Candidatos a magistrados electorales comparecen en el Senado

Senado
Senado de la República
Antonio Caporal
Nacional
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Los alcances del modelo de comunicación política, derecho de réplica y límites a la libertad de expresión, así como principios de austeridad en las contiendas electorales, fueron algunos de los temas que analizaron senadores de la República y los candidatos para ocupar el cargo de magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los aspirantes comparecieron ante la Comisión de Justicia, que preside el senador Fernando Yunes Márquez, en el orden en que fueron presentadas las ternas a la Cámara de Senadores por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Adriana Bracho Alegría, candidata de la primera terna para la Sala Regional Especializada, consideró que se requiere “un piso parejo en la cobertura informativa para todos aquellos que quieran contender en los comicios”.

Para María del Carmen Carreón Castro se requieren “ajustes al modelo de comunicación política, con el propósito de acercar a la ciudadanía las propuestas y plataforma política de los candidatos a un cargo de elección popular, así como para incluir principios de austeridad en las campañas electorales”.

En opinión de Ricardo Antonio Silva Díaz, “el control de la libertad de expresión tiene que ser sumamente cuidadoso y excepcional, verse como un derecho que permite informar a la ciudadanía para promover el debate público, porque una democracia no puede sostenerse sin ella ni ésta puede verse como un vicio dentro de la propia contienda electoral”.

Para Jorge Sánchez Morales, en materia electoral “se requiere una libertad de expresión bajo los principios de pluralidad y tolerancia.

La candidata Araceli Yhali Cruz Valle manifestó que, para el año 2018, habrá 30 elecciones concurrentes; por lo cual, dijo, “es indispensable tener una visión clara y sensible, a fin de determinar acciones afirmativas en cuanto a las mujeres, grupos vulnerables y pueblos indígenas”.

En su turno, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman expresó: “No veo beneficio alguno con la reducción de la edad para votar de 18 a 16 años, pero sí en la expansión de este derecho político a quienes purgan una condena de prisión, pues es fundamental para la reinserción social”.

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