra de los comunicadores; en otras palabras, exhortarlos a “abstenerse” de emitir mensaje alguno antes de difundir spots.
La Comisión referida sesionó: el consejero Roberto Ruiz se pronució por que el INE emitiera las “medidas cautelares”, en tanto que otros consejeros votaron en contra, afirmando que los comentarios de los conductores de las televisoras no representaban una violación a la ley y sí, en cambio, habían sido formulados en ejercicio de su libertad de expresión, garantizada en la Constitución.
El acuerdo de la Comisión de Quejas del INE fue en el sentido de no solicitar las medidas cauteleras, pero la investigación quedó abierta y el asunto será resuelto por el TEPJF.
Por lo pronto, el INE ha solicitado la presencia de los conductores a una audiencia de pruebas y alegatos.
El conductor López Dóriga, por ejemplo, escribió: “¡Qué grave que en nombre de la democracia se pase por encima del derecho constitucional a la libre expresión!”
A su vez, en su columna periodística La otra opinión, Ricardo Alemán publicó: “En este espacio hemos cuestionado la parcialidad, la intolerancia, la impunidad y los manejos opacos del INE. También hemos criticado las pillerías de no pocos consejeros que se aumentan el sueldo, que olvidan la naturaleza de su labor. Por eso encontramos cuestionable, censurable, reprobable, indignante y aborrecible que el INE acose a los periodistas”.
A su vez Benito Nacif, consejero electoral del INE, al referirse al mismo asunto escribió en su colaboración periodística: “Lamentablemente, este no es el fin de la historia. Sigue ahora la investigación de la queja y los actos de molestia a los involucrados que esto conlleva. Aunque la Sala Especializada declare infundado el procedimiento, los acusados tendrán que absorber los costos del litigio.
Normalmente esto requiere la contratación de los servicios de un abogado. Resulta preocupante el efecto silenciador que la sola presentación de quejas puede tener y que los comunicadores eludan temas de interés público por el miedo a meterse en problemas con los partidos políticos o la autoridad electoral. Pero quizás algo bueno podría salir de esta historia: la Sala Especializada del TEPJF puede sentar precedentes que protejan la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo”.
En su reciente columna Uso de razón, Pablo Hiriart escribió en tanto: “El desprestigio del Instituto Nacional Electoral es el resultado de las sucesivas reformas electorales hechas a modo para contendientes que no saben perder. Ahora tenemos un INE convertido en censor de medios y comunicadores, abusivo con el tiempo libre de la gente que escucha música o ve un programa, asaltante del tiempo aire de las televisoras, y dispendioso con el dinero público”.