La Suprema Corte de Justicia derribó este martes uno de los pilares de la Ley de Derechos del Voto de 1965, que obligaba a los estados con un historia de discriminación racial a obtener una autorización antes de reformar sus normas electorales.
Con una votación de 5 contra 4, los magistrados conservadores encabezados por el presidente del tribunal John Roberts consideraron inconstitucional la Sección 4 que identifica a los 9 estados, incluido Texas, que requerían el permiso especial del Departamento de Justicia.
Roberts, quien escribió el fallo a nombre de la mayoría, sostuvo que cuando la ley fue aprobada, hace casi 5 décadas, los estados se dividían entre aquellos con bajo nivel de participación o alta discriminación, y aquellos que no presentaban esa problemática.
“El Congreso aprobó su fórmula con base en esa distinción. Hoy, la nación no está ya dividida a lo largo de estas líneas, pero la Ley de Derechos del Voto continúa tratándolo como si lo estuviera”, señaló.
La Sección 5 del estatuto fija el requisito de que los 9 estados obtengan un permiso del Departamento de Justicia, como ocurrió en el pasado ciclo electoral con Texas, antes de enmendar cualquier ley relativa al voto.
Aunque la Sección 5 fue dejada intacta por el fallo, analistas coincidieron en que se hizo irrelevante con la invalidación de la Sección 4 que precisaba cuáles son los estados con un historial de discriminación racial.
Las entidades incluidas desde 1965 son Arizona, Texas, Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, Carolina del Sur y Virginia, así como algunos condados de Carolina del Norte.
A favor de la eliminación de la Sección 4 votaron, además de Roberts, los magistrados Antonin Scalia, Samuel Alito, Clarence Thomas y Anthony Kennedy.
En contra votaron la hispana Sonia Sotomayor, así como Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Stephen Breyer.