Bajo el amparo de una ley creada durante la administración de George W. Bush, con el conocimiento de jueces y del Congreso, así como con la justificación de obtener información en la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos reconoció que recopiló en forma secreta datos de llamadas telefónicas y otros informes de la vida personal de millones de sus ciudadanos.
Y aunque la información no incluye la escucha de las conversaciones ni el registro de los nombres de las personas que hacen las llamadas, esta práctica fue duramente criticada por grupos de defensa de los derechos ciudadanos y algunos congresistas, quienes la califican como una intromisión excesiva por parte del gobierno en la privacidad de las comunicaciones.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló que el programa de registro de llamadas garantiza que no se acceda al contenido concreto de las conversaciones y que fue revisado constantemente por los tres poderes de gobierno para certificar que no violara la Constitución estadunidense.
La aceptación por parte del gobierno del presidente Barack Obama de esta práctica, se originó luego de que el diario británico The Guardian reveló que el juez Roger Vinson, del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, que actúa en secreto, había firmado en abril una autorización para el registro de las llamadas de la compañía Verizon, aunque no se detalló si el permiso afecta a todos los servicios de esa empresa, si hay otras compañías de comunicación incluidas o desde cuándo se realiza esta práctica.
Earnest aseveró que la práctica ordenada por el gobierno es una herramienta de suma importancia en la lucha antiterrorista.
Filtración
Un joven de 29 años, Edward Snowden, fue el responsable de filtrar a The Guardian los documentos sobre la vigilancia secreta de las comunicaciones.
Snowden, antiguo asistente técnico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense y quien trabajaba para una empresa subcontratada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), reconoció ser el autor y afirmó que proporcionó la información porque no considera correctas las prácticas de su gobierno y los ciudadanos deben conocer cómo se atenta contra su privacidad.
Con su gesto, afirman analistas, Snowden puso en evidencia el abuso de poder del gobierno norteamericano, que actúa a espaldas de los ciudadanos; la continuación de las estructuras y métodos de seguridad establecidos por la pasada administración de George W. Bush y la indisciplina y vulnerabilidad al interior de los servicios secretos estadunidenses.
Trascendió que para entregar los documentos a la prensa Snowden dejó instrucciones a tres personas, a las que citó en una esquina de un hotel de Hong Kong. Ahí, el trío debía preguntar en voz alta cómo llegar a otra zona del hotel y una vez hecho esto el contacto pasaría delante de ellos portando en las manos un cubo de Rubik. Realizado el acto sin contratiempos, Snowden se presentó y entregó a Gleen Greenwald, abogado y periodista de The Guardian; a Ewen MacAskill, redactor en el mismo rotativo, y a Laura Poitras, promotora de documentales especializados en vigilancia, información sobre dos programas de espionaje secretos: uno que registra datos de llamadas telefónicas en Estados Unidos y un segundo, conocido como programa PRISM, que permite a la inteligencia estadunidense acceder a servidores de las grandes empresas tecnológicas de internet como Google, Facebook, Microsoft y Apple, para buscar presuntas conexiones con el terrorismo internacional.
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