El caso comenzó el 30 de junio de 2014, cuando una patrulla del Ejército enfrentó a un presunto grupo armado que se encontraba en una bodega en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, al sur del estado de México.
El 1 de julio, al día siguiente de los eventos, las fuerzas armadas emitieron un comunicado en el que señalaban que los militares habían sido atacados y respondieron a esta agresión, lo que dejó un saldo de 22 personas muertas, 1 soldado herido y la liberación de 3 personas secuestradas.
Inicialmente, los militares recibieron felicitaciones por su trabajo, pero investigaciones periodísticas de la agencia The Associated Press contradijeron la versión oficial y señalaron, tras visitar la bodega donde ocurrió el hecho, que no había indicios de un enfrentamiento.
AP indicó que en varias imágenes del lugar que se tomaron luego del incidente se puede apreciar que varios de los cuerpos se encontraban acostadas junto a la pared de la bodega, con lodo en las rodillas, lo que podría significar que estuvieron hincados.
Un reportaje de una revista publicado a mediados de septiembre presentó el testimonio de un presunto testigo, 1 de los supuestos secuestrados, que indicó que 21 de los muertos fueron ejecutados luego de que se rindieron.
Ante el caso, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que, de comprobarse que hubo abusos a los derechos humanos en Tlatlaya, serían “la excepción, una acción aislada y no el comportamiento de nuestro gran Ejército y de la Marina Armada de México.
Posteriormente, autoridades anunciaron la consignación de 8 militares de los cuales, posteriormente, la Procuraduría General de Justicia (PGR) anunciaría la consignación de 3 por homicidio en losa eventos de Tlatlaya. La PGR continúa con las investigaciones.
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