Este lunes el rey de España inició una ronda de consultas antes de encargar la formación de un nuevo gobierno al conservador Mariano Rajoy, con vía libre para poner fin al bloqueo político de diez meses gracias al levantamiento del veto socialista.
Tras más de 300 días de parálisis política en España, el rey Felipe VI comenzó las consultas de dos jornadas que culminarán este martes previsiblemente con el encargo a Rajoy, en el poder desde 2011, al constatar que cuenta con los apoyos para formar un nuevo Ejecutivo.
Rajoy tendrá entonces que someterse a un debate de investidura y obtener un voto de confianza del Parlamento antes del 31 de octubre, fecha límite para que haya gobierno en España o se convoquen nuevas elecciones para diciembre, las terceras en un año.
El obstáculo para que Rajoy, de 61 años, gobernara quedó derribado el domingo, cuando el Partido Socialista (PSOE) decidió abstenerse en la votación de investidura, en un giro de la postura que hasta ese momento sostuvo, de un “no” rotundo a un nuevo Ejecutivo conservador.
En una reunión de su “parlamento”, el PSOE votó a favor de levantar el veto a Rajoy, para impedir una repetición de elecciones que tendrían “efectos muy negativos” para la formación, en plena crisis interna y que ya cosechó los peores resultados de su historia en las legislativas de diciembre y junio.
Una decisión “muy razonable”, aseguró Rajoy en un foro económico en Madrid. Además, el conservador tuiteó que pronto habrá un “gobierno en plenitud de funciones”.
Un nuevo gobierno pondría fin a diez meses de bloqueo político durante los cuales el PP de Rajoy fue incapaz de sumar apoyos suficientes para formar un nuevo Ejecutivo, pese a haber ganado las dos legislativas anteriores.
En las últimas elecciones, en junio, el PP salió fortalecido con 137 escaños de los 350 del Parlamento, pero aún con el apoyo de los 32 diputados de la formación liberal Ciudadanos seguía sin mayoría absoluta, por lo que necesitaba la abstención de los socialistas.
Este bloqueo obligó al gobierno en funciones a elaborar un presupuesto prorrogado, y empieza a amenazar la recuperación económica de un país que tiene aún casi 20% de desempleo y se encuentra bajo presión de Bruselas para cumplir un déficit público de 3.1% en 2017.