Las delegaciones del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para los diálogos de paz anunciaron hoy la puesta en marcha de una comisión de implementación y verificación del acuerdo final de paz, que se rubricará el próximo 26 de septiembre en Cartagena de Indias.
“El día de ayer se instaló la Comisión de Implementación, Seguimiento, Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) en La Habana, con el fin de iniciar el trabajo acordado en el marco del punto 6 del Acuerdo Final”, dieron a conocer ambas partes en un comunicado conjunto, fechado en la isla.
Los negociadores del gobierno de Colombia informaron sobre reuniones con representantes del Centro Carter, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia), del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).
Estos encuentros se realizaron para formalizar la solicitud a estas organizaciones para que seleccionen seis de los expertos que, junto con un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE), conformarán la Misión Electoral Especial, tema incluido en el acuerdo sobre Participación Política.
Esta misión, señala el texto, tendrá como objetivo formular recomendaciones al gobierno colombiano para asegurar una mayor autonomía e independencia en la organización electoral y modernizar y hacer más transparente el sistema.
Las delegaciones de paz también se reunieron para adelantar la logística necesaria para el funcionamiento de las zonas veredales transitorias de normalización, donde se concentrarán los guerrilleros durante 180 días para su desmovilización, indica el comunicado conjunto.
De igual forma, los negociadores anunciaron avances en el “proceso de identificación y cedulación de los integrantes de la delegación de las FARC en el consulado de Colombia en La Habana”.
El gobierno colombiano y la guerrilla formalizaron además la solicitud a la Universidad Nacional de ese país para que realice un “censo socioeconómico” que aporte información para facilitar el proceso de reincorporación integral de las FARC a la vida civil como comunidad y como individuos tras el desarme.