El juez Claudio Bonadío descartó una próxima detención de la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien ya había negado temor de ir presa.
Bonadío, quien fue el primer juez que procesó a Fernández de Kirchner, aseguró que la ex mandataria cuenta con todas las garantías necesarias para defenderse legalmente, pese a que ha denunciado persecución judicial en su contra.
El juez confirmó que por ahora no hay motivos para pensar que la ex presidenta pueda estar presa.
Durante las últimas semanas se intensificaron las operaciones mediáticas para promover el arresto de Fernández, quien es investigada en varias causas en las que se le acusa de perjuicio a la administración pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Cristina Fernández declaró en un encuentro con corresponsales extranjeros que no teme ir a la cárcel, ya que su detención sería resultado no de la comisión de delitos sino de las políticas que llevó a cabo cuando gobernó al país y que afectaron a poderosos intereses.
El juez Bonadío actuó como opositor durante el gobierno de Fernández de Kirchner y, al igual que otros jueces, una vez que la ex presidenta terminó su mandato en diciembre pasado intensificó las causas en su contra.
El magistrado procesó a Fernández de Kirchner en mayo junto con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, en la causa bautizada como “dólar a futuro”.
El caso inició el año pasado cuando el banco central vendió dólares por anticipado a empresas y bancos a un precio oficial y bajo, pero el valor de estas divisas se incrementó en diciembre ante la brusca devaluación decretada por el presidente Mauricio Macri.
Esto permitió que quienes compraron dólares “a futuro” a un precio promedio de diez pesos por unidad, ahora puedan cobrarlos a una cotización de entre 14 y 15 pesos, diferencia que debe pagar el Estado, lo que provocó pérdidas superiores a los 300 millones de dólares.
Pese a que el banco central es autónomo, Bonadío consideró que las operaciones no pudieron realizarse sin el aval de la presidenta y de Kicillof, por lo que primero los imputó y luego los procesó y los acusó del delito de “administración infiel con perjuicio al Estado”.
Este mes, además, el juez presionó todavía más a Fernández al congelar sus bienes y cuentas bancarias, más la fortuna de 5.5 millones de dólares que su hija Florencia guardaba en una caja de seguridad y en una cuenta.