La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza informa que el gasto social establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) pasó de 1.6 billones de pesos en 2012 a 2.2 billones en 2016, lo que significa un incremento de 25.4 %, pese a ello, las cifras de pobreza alcanzan a más de la mitad de la población.
De acuerdo con datos de 2014 del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hay 63.8 millones de personas en pobreza por ingresos, 53% de la población del país está en estas condiciones, pese a la existencia de seis mil 751 programas sociales.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza publicó esta semana anuncios en la sección de “avisos” de periódicos de circulación nacional en los que “solicita” diputadas y diputados que encabecen un esfuerzo por poner candados efectivos al clientelismo y al uso electoral de los programas sociales, de cara al proceso electoral en Nayarit, Coahuila y el Estado de México en 2017.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señaló que hasta ahora muy pocos legisladores han buscado ampliar la información a pesar de que, por primera vez, una estructura de la sociedad civil les ofrece reconocimiento público si toman la iniciativa de frenar desde la ley, el uso electoral de los programas sociales.
“Sabemos que hay varios legisladores que sí consideran estas propuestas, esperemos sí logren conformar un grupo plural para generar la mayoría de votos requerida para aprobar estos candados contra el clientelismo en el PEF2017”, indicó.
La propuesta presentada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consiste en adicionar los artículos 26, 27 y 35 del decreto de Presupuesto Federal 2017 para poner nuevos candados para evitar la opacidad en la política social, que es el nido de la corrupción y del clientelismo electoral.
En los reportes del Coneval hay evidencia de que los programas sociales han aumentado 14% en los últimos años y en los estados, los programas sociales se han multiplicado más de 50 por ciento.
Coneval contabiliza tres mil 810 programas de los gobiernos estatales, 70% de los cuales no tienen reglas de operación, operan sin documentos normativos y tampoco rinden cuentas, porque 77% no reportan en la cuenta pública estatal.