Pasadas las elecciones de 2006 los dirigentes de las principales fuerzas políticas buscaban responsables de los problemas generados, así como de sus derrotas: Andrés Manuel López Obrador había perdido por medio punto porcentual y no reconocía los resultados; Roberto Madrazo había llevado al tercer lugar al PRI, en tanto que Santiago Creel, a la cabeza del Senado, no había digerido aún el no haber sido candidato del PAN a la Presidencia de la República.
En ese ambiente, PRI, PAN y PRD resolvieron en 2007 que era necesario cambiar la ley para que, según ellos, se “garantizara la equidad en la contienda”.
De esta forma diseñaron una reforma electoral que fue descalificada por diversos sectores de la sociedad porque cancelaba garantías ciudadanas como la libertad de expresión y daba más derechos y prebendas a los partidos políticos.
El final ya lo conocemos: PRD y PAN perdieron los comicios de 2012 y decidieron que era necesario volver a cambiar las leyes para, otra vez, “garantizar la equidad de la contienda” y evitar que autoridades de los tres niveles de gobierno “intervinieran en los procesos”.
El PRI y el gobierno aceptaron avalar las modificaciones porque necesitaban el respaldo de los partidos en el Congreso para aprobar reformas estructurales como la energética, la de telecomunicaciones, la fiscal o la educativa.
Así se dio origen a la reforma política-electoral de 2014, que de nuevo fortaleció a los partidos frente a los ciudadanos.
Hoy, a decir de las propias fuerzas políticas, es necesaria otra reforma porque la actual ya demostró su fracaso.
Adiós al IFE
Lo primero que decidieron los partidos fue desaparecer al Instituto Federal Electoral (IFE) y crear el Instituto Nacional Electoral (INE). El argumento fue que era necesario contar con un nuevo organismo con más facultades y de esta forma impedir que gobiernos estatales intervinieran en los comicios a favor de un determinado candidato.
Primero, se incrementaba de nueve a once el número de consejeros electorales que integrarían el Consejo General, con lo que las principales fuerzas políticas estaban en posibilidades de impulsar a personajes de su preferencia.
A los nuevos consejeros electorales del INE se les dio la facultad de designar y en su caso remover a los consejeros electorales de los institutos electorales locales: el argumento fue que con ello se quitaba a los gobernadores y a los Congresos locales la posibilidad de influir en las decisiones de dichos organismos.
También se dio al nuevo INE la facultad de atraer la organización de comicios locales, a petición de al menos ocho de sus consejeros electorales quienes podrían resolver que no hay condiciones para que la autoridad local organice el proceso.
Asimismo, ahora el INE fiscaliza los egresos e ingresos de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, locales y federales, y en consecuencia puede resolver la anulación de comicios, locales o federales, si a su juicio se rebasaron los topes de gasto de campaña o bien si se recibieron recursos públicos o de procedencia ilícita.
Se mantuvo con el INE la facultad de distribuir las pautas de radio y televisión a los partidos políticos tanto a nivel local como federal, así como el monitoreo de ellas.
Y ahora el instituto podrá —además de resolver la cancelación definitiva de algún spot que esté difundiéndose— emitir medidas cautelares y prohibir la transmisión de determinado mensaje en tanto se hace la investigación respectiva.
¿Qué opinan los expertos sobre estas nuevas facultades?
El politólogo Carlos Ramírez critica el hecho de que en la reforma electoral los partidos garantizaron primero que ellos, a través de la Cámara de Diputados, siguieran designando a los consejeros electorales.
Segundo, dice Ramírez, los partidos aseguraron su presencia en el Consejo General y las comisiones del INE, desde donde defienden sus muy particulares intereses, pero además presionan a los consejeros para aprobar o rechazar alguna resolución.
Las fuerzas políticas también se autootorgaron la facultad de designar, a través del Senado, a los magistrados de los tribunales electorales locales, facultad que pertenecía a los Congresos de los estados.
Al respecto, quien fuera presidente de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas (APPICEEF), Fernando Antonio Herrera Martínez, formula también severas críticas; asevera que con la creación del INE y la centralización de las funciones electorales “podríamos esperar la desaparición de los Congresos, los Tribunales de Justicia e incluso los propios gobernadores”.
El ex presidente de la APPICEEF sostiene que la creación del INE con facultades de atraer procesos locales, por ejemplo, significaría “una merma al estado federal, ya sea porque se pretendan derogar —asunto grave— las leyes locales, o bien, se desaparezcan las instituciones electorales de los estados”.
Para Herrera Martínez está claro que “el régimen de partidos se niega a crear autoridades que puedan resolver por encima de la opinión política y cuando los crea y tienen éxito, ello les provoca temor tal vez por creer que su propio poder está mermando. Pareciera que somos un país de política cupular y no de acuerdos sociales que, transformados en leyes, permitan nuestra convivencia e interacción como ciudadanos”.
Por lo anterior, señala, el INE “representaría la imposición de la política cupular sobre los sueños, anhelos y esperanzas de la sociedad”.
Recordemos que incluso antes de que se aprobara la reforma política-electoral, los integrantes de un disminuido Consejo General del IFE —María Marván, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Baños— apuntaron que centralizar los procesos electorales ocasionaría problemas toda vez que “la regulación de conflictos y actividades electorales locales podría saturar la agenda del INE, restándole efectividad en la realización de elecciones federales”.
Y además, advirtieron en su momento, “la incidencia del INE en los procesos electorales locales abriría un frente de controversias adicional a los trabajos del Consejo General, lo que contaminaría la relación con los partidos nacionales por temas locales o produciría parálisis en el órgano máximo de dirección del propio INE”.
Otro aspecto negativo de la reforma, explica a su vez Luis Carlos Ugalde, director de la consultoría Integralia, es que los partidos participan en la Comisión de Fiscalización y toman parte en las sesiones del Consejo General cuando se discute la aprobación de algún informe de revisión de movimientos financieros, es decir, “son juez y parte” en la supervisión y/o aprobación de los egresos e ingresos de los partidos y candidatos.
Miguel Arroyo, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, sostiene por su parte que de lo más grave que tiene la reforma electoral es haber dejado al INE la facultad de censurar los mensajes de las fuerzas políticas, así como de multar a partidos y particulares que difundan mensajes políticos al margen de las pautas oficiales que distribuye el órgano electoral.
Inviables
Los partidos se jactan de haber fortalecido la democracia con la reforma electoral de 2014, pero expertos, actores de la sociedad e incluso dirigentes partidistas no lo consideran así.
Por ejemplo, Mao Sáenz, coordinador de la Unidad Nacional Progresista, estima que la reforma electoral aprobada obedece solo a los intereses de las principales fuerzas políticas, marginando a los partidos minoritarios, a las agrupaciones políticas nacionales y a la sociedad.
Reprocha que ahora un partido deba obtener cuando menos 3% de la votación total efectiva para mantener el registro; asimismo, que la creación de partidos nuevos sea cada seis años cuando antes era cada tres.
Con ello, afirma, se busca eliminar la pluralidad en el Congreso y mantener la representación popular y las prerrogativas para solo tres partidos.
Sobre las candidaturas ciudadanas Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, expone que la normatividad que regula a las candidaturas independientes establece normas que buscan que el ciudadano no pueda acceder a ellas o bien le sea casi imposible obtener el triunfo:
“Establece una regulación excesiva y perversa que las vuelve prácticamente inviables; no otorga a los ciudadanos los mismos derechos que a los partidos; exige a los ciudadanos más requisitos para ser candidatos independientes que el que pide a los partidos políticos; otorga casi 20 veces menos recursos y tiempo aire a los candidatos independientes que el que se da a los partidos políticos, y establece sanciones más severas para los ciudadanos que las que prevé para los partidos”.
Las candidaturas independientes, afirma Delgado, resultaron ser una “burla” para los ciudadanos.
Fracaso
A unos días de los comicios del domingo 7 de junio, expertos y políticos afirman, pues, que la reforma electoral de 2014 “es un fracaso”.
Jorge Fernández Menéndez, periodista y analista político, apunta que el actual proceso electoral es “restrictivo, sobrerregulado, caro y financiado con recursos públicos siempre crecientes”; además de “diseñado para la lucha de spots y no para confrontar ideas y candidatos, donde la participación de la ciudadanía está limitada al mero ejercicio de votar”.
Por su lado, Miguel Arroyo dice que la reforma electoral “es verdaderamente un fracaso, una reforma sin razón y sin sustento. Y más que una reforma es una deformación del espíritu de la Constitución en términos electorales”.
A su vez el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, asegura que “las elecciones del 7 de junio se encuentran en la recta final y los comicios han puesto en evidencia no solo los complejos vicios, los problemas y los retos que presenta la democracia en México, sino también la falta de otra reforma electoral”.
El dirigente empresarial anota que “con la última reforma electoral, en vez de disminuir, los conflictos aumentaron; además no se cuenta con mejores candidatos ni campañas de calidad y el Instituto Nacional Electoral sigue dando muestras de presión muy fuerte por parte de los partidos políticos, en lugar de hacer honor a su carácter autónomo y ciudadano”.
Gutiérrez Candiani también reprocha que “la democracia mexicana es una de las más onerosas del mundo”.
Deplora de igual forma que con la reforma aprobada “se comprometen las funciones esenciales de la institución electoral, al recargarla de obligaciones que no deberían corresponderle, como es la función de censor”.
Y dice que se pueden hacer decenas de reformas adicionales e incrementar exponencialmente el articulado de los códigos electorales sin que nuestra democracia evolucione, si no se parte de lo básico: “Ni las mejores leyes funcionan si no se cumplen o no se hacen cumplir; si hay partidos políticos que hacen trampa o infringen la ley de manera recurrente, como modus operandi”.
Insiste en que “claramente, en lo sucesivo se requerirá de otra reforma electoral para remediar los problemas evidenciados, pero de poco servirá si no hay un cambio entre la ley y los valores manifestados frente a la forma de actuar en la realidad.