Hace un año ya, el 10 de mayo de 2016, entró en vigor la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y como parte de este nuevo marco normativo, el pasado 4 de mayo comenzó a operar el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que se traduce en que miles de ciudadanos ahora pueden consultar información pública en los portales de internet de más de siete mil 132 sujetos obligados en todo el país.
Con esta medida regulatoria millones de datos e información que solo se obtenían a través de peticiones formales de información vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) podrán ya consultarse directamente en las páginas web de las diversas dependencias de la administración pública, estados, municipios y partidos políticos, entre otras instancias.
Otra ventaja que plantea esta disposición es que las solicitudes tenderán a disminuir: la gente preferirá tener la información en diez minutos mediante una búsqueda en los portales de las dependencias, que esperar hasta diez días y tal vez —por procedimiento— liarse incluso a un recurso de revisión, debido a lo dilatado que en ocasiones resulta el proceso de acceso a información pública gubernamental.
No obstante, los comisionados del INAI señalan que también llevará tiempo verificar que todos los sujetos obligados cumplan con los requerimientos que marca el procedimiento normativo y que sus portales de internet ofrezcan satisfactoriamente la información y datos que por ley deben subir y exponer públicamente.
Sujetos
A partir del pasado viernes 5 de mayo inició el funcionamiento del Sipot de la PNT, donde cualquier persona podrá consultar información de su interés: estructura, programas, políticas de gobierno, salarios y gastos de recursos públicos, por ejemplo, que realizan miles de sujetos obligados en el país.
Es decir: el Sipot es una herramienta electrónica contenida en la PNT, donde los sujetos obligados —organismos, instancias y entidades— deben poner al alcance de los particulares información sobre sus políticas y acciones en la aplicación de recursos públicos.
La creación, funcionamiento y suministro del Sipot está normado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tanto a nivel federal como en los estados.
Se rige por lineamientos aprobados en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, donde se establecieron las políticas, criterios y formatos para cargar la información.
Los siete mil 132 sujetos obligados, además de abastecer y mantener actualizada la información en la PNT, deberán también hacerlo en sus respectivos portales de internet en cumplimiento a la Ley General de Transparencia.
La información que generen estos seis mil 264 sujetos obligados del ámbito local y 868 federales deberá ser actualizada de manera continua por cada uno de ellos y será revisada por los órganos garantes de la transparencia —a nivel federal y en las entidades federativas—, a fin de supervisar que cumplan con los mandatos de ley.
De esta manera, a partir del 5 de mayo cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal, deberán cumplir con estas obligaciones.
Información
Las obligaciones de informar y contribuir a la rendición de cuentas se encuentran incluidas en el Título Quinto, capítulo II del artículo 70 al 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ahí se mandata que los sujetos obligados deben difundir en esos medios electrónicos y mantener actualizada la información sobre sus funciones, políticas, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, manejo de los recursos públicos, directorio de todos sus servidores públicos con sus respectivas remuneraciones, gastos de representación y viáticos.
También sus políticas laborales, concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando quiénes son sus titulares, nombre o razón social, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, el aprovechamiento de bienes, servicios y recursos públicos.
Como parte de las obligaciones específicas, el Sipot contiene: del Poder Ejecutivo, información sobre las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; del Legislativo, el informe de uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudios u órganos de investigación; y del Judicial, los procesos por medio de los cuales fueron designados jueces y magistrados.
Asimismo, de los partidos políticos, los montos de financiamiento público otorgados mensualmente a sus órganos nacionales, estatales y municipales, los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los aportantes vinculados a los montos.
De los fideicomisos y fondos públicos, el monto total, el uso y destino del patrimonio del fideicomitido (son los bienes y derechos que integran el fideicomiso) y datos sobre los contratos de obra, adquisiciones y servicios que involucren recursos.
Y de los sindicatos, la relación detallada de los recursos públicos que reciban y el informe de su ejercicio y destino final, así como información sobre contratos y convenios entre el gremio y autoridades.
Mecanismos
Con base en la ley, las denuncias ciudadanas que se presenten por posibles incumplimientos en la publicación de información por parte de los sujetos obligados no serán vinculantes en esta etapa, pero sí tomadas en cuenta para la elaboración del primer diagnóstico a fin de corregir las faltas.
La comisionada de INAI Ximena Puente de la Mora dice que “la verificación diagnóstica permitirá conocer el cumplimiento de las distintas instituciones en las obligaciones de transparencia y en caso de detectarse fallas serán subsanadas conforme a lo que establezca cada órgano garante”.
Esta primera fase permitirá el perfeccionamiento de la información que sea cargada en el Sipot, garantizando que las observaciones sean atendidas por los sujetos obligados, en consideración al volumen y complejidad reportada.
Puente de la Mora recuerda que “en la Ley General se reconocen las denuncias ciudadanas. En este caso las primeras dos fases de verificación se tomarán en cuenta para corregir las inconsistencias”.
El secretario general del SNT, Federico Guzmán Tamayo, informa a su vez que el periodo para realizar la primera fase de verificaciones diagnósticas será del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017.
“Las acciones de la segunda fase se realizarán del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de este año”, agrega.
Durante estas dos fases todos los sujetos obligados deberán ajustar la información cargada en el Sipot de la PNT y en sus respectivos portales institucionales, teniendo como plazo máximo hasta el 31 de diciembre del presente año.
Al cierre de esta edición “el Sipot rebasa los 58 millones 620 mil registros, que representan más de 600 millones de datos”, a decir del comisionado del INAI Óscar Guerra Ford.
El funcionario detalla que ello significa que los datos insertados en la Plataforma Nacional de Transparencia se convertirán pronto en el mayor registro del país.
“Ya rebasó al Registro Federal de Contribuyentes y pronto rebasará al Registro Federal de Electores que, con casi 90 millones de registros con diez o doce datos cada uno, está cerca de los mil millones de datos. La diferencia es que los datos registrados en el Sipot son públicos. Hasta ahora, la Federación tiene 28 millones 162 mil 53 registros y el resto de las entidades tiene 30 millones 458 mil 303”, explica Guerra Ford.
Recuerda que la información que generen seis mil 264 sujetos obligados del ámbito local y 868 federales se deberá actualizar de manera continua y ser revisada por los órganos garantes de la transparencia: “Hasta el jueves (4 de mayo) había 48 millones de registros y en tres días se cargaron diez millones de registros más, lo que quiere decir que sí se puede”, señala.
Y concluye: “La transparencia es un inhibidor de la corrupción, pero también es una fuente de información para denunciarla”.
Sanciones por incumplimiento
De acuerdo con los integrantes del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) respecto de las denuncias ciudadanas por incumplimiento que se presenten durante las dos fases previstas, los integrantes del Consejo Nacional avalaron que aquellas serán admitidas y acumuladas para formar parte de la verificación diagnóstica. Lo anterior sin detrimento de lo que puedan acordar adicionalmente los órganos garantes en cumplimiento de las legislaciones locales. No obstante, las denuncias que se presenten posteriormente a la conclusión de la segunda fase de verificación tendrán efectos vinculantes y se tramitarán conforme a la Ley General y las respectivas leyes locales de transparencia, lo que implicaría la aplicación de medidas de apremio o sanciones para quienes incumplan con las obligaciones.
Sistema Nacional de Transparencia
Es una instancia de coordinación y deliberación que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, de conformidad con lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable. Lo conforman el Instituto Nacional de Transparencia; los organismos garantes de las entidades federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.