Los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan en América Latina grandes desventajas para recibir una educación de calidad: si bien en las últimas décadas los gobiernos de la región han promovido políticas y acciones tendentes a disminuir las condiciones de desventaja en que vive esa población, persisten enormes retos para crear las condiciones que les permitan acceder a una instrucción educativa en el que se tomen en cuenta sus lenguas y sus costumbres.
Otro de los retos es disminuir los niveles de analfabetismo en que se encuentra una parte considerable de esos pueblos, lo que les dificulta aún más salir de su condición de pobreza.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y expertos en el tema destacan la necesidad de alcanzar igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación, sobre todo en poblaciones originarias y afrodescendientes que viven en zonas urbanas marginales y rurales.
Derechos e identidades
Se estima que en la actualidad habitan en América Latina 150 millones de afrodescendientes y entre 40 y 50 millones de indígenas, población que no ha tenido las mismas oportunidades de desarrollo que el resto de los habitantes del área.
De ahí que en las últimas décadas del siglo XX surgierandiversos movimientos para la defensa de sus derechos, de manera particular en materia educativa, con propuestas encaminadas a terminar con las inercias de los sistemas educativos diseñados para lograr una población homogénea, lingüística y culturalmente.
El nuevo enfoque educativo promueve que se reconozcan sus derechos e identidades diversas por medio de propuestas innovadoras, como la de educación para la vida, con independencia de la manera en que estas se diseñan y operan en los diferentes contextos, ya sean rurales o urbanos.
Por ello varios organismos especializados afirman que cualquier modalidad educativa en la que participen niños y niñas indígenas y afrodescendientes debe garantizar la construcción de mecanismos de diálogo entre iguales; es decir, favorecer la interculturalidad.
Sin las mismas oportunidades
En el estudio Educación de los pueblos y comunidades indígenas (originarios) y afrodescendientes. Miradas sobre la educación en Iberoamérica 2015, elaborado por la OIE y el INEE, los especialistas destacan que la diversidad y la dispersión de estas comunidades son parte de los retos centrales que enfrentan los sistemas educativos para asegurar el derecho a una educación de calidad de esas poblaciones.
De acuerdo con el informe, en Sudamérica hay casi 118 millones de personas afrodescendientes, poco más de 27 millones de indígenas y 13 millones y medio de hablantes de lengua indígena, poblaciones que padecen las consecuencias del rezago social, ya que son notables las desigualdades que tienen para el acceso a los recursos educativos.
Por ejemplo, las escuelas a las que asiste la población indígena sudamericana, tanto en infraestructura como en medios educativos (acceso a internet u ordenadores para uso educativo) es insuficiente y en muchos casos nula.
Además, el acceso a la educación obligatoria en esa zona solo es parcial para la población indígena y hablante de lengua indígena, misma que decrece en secundaria. Por lo que hace a la población afrodescendiente, su acceso se limita en general para los niveles posobligatorios.
El informe resalta la necesidad de realizar los pasos necesarios para identificar los contextos y necesidades de los alumnos indígenas, hablantes de lengua indígena y afrodescendientes, las condiciones en las que se encuentran los servicios educativos que los atienden, así como definir programas educativos más inclusivos y pertinentes que garanticen el derecho a la educación de estas poblaciones.
Lengua y cultura
Por lo que hace a los profesores que atienden a esas comunidades, la investigación señala que existe consenso en cuanto a considerar como requisito indispensable que hablen la lengua materna de sus alumnos y conozcan los saberes, costumbres y valores de la comunidad.
Y destaca la necesidad de trabajar para abatir el déficit de información que “limita la posibilidad de identificar adecuadamente a estos grupos poblacionales, conocer sus necesidades educativas y las condiciones en las que encuentran los servicios educativos destinados para ellos”.
México
En el caso específico de México, en la consulta sobre evaluación educativa que se realizó en 49 comunidades indígenas de 18 entidades que hablan 27 lenguas los resultados refieren que la percepción de las comunidades es que la escuela no reconoce los valores y cultura comunitaria, puesto que hay una limitación (del uso) de la lengua y de la participación de la comunidad.
De igual manera, no se cumplen condiciones dignas de infraestructura, organización multigrado, calidad de la enseñanza y preparación de docentes.
Los expertos destacan la obligación de los diferentes niveles de gobierno para que la educación sea accesible a todos y debe permitir que los estudiantes adquieran los aprendizajes esenciales, que de no poseerse sitúan a la persona en desventaja frente al resto.
Subrayan de igual forma que es obligación de los estados respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular garantizar la eliminación de todas las formas de discriminación, analizar problemas en cada uno de los contextos (reconociendo que la naturaleza de las condiciones de inequidad es distinta), aplicar acciones hacia estos pueblos mediante el reconocimiento y ajustándose a su libre determinación, así como asegurar el derecho a conservar sus lenguas y culturas.
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