La situación de marginación y pobreza, así como las condiciones laborales de los más de 2 millones de personas jornaleras agrícolas, en su mayoría contrarias y violatorias de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a la obligación de garantizar el interés superior de la niñez; son el origen de la Recomendación General 36 dirigida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría del Trabajo (STPS), Secretaría de Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, ante el riesgo y vulnerabilidad de ese sector poblacional por el contexto geográfico, económico, social y laboral que enfrenta.
Por ello, la CNDH solicita a esas autoridades elaborar conjuntamente un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de sus derechos humanos; y también les recomienda considerar las deficiencias observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), e intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión, así como celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de esas personas, al igual que garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes.