Cuatro mujeres que dicen que fueron víctimas de violaciones y un sinfín de vejaciones sexuales como prisioneras políticas tras el golpe militar presentaron una denuncia que busca destapar una olla de aberraciones poco conocidas como consecuencia de décadas de temor, vergüenza y un presunto pacto de silencio entre los militares.
Las querellas fueron iniciadas en mayo y esta semana las mujeres rindieron su testimonio ante el juez Mario Carroza, esto gracias a que Chile suscribió un acuerdo internacional de derechos humanos que impide que estos delitos prescriban al elevarlos a la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Exigimos que el gobierno chileno, que las autoridades, el Estado, tiene que cambiar las leyes, tiene que aceptar que existen estas torturas (sexuales)”, dijo Nieves Ayress a The Associated Press, una de las querellantes, que en 1974 fue detenida a sus 25 años por ser militante socialista, junto con su padre y su hermano. Fue liberada en 1976 y obligada a exiliarse.
Las mujeres también buscan que se reforme el Código Penal chileno, que data de 1874 y que no contempla como delito la tortura ni la violencia sexual de carácter político.
Ayress, educadora y activista de 66 años que vive en Nueva York, fue sometida a un extenso peritaje psiquiátrico y sicológico para establecer las huellas psíquicas de la violencia política sexual y, posteriormente, pruebas físicas.
Las mujeres alegan que la tortura sexual tiene un componente de género, que las maltrataban más por ser mujeres y les decían “perras” para anular su calidad de ser humano, de “maracas” (prostitutas), denigrándolas, y las violaban reiteradamente hombres y animales, introduciéndoles además objetos en la vagina y el ano, lo que convierte estas acciones en violencia política sexual.
Las otras 3 querellantes, Carmen Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito Cortez, también relataron al juez las torturas sexuales durante sus detenciones.
La demanda incluía inicialmente a varios hombres que presuntamente fueron violados, quienes luego desistieron de seguir adelante con el caso.
La dictadura del general Pinochet dejó un saldo oficial de 40,018 víctimas, incluidos presos políticos, torturados y 3,095 muertos. Cerca de 70 uniformados y un puñado de civiles cumple condenas de cárcel en un penal especial.