José Antonio Caporal
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Han pasado cuatro meses desde que Sergio García Ramírez renunció al cargo de consejero en el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Cámara de Diputados no ha cumplido con su obligación de nombrar al sustituto, debido a las diferencias que persisten entre los grupos parlamentarios del PRI-Partido Verde, por un lado, y PAN-PRD, por otro.
Priistas y verdes insisten en que es una obligación cumplir con el proceso de designación del consejero electoral, en tanto que panistas y perredistas demandan que se proceda a la creación de un nuevo organismo que organice las elecciones tanto a nivel federal como estatal, para de manera consecuente nombrar nuevos encargados de organizar y sancionar los procesos electorales.
Pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto ordenar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión “convocar de inmediato” a la Cámara de Diputados a una sesión extraordinaria para designar al consejero faltante.
Legisladores omisos
Después de que un grupo de diputados del PRI presentó tres juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por la omisión, en San Lázaro, para designar al consejero faltante, y a cuatro meses de permanecer vacante dicha posición en el IFE, los magistrados del TEPJF “resolvieron que la Cámara de Diputados debe actuar de manera oportuna para lograr la debida integración del órgano electoral”.
En el proyecto de sentencia, a cargo de la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza, se advierte que “la ausencia de uno de los integrantes del máximo órgano directivo del IFE podría provocar que se presenten empates en la votación de resoluciones sobre asuntos relevantes, tomando en consideración que el consejero presidente no cuenta con voto de calidad para desahogar ese tipo de situaciones”.
También establece que dicha ausencia “interfiere en la debida integración de las comisiones del instituto previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en el que se señala que cada uno de los ocho consejeros, sin contar al presidente del organismo, debe participar hasta en dos de esos grupos de trabajo”.
En la referida sentencia se reconoce que la Cámara de Diputados ha desplegado diferentes etapas previstas en la convocatoria para designar al consejero del IFE; sin embargo, no ha concluido con el proceso, por lo que al resolver tres juicios ciudadanos promovidos por diputados federales del PRI la Sala Superior “ordenó la celebración inmediata de una sesión extraordinaria para elegir al funcionario que ocupará el mencionado cargo”.
El magistrado Manuel González Oropeza manifestó que la designación de uno de los consejeros “no puede estar sujeta a la discrecionalidad o a los tiempos de la Cámara de Diputados, pues no se trata nada más de un nombramiento administrativo”.
En su oportunidad, el magistrado Flavio Galván Rivera señaló que actualmente la Cámara de Diputados cuenta con una lista de cinco posibles prospectos para designar al consejero faltante, pero advirtió que si “a juicio del pleno ninguno de ellos es idóneo para ocupar el cargo, dicha instancia deberá resolver, en breve, la manera como debe subsanarse esta falta”.
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