El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, explicó que “el fuero o inmunidad constitucional es una prerrogativa conferida a los representantes populares y determinados servidores públicos, para proteger la independencia y autonomía de los poderes del Estado y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento”.
Explicó que “quienes lo disfrutan tienen la facultad de no comparecer, ser detenidos o presos, sin previa declaración de procedencia del propio cuerpo o cámara a la que pertenecen”.
Sin embargo, añadió, “esto no implica revestirlos de impunidad sino que condiciona la intervención de otras jurisdicciones a la satisfacción de determinados requisitos que solo pueden ser calificados por la cámara relativa, sea de Diputados o Senadores, y mientras no exista el consentimiento de la asamblea ninguno de sus miembros puede ser enjuiciado por otra autoridad”.
Bolaños Aguilar detalló que conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se requieren cuando menos 46 días para poder contar con un dictamen de Sección Instructora para el desafuero de un funcionario, a partir de la presentación y ratificación de una denuncia