El senador Miguel Barbosa Huerta presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa que regula la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública bajo un esquema que garantiza la protección de los derechos humanos y especifica la excepcionalidad de las situaciones en las que será permitida su actuación temporal.
La iniciativa sostiene que el Estado constitucional debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar en condiciones de normalidad las amenazas que afecten a la sociedad, la integridad y patrimonio de las personas, la preservación colectiva de los derechos humanos, así como la funcionalidad de las instituciones:
“Sin embargo, cuando la amenaza sea de mayor intensidad, gravedad o amplitud —ya sea porque la misma se prolongue en el tiempo o abarque a sectores amplios de la población— será necesaria la implementación de medidas no sólo por los cuerpos civiles de seguridad, sino de manera excepcional por las Fuerzas Armadas”, apunta.
En primer lugar, la propuesta de Barbosa Huerta plantea que el Ejército y la Marina vuelvan a los cuarteles en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley general en materia de seguridad pública, siempre que esté comprobado que los cuerpos policiacos cuentan con la fuerza para encargarse de la seguridad pública a través de una evaluación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.