N. Vázquez / A. Rodríguez
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La iniciativa de reforma energética que presentó el presidente Enrique Peña Nieto y, como es natural, avaló el PRI, provocó diversas reacciones por parte de los partidos PAN y del PRD, que, sin embargo, advierten los expertos, deberán construir con el gobierno un acuerdo legislativo conjunto e incluyente de sus respectivas iniciativas y lineamientos, para activar mecanismos que permitan optimizar al sector energético del país, como una de las herramientas clave para su desarrollo y modernización.
A juicio de los especialistas consultados, aunque existen múltiples enfoques sobre el futuro desarrollo del sector energético, en el plano parlamentario deberán conjugarse los diversos planteamientos para dejar atrás los métodos convencionales y dotar de manera integral con modificaciones estructurales a Pemex y CFE, con la finalidad de crear en el corto plazo finanzas más sanas para México.
Finalmente, uno de los temas clave para mejorar la economía nacional se halla hoy en la palestra parlamentaria: liberar al sector petrolero de la enorme carga fiscal a que está sometido; ofrecer a los empresarios la oportunidad de participar en la realización de actividades complementarias en los rubros petrolero y energético; así como las posturas divergentes sobre eventuales concesiones son, entre otros, los diversos planteamientos que buscarán unificar criterios en el Congreso de la Unión.
Estas son las propuestas de reforma constitucional que se debatirán y darán lugar, después, a otra ardua discusión para el ajuste de las leyes reglamentarias.
Propuestas
El planteamiento del Ejecutivo federal, en esencia, promueve un decreto para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. En el 27 se modifica el párrafo sexto para quedar de la manera siguiente: “El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos”.
PAN
PAN plantea reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética.
En cuanto al artículo 25, expresa que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral, sustentable y con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático”.
Sobre las modificaciones al artículo 27, dicen los panistas que “las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas”.
PRD
El partido del sol azteca, por su parte, estableció una serie de lineamientos próximos a convertirse en iniciativas de reformas a las leyes secundarias (al cierre de esta edición no se ha presentado) con diversos postulados reglamentarios.
Las modificaciones que el PRD pide realizar tienen que ver con los siguientes ordenamientos jurídicos: Ley de Petróleos Mexicanos, Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, Ley Federal de Derechos, Ley Federal de Ingresos, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Ley Federal de Entidades Paraestatales y Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras disposiciones jurídicas.
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