A unos días de que inicie el periodo de campañas para elegir 500 diputados federales y más de mil 500 cargos de representación popular en 16 entidades, la crisis se agudiza en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) como producto de la confrontación que sostienen entre sí los partidos políticos que hoy tienen al órgano electoral como rehén, a decir de expertos consultados porVértigo.
Los entrevistados explican que las dos últimas reformas electorales provocaron un grave retroceso: el Congreso enterró al Instituto Federal Electoral (IFE)ciudadanizado y lo sustituyó por un organismo partidizado, es decir, al servicio de los partidos y el cual además margina a la sociedad.
Las reformas de 2007 y 2014, además de dar más poder a los partidos políticos y permitirles así tener secuestrado al instituto, también eliminaron la libertad de expresión en las campañas electorales e incrementaron la regulación de los procesos, lo cual abona a la sobrecarga de trabajo de las autoridades, así como al desmedido aumento de quejas e impugnaciones.
Conforme se acerca la fecha de los comicios las posiciones se radicalizan: se forman grupos de partidos que coyunturalmente se alían para confrontar a otras fuerzas políticas, al mismo tiempo que buscan influir en las decisiones que toman los consejeros electorales.
Inicio de la confrontación
En abril de 2014, recién aprobada la reforma constitucional en materia política-electoral, tomó posesión como consejero presidente del nuevo INE Lorenzo Córdova Vianello, quien ya era consejero electoral del IFE.
Al asumir el cargo reconoció que el primer gran reto del instituto era “instrumentar una compleja y ambiciosa reforma electoral” y anticipó que tras la elección de 2015 se podría “hacer un claro diagnóstico de las necesidades de mejora que tienen las nuevas reglas”.
Diez meses después inició la crisis en el INE: el 18 de febrero pasado, siete de diez fuerzas políticas representadas en su Consejo General abandonaron la sesión luego de descalificar el trabajo de un “bloque” de consejeros electorales, en tanto que los propios consejeros manifestaban sus diferencias en torno de las resoluciones que se asumían en dicha sesión.
Aquel 18 de febrero se presentó una larga y ríspida discusión sobre el orden del día, toda vez que el consejero Marco Antonio Baños propuso retirar los puntos 9 y 12 que se referían: 1), a la emisión de normas reglamentarias sobre imparcialidad, y 2), a garantizar que los programas sociales gubernamentales no se utilicen con fines electorales.
El consejero Ciro Murayama Rendón solicitó entonces que no se retiraran los referidos puntos a tratar. Dijo que el proceso electoral ya iba demasiado avanzado y era momento de abordar los temas.
En tanto, los representantes de algunos partidos acusaban a un grupo de consejeros de querer cancelar el debate para favorecer a ciertas fuerzas políticas.
El consejero Marco Baños tomó la palabra y aseguró que ni él ni otros consejeros pretendían favorecer fuerza política alguna y recordó a sus críticos que “después de dos reformas electorales y de dos compromisos específicos en el régimen transitorio de las modificaciones constitucionales no se han emitido las normas específicas” sobre los temas referidos.
Vino entonces la votación y seis consejeros votaron a favor de que se pospusiera la discusión de los puntos 9 y 12.
Entonces intervino Javier Corral, representante del PAN, “con el propósito de informar al Consejo General que hemos tomado la decisión varios consejeros del Poder Legislativo y representantes de distintos partidos de retirarnos de esta sesión en signo de inconformidad y protesta por la posposición de los puntos 9 y 12”.
Los representantes de PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, PT, Encuentro Social y Humanista dejaron el salón de sesiones.
Los reclamos entre consejeros electorales siguieron en el salón de sesiones y tocó el turno de intervenir al representante del PRI, quien calificó la salida de siete partidos de la sesión como un “vil chantaje” y añadió que “la actitud que realizan los representantes de partidos políticos es de berrinche”.
A su vez el consejero presidente les enviaba a los partidos ausentes de la sesión el mensaje de que “el árbitro electoral no puede actuar con base en las preocupaciones, ni mucho menos en los intereses, de un contendiente, ni de tres ni de siete”.
Los representantes de los siete partidos también se ausentaron de la sesión del Consejo General del 25 de febrero y las descalificaciones de ellos y los otros tres partidos se mantenían.
Carta a los partidos
El 28 de febrero el INE informó que había atendido una de las principales demandas de los siete partidos ausentes de los trabajos del Consejo General: “Renovar la Unidad de Fiscalización”, es decir, destituir a Alfredo Cristalinas, titular de esta área, a quien las fuerzas políticas acusaban de favorecer al Partido Verde y al PRI.
Al día siguiente el consejero difundió una carta dirigida a los diez partidos. Les recordó que “el proceso electoral es uno de los muy pocos elementos que pueden producir confianza, participación amplia e inyectar aire fresco en la sociedad mexicana”. El proceso electoral, añadió, “es parte de la solución a nuestras crisis, una oportunidad para discutir y decidir el país que aspiramos y queremos ser; una vía hacia un futuro menos ominoso”.
Lorenzo Córdova convocó a los partidos, a los tres que permanecieron en los trabajos del Consejo y a los siete que se retiraron de los mismos, “a renovar el compromiso democrático. A revisar y atenernos estrictamente a la ley. Aceptar los errores y corregir anomalías lo más pronto posible”.
Los partidos regresaron a los trabajos del Consejo General pero la crisis persiste, señalan los expertos.
Frankenstein electoral
Vértigo consultó a un grupo de especialistas en materia electoral y política a fin de que expresaran sus puntos de vista sobre la crisis que vive actualmente el instituto.
Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral y director de la consultoría Integralia, explica que el órgano electoral sí tiene cuotas de partidos y en consecuencia algunos consejeros toman decisiones en función de los intereses de los partidos que los propusieron.
“Lo que ha habido en la historia del IFE, ahora INE, es que, primero, los consejeros son designados por los partidos políticos porque así lo establece la Constitución; es decir, es un nombramiento partidizado. Segundo, que además, por razones de negociación, se ha establecido desde el inicio del IFE autónomo, en 1996, que sea por cuotas”.
Una vez en funciones, precisa Ugalde, lo que se observa es que hay “consejeros que se mantienen leales y obedientes a los partidos y consejeros que asumen una posición de independencia frente a aquellos. Ese es el tema central. En cada Consejo General, desde 1996, ha habido ambos tipos de consejeros… y los hay hoy”.
Aunado a lo anterior, el ex presidente del IFE considera que “los partidos han intentado en los últimos años cooptar muchas de las decisiones de los órganos electorales”.
En este sentido, asegura que “el mecanismo de designación de los consejeros electorales está rebasado y debe cambiarse. Como está ahora no genera la confianza que se requiere; debe modificarse. Y mientras esto siga así los cuestionamientos van a mantenerse”.
En cuanto a la normatividad, el ahora director de Integralia opina que “las reglas electorales tuvieron un proceso virtuoso cuando empezaron a reformarse en los noventas porque comenzaron a mejorar la equidad en las contiendas, transparentaron las elecciones, combatieron las prácticas que había en los ochentas de fraude electoral y generaron una mayor participación ciudadana”.
Sin embargo, indica, “a partir de 2007 hemos tenido reformas electorales que son un retroceso. Primero, porque promueven la sobrerregulación de las elecciones y la sobrerregulación no ataca problemas de fondo: genera litigios, genera una sobrecarga laboral; segundo, porque han limitado la libertad de expresión de los ciudadanos; tercero, porque no han propiciado una mayor rendición de cuentas de los partidos políticos; cuarto, porque han promovido más litigios y, por lo tanto, lo que hemos tenido en las últimas reformas electorales es justamente una legislación que ha sido un retroceso para la vida democrática de México”.
—¿A qué atribuye usted la crisis por la que atraviesa el INE?
—No es la primera vez que hay estridencia y litigios en el seno del Consejo General. Lo que sí creo es que la regulación electoral es la culpable de este tipo de controversias, porque la reformas electorales de 2007 no generan certeza, no atacan problemas de fondo.
A juicio de Luis Carlos Ugalde el problema no son tanto los consejeros del INE sino la sobrerregulación electoral que se ha generado y que ha construido “una suerte deFrankenstein electoral donde se dan excesos de atribuciones a la autoridad electoral y eso simplemente la ha convertido en un órgano más vulnerable, porque en la medida que más atribuciones tiene encuentra más dificultad para ejecutarlas; tiene más enemigos, porque cada vez tiene que sancionar a más actores en la sociedad, en los medios, en todos lados. Y ese es el actor central: un mal enfoque de cómo regular las elecciones. Es el principal problema actualmente”.
—¿Puede el INE garantizar el óptimo desarrollo de las elecciones?
—En el plano organizacional sí; sin duda, hará una buena labor. Pero en el otro plano, que es el de las condiciones de la competencia, depende de muchos factores: de los partidos políticos, los candidatos, el gobierno federal, los maestros disidentes en Guerrero, el clima de violencia en el país… que ese es otro tema.
Fallas de origen
Marco Antonio Gómez Alcántar, ex consejero del IFE, considera a su vez que parte de la crisis que vive el organismo es producto de la “inexperiencia de varios y papeles lamentables y protagónicos de Alejandra Pamela Barrera San Martín y Ciro Murayama Rendón, por ejemplo, que verdaderamente dan vergüenza”.
Pero fuera de eso, asegura, “tenemos una institución sólida que está aprendiendo, que se está encanchando, sobre todo su presidente, y no tengo duda de que, salvo esos dos personajes lamentables, creo que van a poder dar muy buenos resultados en la próxima elección federal”.
Gómez Alcántar considera que no está deteriorada la credibilidad del INE y que, por el contrario, “en la medida en que se apliquen las normas y los consejeros expliquen las mismas sin estridencias y no actúen utilizando las síntesis de prensa como guía o como parámetro para tomas sus decisiones, con esa medida no se va a dividir la institución, los consejeros tienen que utilizar el código para resolver y no como lo hacen Pamela y Murayama”.
A juicio del ex consejero el INE se encuentra en condiciones de continuar con la organización de las elecciones y de entregar buenos resultados.
Juan Gabriel Valencia, analista político y columnista de Vértigo y otros medios de comunicación, opina en cambio que sí existe un problema en el instituto y que este lo arrastra desde que “la integración del Consejo General se ha resuelto por cotos partidarios”.
Indica que al ser propuestos por determinada fuerza política, “es inevitable que haya ciertas inclinaciones en algunos consejeros propicias, si no a favor de un partido en particular, sí en contra de sus adversarios. De manera que, sobre todo en materia de quejas y sanciones, hay circunstancias en las que uno puede pensar que no se está obrando de acuerdo al principio de equidad y de imparcialidad plenas”.
El entrevistado sostiene que el problema del instituto viene de tiempo atrás y refiere: “Yo me iría casi, aunque suene poco ético decir esto, hasta el primer Consejo General del IFE autónomo, que fue el que presidió José Woldenberg. Si vemos cuál fue el destino de algunos de sus consejeros al término de su mandato, ahí tenemos, por decir algo, el caso muy claro de Juan Molinar, quien terminó siendo un dirigente nacional importante del PAN; o el caso de Jaime Cárdenas, que es asesor del PT. Incluso me podría ir hasta antes de que tuviera plena autonomía el IFE y tenemos los casos de Santiago Creel, que ahora es cercano a Gustavo Madero en el PAN, o el de Agustín Ortiz Pinchetti, que fue en su momento un asesor importante de Andrés Manuel López Obrador”.
En este sentido, señala Valencia, los consejeros partidizados resultan un problema “que se viene arrastrando de origen y me parece que es parte de un vicio y de una ilusión que no se puede concretar en la realidad y que es muy de fondo: no hay personajes en la política químicamente puros, eso de la ciudadanización no existe. En el momento en que un ciudadano opta por buscar un cargo en una institución como era el IFE o actualmente el INE, está asumiendo una posición política, y para llegar a ocupar esos cargos necesariamente necesita de apoyos de fuerzas políticas. Los ciudadanos de la calle no son los actores principales en esta conformación. Es una realidad, hay que reconocerlo y también entender que la participación ciudadana en decisiones de ese orden tiene un límite”.
Juan Gabriel Valencia señala que otro problema del instituto es que estrena una nueva legislación electoral que no se ha probado en el pasado y a esto hay que añadir que existen condiciones complicadas en estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
“Pero yo esperaría que el INE pase la prueba. Nos conviene a todos, porque no se trata solamente se salvar el obstáculo de la elección del Congreso federal el próximo 7 de junio sino también de que el instituto esté preparado para la presidencial de 2018”, advierte.
El analista político prevé una elección “poco conflictiva” a nivel federal e indica que donde sí podrían haber conflictos es en algunas elecciones locales.
En cuanto al diseño de la reciente reforma electoral, Valencia expresa: “A mí en lo personal no me gustó que se hayan ampliado las funciones del INE hasta el punto en que puedan determinar circunstancias de estar por encima de los órganos electorales locales”.
Finalmente sostiene que la situación actual en el instituto, causada entre otros factores por las multas al Partido Verde, “es producto de una serie de imprecisiones legislativas que derivan en condiciones prácticas y decisiones que inevitablemente son cuestionables ya que el legislador, aunque debería haberlo hecho, no previó todos los escenarios posibles”.
Además, opina que en “el caso de los verdes ellos aprovecharon una serie de rendijas legales sobre las cuales en su momento se inconformarán y entonces tendrá que pronunciarse el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y determinar qué puede el INE y qué no puede”.
—¿Considera que el INE, ante la situación actual, garantiza el óptimo desarrollo de los comicios?
—Yo esperaría que el Tribunal Electoral resuelva pronto, sobre todo, las impugnaciones de los verdes, para que en vísperas de la jornada electoral estemos en una etapa de mayor serenidad y con menos dimes y diretes.
Contaminación
Carlos Ramírez, analista político, director del Grupo Transición y columnista enVértigo, afirma que “el INE arrastró los problemas del anterior IFE, del primer IFEciudadanizado y de la vieja Comisión Federal Electoral: dejarle espacio dentro del Consejo General y, por tanto, del organismo electoral a los protagonistas de las elecciones, es decir, a los partidos políticos, quienes aprovechan la oportunidad para litigar elecciones desde el seno del instituto”.
En este sentido, sostiene que “mientras los partidos estén dentro del INE los procesos electorales estarán contaminados por los intereses electorales de los partidos”.
—¿Cómo operan los partidos dentro del Consejo General?
—El INE refleja una triple sobrerrepresentación de los partidos: los partidos nombraron en la Cámara de Diputados a los consejeros electorales como reparto de cuotas de poder; cada partido tiene un representante en el Consejo General, y los representantes del Poder Legislativo a la vez representan a cada uno de los partidos. Por tanto, el INE está penetrado en su entraña por los partidos y sus intereses. El reciente litigio que se convirtió en conflicto fue azuzado por los partidos políticos contra el Consejo General para imponerle condiciones”.
—¿El diseño de las leyes electorales permite el fortalecimiento de la democracia o propicia lo contrario?
—Las leyes electorales fueron hechas por los partidos para organizar elecciones en función de las pasiones y los intereses de cada uno de los partidos: el PRI para no perder dominio, el PRD para bloquear al PRI y el PAN para ventajas propias. De hecho, las últimas reformas electorales se hicieron sin pensar en los ciudadanos, sino para repartir cuotas de poder de los partidos.
La democracia real, añade Ramírez, “necesita de un sistema electoral operado efectivamente por ciudadanos pero sin ninguna intervención de los partidos. Para mí los partidos deben quedar fuera del Consejo General del INE y el instituto debiera transformarse en un organismo de Estado para organizar elecciones sin tener en su seno el lastre de los intereses electorales de los partidos”.
Carlos Ramírez señala que el entierro del órgano electoral inició en 2006: “El PRD y López Obrador presionaron una reforma electoral a la medida de sus intereses y elPAN y el PRI aceptaron ese chantaje. Luego vino la reforma electoral de 2007 para distorsionar las campañas con el uso de los spots. Y terminó de desorganizarse con la reforma electoral exigida por el PAN a cambio de su voto para la reforma energética, cambiando al IFE por el INE”.
A su juicio, “el proceso de transformación del instituto electoral se hizo por razones ajenas al perfeccionamiento de la autoridad electoral. De ahí que la elección presidencial de 2006, con la diferencia mínima de medio punto porcentual entre elPRD y el PAN, fue el punto de inflexión de la desorganización de la estructura electoral de la República”.
—¿Por qué el instituto está inmerso en una situación de crisis?
—Por la acumulación de insuficiencias, contradicciones y falta de supervisión institucional por parte del Congreso. Y para profundizar la crisis, a partir de 2007 el instituto electoral construyó su propia burocracia de poder con consejeros repartiéndose los espacios de decisión en función de intereses personales y no institucionales.
Finalmente el periodista advierte que tal como está organizado actualmente el instituto, “con un Consejo General debilitado por las cuotas de los partidos y con un consejero presidente sin la fuerza personal para liderar al organismo, no garantizará un proceso electoral democrático y creíble”.
Ciudadanos marginados
Ulises Corona, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera por separado que los consejeros electorales solo dan respuesta a los intereses de los partidos políticos que los postularon para ocupar dicho cargo: “Esto es un contrasentido, porque lejos de defender los intereses de la institución, ni siquiera digo de la ciudadanía, están defendiendo una postura política. La idea fue crear un organismo más independiente para acotar al poder y no es así”.
—¿El ciudadano se encuentra marginado?
—Creo que hace falta más empoderamiento de los ciudadanos. Si bien es cierto que ya tenemos la figura del candidato ciudadano, hay muchas trabas para que los ciudadanos puedan ser verdaderamente candidatos; pero además todavía no existen los controles exactos y precisos, abiertos, transparentes para los financiamientos de campaña de candidatos independientes.
A juicio de Ulises Corona el inicio de las pugnas al interior del INE es consecuencia de la crisis de liderazgo en la institución: “No existe un liderazgo que dé garantías de institucionalidad de los proceso electorales, y las decisiones que se han tomado últimamente donde los partidos se retiran de la mesa y el INE se queda vacío muestran que hay una crisis de poder al interior”.
El costo de todo esto, asevera el catedrático de la UNAM, “va a ser un alto nivel de abstencionismo, una mala calidad de la cultura política de quienes vayan a llegar al Congreso federal y a los locales y a los municipios, y una sociedad enfadada y muy molesta por esos proceso electorales cada vez más caros y pocos efectivos”.
También preguntamos a Gustavo López Montiel, politólogo del Tecnológico de Monterrey, a qué obedece la crisis en el instituto y él responde que el Consejo General del INE, en tanto que tiene una dimensión política, “obviamente tiene momentos de tensión”.
López Montiel añade que “a final de cuentas a los partidos no necesariamente les conviene salirse del Consejo General, pues en ese caso no están en el contexto de la decisión. Entonces los partidos se mantienen ahí, pero obviamente es parte del proceso y no es la primera vez que ocurre”.
Asimismo el catedrático del Tec del Monterrey opina que el instituto tiene una estructura que ya está en el contexto de lo que es el servicio profesional y ella es la que realmente organiza la elección, por lo que no ve riesgo en la organización de los comicios.
Donde sí ve riesgos López Montiel es en otros espacios de la competencia donde apenas se están construyendo capacidades, como es el caso de la fiscalización. A su parecer “es ahí donde hay más conflicto en términos de cómo se construyen estas capacidades”.