En la etapa final del proceso federal electoral y 16 procesos locales concurrentes los expertos en la materia enumeran una serie de deficiencias provocadas por la reforma electoral aprobada en 2014: recomiendan a los legisladores impulsar un nuevo ordenamiento jurídico que sea aplicable en 2018 para evitar los problemas que hoy están presentes.
Los especialistas señalan que no debe culparse a la autoridad electoral, es decir, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sino al mal diseño de la reforma política y, sobre todo, a la actitud de partidos que violan la normatividad.
Procesos sobrerregulados
Congregados para analizar el Efecto de la reforma de 2014 sobre el proceso electoral, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Colegio de México (Colmex) hablan de los varios defectos y escasas virtudes de las normas que regulan hoy la organización de los comicios.
Jacqueline Peschard, investigadora de la UNAM, comienza por señalar que uno de los principales puntos que debía atender el nuevo ordenamiento jurídico era reducir el costo de los procesos electorales y esto no ocurrió; de hecho, dice, “ahora cuestan más”.
También critica que en la reforma de 2014 se haya insistido en sobrerregular, “como si poniendo candados se pudieran exorcizar las violaciones a la ley por parte de los actores políticos, cuando bien sabemos que ellos siempre encuentran atajos para precisamente evitar los candados”.
Lo único que ello ha provocado, añade, es que ahora existan más posibilidades para impugnar y presentar quejas ante la autoridad.
Asimismo, comenta que al tener una sobrerregulación la atención del proceso se centra en la autoridad electoral: “Todos están al pendiente de sus resoluciones, de ver si lo está haciendo bien o mal, y eso no es lo más indicado”.
Al referirse a las nuevas facultades que le permiten al INE intervenir en procesos locales, Peschard asegura que ello obedece a la “desconfianza que algunos actores políticos tienen de las autoridades electorales estatales”; sin embargo, agrega, “el mejor esquema es el descentralizado”.
Al respecto también indica que la nacionalización de las actividades electorales lo que genera es que el INE tenga una sobrecarga de trabajo, pues debe estar atento de los procesos en las entidades: “Esto genera una disonancia”.
Al abordar el tema de la fiscalización, la investigadora de la UNAM y quien fuera consejera del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) resalta que esta tarea “tiene una parte virtuosa”, pero “de nuevo tenemos el tema de la sobrecarga de trabajo, pues antes la autoridad revisaba aproximadamente 7 mil expedientes y hoy debe revisar casi 75 mil, ya que le corresponde ver los egresos e ingresos de los candidatos federales y locales”.
Ya veremos, añade, “qué resultados arroja la fiscalización, la cual debe estar concluida a más tardar el próximo 13 de julio. Y no olvidemos que rebasar los topes de gasto de campaña o haber recibido recursos públicos o de procedencia ilícita son causales de nulidad de los comicios. Y ya estamos viendo cuántas impugnaciones se están presentando”.
Sobre el modelo de comunicación política, si bien este se remonta a la reforma electoral de 2007, la investigadora universitaria también formula algunas críticas: la primera de ellas por los más de 40 millones de spots que se trasmitieron “ya no solo en temporada de campaña, sino en lo que llaman precampaña e intercampaña, que al final provocaron hartazgo y estuvieron lejos de motivar la participación ciudadana”.
La otra critica sobre el modelo de comunicación tiene que ver con el hecho de que se dio al INE la facultad de ordenar el retiro de algún spot: “Es un problema que la ley permita que la autoridad electoral se meta en los contenidos de los mensajes de los partidos”.
Jacqueline Peschard indica que poco se puede presumir de que la reforma de 2014 haya establecido la figura de candidatos independientes, pues este tema se encuentra “regulado de manera inconveniente”, lo que dificulta mucho el camino de quienes contienden sin el respaldo de un partido.
Sobre la consulta popular lamenta que esta no se haya logrado consolidar porque “el modelo hizo que los asuntos que se plantearon como consulta fueran bloqueados”.
Finalmente, sostiene que es necesario analizar la posibilidad de establecer la segunda vuelta en los comicios, pues al observar los resultados de los recientes elecciones es evidente que ya no se gana por amplia mayoría, lo que a su vez produce que los candidatos que obtienen el triunfo lo hagan con menos de 30% de la votación.
Ajustes
Leonardo Valdés Zurita, investigador del Colmex, se refiere en primer término al tema de los candidatos independientes y muestra su preocupación porque estos lleguen a desplazar a los partidos, pues dice que se debe “analizar el efecto político y en qué medida es un elemento que puede incidir en la desestructuración del sistema de partidos; ahí hay que tener cuidado, pero todavía es temprano para tener una posición definitiva”.
Del tema de la reelección critica que exista un “candado” que establece que si alguien busca repetir en el cargo (alcalde o legislador) tendrá que contar con el consentimiento del partido que lo postuló, lo que hará que en la práctica sean las cúpulas partidistas las que decidan si alguien se reelige: “Esto nos lleva a la necesidad de regular el tema de la selección democrática de candidatos en los partidos”.
Al referirse a la creación del INE, Leonardo Valdés, quien fuera consejero presidente del IFE, afirma que “se escogió el peor de los mundos posibles”.
Al respecto, explica: “Se trataba de crear un organismo electoral que se encargara de todos los procesos y la propuesta se quedó a la mitad del camino. La creación del INE, en términos de arquitectura institucional, es barroca, provoca problemas de coordinación, aunque hay que reconocer que las cosas salieron bien”.
Sobre el requisito de que un partido obtenga al menos 3% de la votación para mantener el registro el investigador del Colmex opina que esto debería modificarse para quedar de la siguiente manera: “Con al menos 1% de la votación un partido tendría derecho a conservar el registro; con 2% tendría derecho a financiamiento público, y con 3% tendría derecho a que se le asignaran diputados de representación proporcional”.
Por otro lado, dice, ya es urgente considerar el establecimiento de la segunda vuelta en los comicios, pues hemos visto que el voto está muy fraccionado y aquellos que obtienen el triunfo lo hacen con porcentajes muy bajos: “No podemos ir a que en 2018 gane alguien con 20 o 25% de la votación. Tenemos que ir a la segunda vuelta, al menos en la elección de presidente de la República y gobernadores, porque ello da mayor legitimidad a quien gane los comicios y esto a su vez disminuye los conflictos poselectorales”.
Aunado a lo anterior, señala, debe establecerse el mecanismo para contar con gobiernos de coalición, cuyos integrantes sean ratificados por el Congreso.
Mala calidad
César Astudillo, investigador de la UNAM experto en derecho electoral, señala que con las más recientes reformas (2007 y 2014) “hemos hecho de la autoridad electoral algo muy distinto a lo pensado en 1990: hemos distorsionado su naturaleza”.
Dice que le preocupa que el INE se encuentre “sumido en la sobrerregulación de los procesos electorales con 74 nuevas atribuciones, de las cuales 53 tienen que ver con haber centralizado los procesos locales”.
Resalta que al hacerlo también “se concentraron en el INE todos los problemas y como ejemplo ahí están las complicaciones en el estado de Guerrero”.
Señala que si se continúa por ese camino no se imagina cómo será la autoridad electoral en dos décadas.
César Astudillo, actualmente abogado general de la UNAM, critica el modelo de comunicación política en dos sentidos: por la gran cantidad de spots que se transmiten y porque no propician el debate de ideas ni propuestas: “Creo que generamos un punto que hoy es negativo”.
Asimismo, afirma que la fiscalización de egresos e ingresos de los partidos no resuelve del todo el problema, porque al final las fuerzas políticas siempre buscan la manera de violar la ley.
De igual forma, critica que los procesos electorales sigan teniendo un costo tan alto: “Debemos plantearnos con seriedad si es necesario seguir inyectando tantos recursos a las elecciones. Considero que es tiempo de que la política sea financiada por los políticos, por los militantes y por los militantes. Vamos por el financiamiento privado controlado”.
El investigador universitario ve bien el tema de la equidad de género en las contiendas pero ahora, dice, se debe buscar que las mujeres que sean postuladas y que ganen elecciones estén bien preparadas y “no que hayan llegado al cargo porque los partidos no tenían a quién postular y acabaron registrando a esposas, hermanas o novias de los dirigentes para cumplir con la cuota de género”.
Finalmente, César Astudillo afirma que los problemas que generan las reformas electorales se deben a que “a la clase política le hace falta responsabilidad política, le hace falta cultura política y le hace falta talante democrático. Mientras eso no lo construyamos, podemos tener los mejores órganos electorales y las mejores reglas pero no habrá resultados satisfactorios”.