Muy complicada, la agenda para el periodo ordinario

En tan solo tres meses el Congreso tendrá que dictaminar y aprobar, entre otras, las reformas en materia político-electoral, energética y fiscal.

En tan solo tres meses el Congreso tendrá que dictaminar y aprobar, entre otras, las reformas en materia político-electoral, energética y fiscal, entre otras
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Redacción
Nacional
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Por: N. Vázquez / A. Rodríguez / J. A. Caporal
reporteros@revistavertigo.com

Enfrascados en las sinergias de la confrontación y olvidando de plano el acuerdo parlamentario, los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión llegan al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de trabajos de la LXII Legislatura con la tarea de afrontar una serie de reformas y leyes pendientes por dictaminar, discutir y aprobar, las cuales traerían enormes beneficios sociales, económicos y políticos para el país… pero sobre las que los legisladores evidencian marcados desacuerdos y discrepancias profundas.

De hecho, los legisladores, en especial los diputados federales, llevaron a cabo dos periodos extraordinarios durante el pasado mes de agosto y obtuvieron apenas mínimos resultados, como producto de sus perennes diferencias.

De esta forma, en los trabajos legislativos previos se dejaron de discutir y aprobar reformas como la político-electoral, así como la Ley General del Servicio Profesional Docente, además de que fue imposible concretar la designación del consejero faltante en el Instituto Federal Electoral (IFE), entre otros nombramientos de funcionarios de organismos públicos autónomos.

Así, los pendientes de los dos “extraordinarios” celebrados se suman a la ya de por sí saturada agenda legislativa que para el presente periodo ordinario considera, entre otras cosas, la discusión y aprobación de la reforma fiscal, así como el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

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A juicio de los analistas consultados por Vértigo, se ve complicado que los partidos lleguen a acuerdos en temas tan polémicos como los cambios constitucionales en materia energética; el incremento de impuestos; la creación del Instituto Nacional Electoral; la aprobación de la segunda vuelta en la elección presidencial, etcétera.

Asimismo, al repasar los pronunciamientos formulados por los dirigentes partidistas, es evidente que hay escasos puntos de acuerdo en los temas referidos.

También es notorio que los partidos se aliarán unos con otros dependiendo de los tópicos y de sus respectivos intereses y cálculos políticos, de cara a los comicios federales de 2015, sostienen los entrevistados.

Lo cierto es, añaden, que resulta muy baja la productividad que han demostrado los legisladores en los pasados periodos de sesiones, ya sean ordinarios o extraordinarios, por lo que ven poco probable que en el naciente periodo ordinario vayan a aprobarse las reformas que se han planteado. Si acaso, advierten, se decretarán algunas, aunque no necesariamente sean las que el país requiere con mayor urgencia.

Enojo poselectoral

Los pasados comicios celebrados en 14 entidades dejaron un saldo poco favorable para el PAN y el PRD, pues la mayor parte de los cargos de elección popular en disputa fueron para el PRI.

Ante dicho panorama, panistas y perredistas advirtieron que antes de aprobar cualquier otra reforma en el Congreso, primero se tendría que discutir y aprobar la reforma política, o al menos ciertos puntos del tema electoral, básicamente la creación del Instituto Nacional de Elecciones, que sustituiría al actual IFE; la segunda vuelta en la elección presidencial; la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores; así como la anulación de elecciones en caso de comprobarse el rebase de los topes de gastos de campaña.

Por ejemplo, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, sostiene que es necesario dar paso a la creación de una nueva institución que se encargue de organizar los comicios, tanto a nivel nacional como local.

Zambrano también considera importante modificar los sistemas de fiscalización.

Por su parte, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, se pronuncia igualmente por la conformación de un solo instituto nacional electoral y un solo sistema de justicia electoral, como un primer elemento para garantizar mayor equidad en los procesos electorales federales y estatales.

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