Ante la eventualidad de un cambio en las políticas migratorias en los Estados Unidos de América, la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) saluda que las secretarías y ministerios encargados de las Relaciones Exteriores de los países miembros de este organismo internacional desarrollen y apliquen un plan de acción para la defensa de los derechos y la protección a las personas en situación de migración que se encuentren en aquella nación.
En tal sentido, los “ombudsperson” iberoamericanos que participan en el XXI Congreso y Asamblea General de la FIO en Santa Cruz de Tenerife, España, entre ellos el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, recibieron con entusiasmo la propuesta del ombudsman mexicano quien exhorta a que dichas autoridades fortalezcan las capacidades y recursos de que disponen para brindar apoyo y asistencia a sus respectivos connacionales que radiquen en la Unión Americana.
A propuesta del ombudsman mexicano, la FIO —que reúne a las y los defensores del pueblo, procuradores, proveedores, razonadores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de Derechos Humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional, autonómico o provincial— manifestó su preocupación y rechazo por cualquier acción que pretenda menoscabar la dignidad derechos que asisten a esas personas, al tiempo que reitera su convicción de que cualquier diferencia debe ser resuelta en el marco del diálogo, el respeto a las instituciones y a los derechos humanos.
De manera unánime aprobaron e impulsaron la propuesta mexicana en el sentido de solicitar, de manera respetuosa, la intervención y los buenos oficios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional.
De igual manera en forma firme y decidida aprobaron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que con su actuación directa, vele porque los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sean observados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América (EUA), y se garantice a los migrantes iberoamericanos el goce efectivo de tales prerrogativas.