PARTIDOCRACIA: FRENO A LA AUSTERIDAD

En la Cámara de Diputados los partidos políticos Morena y PES votaron a favor de la iniciativa que planteaba la reducción de 50% del financiamiento público que se otorga a las instituciones políticas nacionales; sin embargo PAN, PRI, PT, PVEM, PRD y MC desecharon el dictamen correspondiente.

La oposición en San Lázaro sumó solo 207 votos pero al ser necesaria la mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes), en virtud de que se trataba de una reforma a la Constitución, los 274 votos del morenismo y los pesistas fueron insuficientes.

De esta manera el próximo año se asignará a las fuerzas políticas cinco mil 239 millones de pesos —conforme a lo establecido en la Constitución—, a pesar de que no se celebrarán comicios federales.

De nuevo los legisladores morenistas desarrollarán labores de convencimiento, en especial con los que supuestamente son sus aliados legislativos, PT y PVEM, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero pueda volverse a presentar la propuesta de reducir el costo de los partidos.

La iniciativa

El pasado martes 29 de octubre la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó —con 19 votos a favor, de Morena y el PES, y 14 en contra de PAN, PRI, MC, PRD, PVEM y PT— el dictamen de la iniciativa que establece reducir 50% el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias.

Dicho dictamen fue presentado ante el pleno el pasado jueves 12 de diciembre, a pesar de que Morena tenía presente que los partidos de oposición, además de sus aliados legislativos en San Lázaro, PT y PVEM, estaban en contra de ella.

En el dictamen los legisladores de Morena señalaron que después de hacer un análisis de una larga serie de iniciativas presentadas —incluso desde hace dos legislaturas—, todas coinciden en la necesidad de reducir el financiamiento público a los partidos, aunque “sin dejar de proteger la equidad en las contiendas electorales”.

Indica el documento que si bien es cierto que las organizaciones políticas “juegan un papel importante en los regímenes democráticos”, también es que en algunos países, como México, ellas llegan a representar “un alto costo para la sociedad”.

Explica el dictamen que en nuestro país el artículo 41 de la Constitución prevé que para asignar financiamiento público se aplicará la fórmula consistente en multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 65% del valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización, es decir, “la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes”), el cual es equivalente a 84.49 pesos, según lo publicado por el INEGI.

“Ello permite que las erogaciones a los institutos políticos aumenten constantemente, derivado del incremento que año con año tiene el Padrón Electoral y el valor de la UMA, lo que cada vez genera un mayor descontento social”. Además el incremento de recursos “no se traduce en un aumento de la confianza ciudadana en los partidos ni mucho menos en una democracia de calidad”.

Añade el documento que “el voto en México representa uno de los más caros a nivel mundial, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos”.

A partir de dichos argumentos los legisladores de Morena y PES votaron a favor del dictamen de la iniciativa que establece que “el financiamiento público destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 32.5% del valor diario de la UMA”.

Con ello pretendían obtener un ahorro de más de dos mil 600 millones de pesos en 2020 ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) presupuestó cinco mil 239 millones de pesos para el gasto ordinario de los partidos el próximo año.

Por otro lado el dictamen también establece que en cuanto a la forma de distribuir el total del financiamiento público asignado a los partidos, se mantiene el texto actual de la Constitución, es decir, 30% de la cantidad que se obtenga se distribuirá de manera igualitaria entre los partidos nacionales con registro y 70% de acuerdo con el porcentaje de votos que cada partido haya obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Al respecto el dictamen señala: “De esta manera se continuará otorgando mayores recursos a aquellos institutos políticos que hayan recibido mayor apoyo de los ciudadanos, lo que constituye un incentivo para que los partidos políticos encaminen sus esfuerzos a conseguir el voto ciudadano en cada elección”.

Reducir las prerrogativas

Los diputados federales de Morena, junto con los del PES, se pronunciaron y votaron a favor del dictamen, en tanto que los legisladores de oposición votaron en contra, aunque reconocieron que sí es necesario reducir los recursos que se entregan a los partidos.

Tatiana Clouthier, de Morena, expresó que era “una oportunidad histórica para terminar con el dispendio de los partidos”. Agregó que “es necesario hacer del gasto público una herramienta de transformación social y que los recursos recaudados se dirijan al pueblo y a la atención de sus necesidades”.

Iván Pérez Negrón Ruiz, del PES, comentó que “es momento de decir basta a tanto dispendio, corrupción e irresponsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos”. El dictamen, aseveró, “se queda corto ya que el ideal es cero financiamiento a los partidos políticos; que esos cinco mil millones de pesos se destinen a combatir la inseguridad, a promover el turismo, a fortalecer el nuevo sistema universal de salud, a seguir impulsando los empleos y los ingresos que demandan las familias”.

Alejandro Viedma Velázquez, también de Morena, dijo que “la austeridad republicana se debe aplicar al financiamiento público a partidos políticos y asumir la responsabilidad de que cuesten menos, que se concentren en estar más cerca de la gente”.

Añadió hacer un uso “responsable del dinero de los ciudadanos, porque les debemos representación efectiva y austera; resultados, no excesos”.

Olga Sosa Ruiz, del PES, apuntó que con esta reforma “se podrá hacer política con las manos y no con el dinero”. Se debe cumplir con “la palabra brindada a la sociedad de cero financiamientos a los partidos políticos y generar un México limpio y con candidatos de a pie”, sostuvo.

Simey Olvera, de Morena, afirmó que “la sociedad quiere dejar de pagarle a los partidos” y que el dictamen es una “propuesta del pueblo”.

José Ambrocio Gachuz, de Morena, aseguró que “reducir el financiamiento público es congruente con la política de austeridad para transparentar y hacer más eficiente el gasto, porque la confianza de la gente no se gana con dinero sino con honestidad”.

Sí, pero…

Por el PAN Iván Rodríguez Rivera indicó que su bancada “reconoce la necesidad de reducir el costo de los partidos políticos y del sistema electoral, pero lo que se debe de analizar a fondo es cómo se lleva a cabo dicho reajuste”. Y planteó: “Si se reduce el financiamiento público habría que explorar el aumento del privado”.

Dulce María Sauri Riancho, del PRI, dijo que la reforma propuesta por Morena “afectaría al sistema político electoral en su conjunto, porque el financiamiento es un componente fundamental”. El riesgo más grande que se enfrentaría “es la destrucción de la democracia”, añadió.

Julieta Macías Rábago, de MC, explicó que está en contra “porque el dictamen es una simulación y no atiende de fondo la discusión sobre los esquemas de financiamiento ni presenta una solución a largo plazo para reducir el costo de la democracia”. Asimismo afirmó que “transitar hacia un modelo transparente, austero y equitativo requiere analizar y revisar el modelo de comunicación electoral y la distribución de recursos”.

Juan Villarreal Salazar, de MC, aclaró que su partido está de acuerdo en acabar con el dispendio de los partidos pero “vamos sin simulaciones y que la distribución de las prerrogativas para los procesos electorales sea de forma equitativa”.

Marco Gómez Alcantar, del PVEM, sugirió “replantear la fórmula de financiamiento y pasar de la equidad en la repartición de prerrogativas a la competencia en condiciones de igualdad y sin distinción”. Agregó que “no tiene sentido seguir preservando una fórmula que le da todo a un partido cuando gana. Una distribución igualitaria permitirá que los partidos tengan los mismos recursos para armar estructuras internas y promocionar el voto”.

Beatriz Juárez, del PRD, consideró “indispensable la instalación de una mesa de trabajo que analice una posible reforma electoral de manera integral consensuada y no por parches unilateralmente aprobados por una mayoría”.

Añadió que “con la reducción de 50% el partido mayoritario obtendría una ventaja indebida en las futuras elecciones con los partidos de oposición, porque estos se debilitarán al reducir su financiamiento público. La pretensión es eliminar toda competencia electoral para quedar como único y poderoso actor electoral”.

La iniciativa impulsada por Morena y PES planteaba la reducción del financiamiento en el rubro de las actividades ordinarias solamente, pero aun así no pasó y será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero de 2020, cuando se vuelva a presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados.

I

Financiamiento público programado para los partidos en 2020

(cantidades en pesos)

Fuente: INE

II Financiamiento público anual a los partidos nacionales 1997-2019

(Cantidades en pesos)

Fuente: IFE/INE

*Años sin elecciones federales