Para prevenir y erradicar la violencia en los centros escolares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifiesta la necesidad de que las medidas que se adopten sean producto del derecho de participación de niñas, niños y adolescentes; estén previamente determinadas y consensuadas con madres, padres y tutores; de ninguna manera deberán atentar contra su dignidad, su vida o su integridad física o mental, ni convertirse en instrumentos permanentes que obstaculicen el ejercicio pleno de sus derechos, o incentiven la discriminación o su estigmatización.
El organismo también señala que la violencia en cualquiera de sus expresiones es multifactorial, de tal manera que toda acción que se implemente para su prevención o erradicación deberá ser integral, teniendo en consideración la titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes y como sujetos de protección especial, lo que implica que cada medida deberá tener en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran, su contexto sociocultural, sus necesidades específicas, entre otros factores.
Asimismo, la comisión señala que es responsabilidad de todos garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia; la contribución de las autoridades y comunidad escolar, las familias, la sociedad, las organizaciones de sociedad civil debe ser permanente. Asumir cada uno en sus ámbitos de actuación las responsabilidades que prevén las leyes de niñas, niños y adolescentes.