Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática y Fundación Alternativa son las seis organizaciones que estarían en posibilidades de obtener el registro como partidos políticos nacionales y contender en los comicios de 2021.
De acuerdo con el último corte del Instituto Nacional Electoral (INE) esta media docena de agrupaciones reportaron que cumplieron con los requisitos mínimos de celebración de asambleas —estatales o distritales— y afiliación de personas.
Antes de que comience el proceso federal electoral 2020-2021, en la primera semana de septiembre como lo marca la Constitución, el Consejo General del INE debe resolver cuáles de dichas organizaciones lograron con apego a la normatividad todos los requisitos.
De esta manera, es cuestión de días para conocer cuántos partidos habrá en la boleta electoral del próximo año.
Finalistas
La Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establece que la organización que pretenda constituirse como partido político nacional deberá informar su intención al INE en el mes de enero del año siguiente a la elección presidencial (2019 en este caso) y llevar a cabo la celebración de asambleas en por lo menos 20 de las 32 entidades o en 200 de los 300 distritos electorales con la participación de tres mil afiliados por entidad o bien 300 afiliados por distrito electoral.
En cuanto al mínimo de afiliaciones, cada organización debe reunir 233 mil 945, equivalentes a 0.26% del total de inscritos en el Padrón Electoral.
Hoy, al concluir el plazo establecido por la autoridad electoral para la celebración de asambleas y captación de afiliaciones, solo seis organizaciones reportaron haber cumplido con este requisito.
El movimiento Redes Sociales Progresistas celebró 22 asambleas estatales y afilió a casi medio millón de personas. Encabeza la organización Fernando González Sánchez, quien fue subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
Encuentro Solidario celebró 300 asambleas distritales y afilió a más de 400 mil personas. Esta agrupación la encabeza Alejandrina Moreno Romero, quien fue “coordinadora de la presidencia” del extinto Partido Encuentro Social. Es cercana a Hugo Éric Flores, ex dirigente nacional del PES y actual delegado de Programas Sociales del gobierno federal en Morelos.
Grupo Social Promotor de México organizó 289 asambleas distritales y afilió más de 400 mil personas. Lo encabeza Alfonso Cepeda Salas, quien desempeñó diversas responsabilidades en el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante la gestión de Elba Esther Gordillo. Actualmente es dirigente nacional de esta organización magisterial.
Fuerza Social por México celebró 26 estatales y logró afiliar a más de 300 mil personas. La organización la coordina el excandidato independiente a una diputación local de Jalisco, Waldo Getsemaní Ibarra Reyna.
Libertad y Responsabilidad Democrática tuvo 237 asambleas distritales y más de 300 mil afiliados. Es encabezada por Margarita Zavala, ex diputada federal del PAN —partido al que renunció en 2017—, excandidata presidencial por la vía independiente en 2018 y esposa del expresidente Felipe Calderón.
Fundación Alternativa tuvo 212 asambleas distritales y más de 300 mil afiliados. La encabeza el expriista César Augusto Santiago.
En el camino
La autoridad electoral informó que de las 106 organizaciones que manifestaron su intención de obtener el registro como nuevos partidos políticos nacionales, 13 no cumplieron con los requisitos iniciales, en tanto que 51 desistieron más tarde.
Ya durante el segundo semestre de 2019 las 42 agrupaciones restantes llevaron a cabo actividades para cumplir con los requisitos establecidos, pero para febrero de 2020 solo siete presentaron su solicitud de registro para constituirse como partido político nacional.
Seis de ellas, como ya vimos en los párrafos anteriores, reportaron haber cumplido con los requisitos, en tanto que Súmate a Nosotros cumplió con el número de asambleas distritales requeridas (227), pero no así con las afiliaciones.
Cabe recordar que de acuerdo con reportes de la autoridad electoral 32 partidos obtuvieron su registro entre 1990 y 2014, es decir, entre la fecha de creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y la última vez que se abrió un proceso de registro de partidos políticos nacionales, esto es, en 2014.
De ellos únicamente siete continúan con su registro: PAN, PRI, PRD, MC, PVEM, Morena y PT.
Entre los que perdieron su registro están: Frente Cardenista, Popular Socialista, Demócrata Mexicano, del Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista, Auténtico de la Revolución Mexicana, Alianza Social, Democracia Social, Liberal Progresista, México Posible, Fuerza Ciudadana, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Humanista, Nueva Alianza y Encuentro Social.
Y tan solo en el periodo 1997-2018 este último grupo de fuerzas políticas recibió recursos públicos del orden de los seis mil 435 millones de pesos.
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La ley establece que en el mes de junio el Consejo General del INE debe resolver sobre la procedencia de solicitudes realizadas por las organizaciones que desean el registro como partidos políticos.
Lo anterior con el fin de que a partir del 1 de julio del año previo a la elección (2020 en este caso) “tengan efectos constitutivos como partidos políticos nacionales aquellas organizaciones cuyo registro apruebe el Consejo General para participar en el proceso electoral federal”.
Sin embargo, como bien sabemos, la pandemia impidió que el proceso cumpliera con los plazos establecidos en la ley y apenas el pasado 28 de mayo se reanudaron los trabajos respectivos.
La autoridad electoral indicó que garantizará “tanto la revisión pormenorizada de cada requisito y peso ejercido en el proceso de conformación de los partidos, como los derechos de quienes aspiran a integrar el sistema de partidos de la democracia mexicana”.
Agregó: “Se trata de que el proceso electoral 2020-2021 inicie en condiciones de equidad para todas las fuerzas políticas que podrán competir y que la ciudadanía, al inicio del proceso, tenga la certeza de cuáles serán las organizaciones que podrán competir en las urnas”.
También explicó que la revisión de requisitos es suficientemente rigurosa “para que la puerta de entrada al sistema de partidos solo se abra para aquellos que cumplen con todas las de la ley. No queremos ni simulaciones ni cachirules en el sistema de partidos”.
Así, por ejemplo, la autoridad pone especial atención en verificar que no se tengan dobles afiliaciones. “La verificación de validez de los registros de afiliados es para descartar afiliaciones indebidas (ya sea involuntarias, corporativas o con datos que no correspondan a la Lista Nominal de electores) y afiliaciones duplicadas (ya sea con otra organización pretendiente de registro o con alguno de los siete partidos con registro vigente)”.
También verifica que “ninguna de las organizaciones haya cometido actos prohibidos en las asambleas (rifas, conciertos, promesas materiales o monetarias, entre otras), que haya recurrido a afiliaciones corporativas o que haya tenido el apoyo de entes que lo tienen expresamente prohibido en la ley, como gobiernos, sindicatos, iglesias u otros partidos”.
Otro aspecto de especial revisión es el relativo a los gastos ejercidos por las organizaciones durante el proceso de realización de asambleas y trabajos de afiliación.
“La Unidad Técnica de Fiscalización debe concluir el análisis riguroso de los reportes mensuales de ingresos y gastos presentados por las organizaciones y asegurarse de que los solicitantes no hayan acudido a fuentes ilegales de financiamiento”, indica.
En algunos días más el Consejo General del INE resolverá qué organizaciones cumplieron con los requisitos y, por lo tanto, quedarán constituidas como partidos políticos nacionales para participar en el proceso electoral federal 2020-2021, es decir, en los comicios del año próximo.
Aquellas organizaciones que se conviertan en partidos políticos nacionales tendrán otro reto: conseguir al menos 3% de la votación válida emitida en la elección de diputados federales en 2021; de lo contrario, perderán el registro y se sumarán a aquellas fuerzas políticas de efímera existencia que representaron para la sociedad un gasto de casi seis mil y medio millones de pesos.