La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al Congreso de la Unión revisar la Ley General de Víctimas con el fin de eliminar las restricciones que impiden al Estado reconocer a quienes padecen desplazamiento forzado interno.
De esta forma esas personas podrán acceder a los beneficios que la norma prevé para su protección y reparación integral del daño, señaló la CNDH en el Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México.
En el documento planteó al Congreso analizar y discutir la posible elaboración de una ley general en la que se plasmen los derechos de las víctimas y que incluya los deberes del Estado en la materia, las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate de esa irregularidad, así como las sanciones para quienes incumplan la ley.
La CNDH afirmó que aunque por el momento no existe esta ley, eso no es obstáculo para que el gobierno actúe a favor de la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado interno, puesto que se encuentran protegidas por el artículo 1 de la Constitución y por el deber de la autoridad de actuar con base en el principio pro persona.
Propuso reformas para reconocer a los ciudadanos en situación de desplazamiento forzado interno y otorgar facultades, competencias y obligaciones al Consejo Nacional de Población (Conapo) para realizar diagnósticos, registros y otras acciones vinculadas con la detección de esta población.
En el documento, la CNDH consideró importante poner especial atención en la protección a los derechos de personas desplazadas en situación de vulnerabilidad, como niños, mujeres, adultos mayores e indígenas, así como periodistas y defensores de derechos humanos