Juan Antonio Martín del Campo presentó una iniciativa en el Senado, cuyo objetivo es aplicar la figura de “muerte civil” a servidores públicos y particulares que participen o se encuentren vinculados en actos de corrupción.
Desde la tribuna, precisó que con esta medida los funcionarios que cometan faltas administrativas graves o delitos en materia de corrupción, no volverán a ocupar “ni un solo puesto público en toda su vida”.
En tanto, indicó, para aquellos empresarios que se vean involucrados en ese tipo de prácticas, no podrán participar en definitiva en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Comentó que para lograr lo anterior su propuesta contempla la sanción de inhabilitación definitiva y elimina la de “inhabilitación temporal” que se establece actualmente en la Ley.