Al interior de las sociedades más avanzadas del mundo el hecho de hacer públicas las finanzas de los partidos se ha vuelto un elemento clave para la construcción de una democracia sólida, por lo que en México las recientes reformas legislativas al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) incluyeron también una rendición de cuentas más completa, expedita y accesible a la ciudadanía sobre cómo utilizan los recursos públicos esos institutos políticos.
La transparencia de los recursos públicos de los partidos, sus gastos de campaña y la capitalización de sus candidatos en épocas electorales se daba hasta hace poco solo ante los órganos respectivos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), pero ahora, con las nuevas disposiciones parlamentarias, la divulgación de sus padrones y su manejo de recursos se vuelve una condición necesaria para integrar a los ciudadanos como observadores críticos de las prácticas de financiamiento político.
Con estos cambios se abren al escrutinio público una serie de prácticas que se manejaban únicamente bajo informes oficiales del INE y que a través del INAI se podrán divulgar:
- Cómo se organiza una competencia política abierta.
- Recursos propios de los candidatos.
- Los fondos recaudados por los partidos.
- En algunos casos las donaciones de ciudadanos y empresas, así como distintas formas de subsidio público.
Con todo ello, las regulaciones del financiamiento a los partidos políticos quedan ya bajo los reflectores para el escrutinio público: si hasta el momento esos institutos solamente le daban a conocer a la sociedad sus ofertas políticas y de campaña, ahora entrarán a la dinámica de transparentar por completo el uso de los recursos económicos que se les otorgan, así como su propio funcionamiento interno: integración de órganos directivos, designación de líderes, elección de candidatos, etcétera.
Bolsa
Cabe señal que el INE aprobó a principios del año el reparto de recursos públicos entre los partidos políticos con una bolsa que ascendió a un total de 5 mil 356 millones 771 mil 247 pesos.
Esta cantidad de dinero público incluyó:
- Recursos para actividades ordinarias por 3 mil 909.5 millones de pesos; para gastos de campaña.
- Mil 172.8 millones; para actividades específicas, como educación cívica e investigación, 117.2 millones.
- Para franquicias postales. 156.3 millones.
- Para franquicias telegráficas, 693 millones de pesos.
El partido que más recursos recibió este año fue el PRI, con mil 376 millones de pesos, según el acuerdo aprobado por unanimidad en el Consejo General del INE; le siguieron el PAN, con mil 158 millones, y el PRD, con 886.1 millones de pesos.
En cuarto lugar se ubicó el Partido Verde con 444.7 millones de pesos; luego, el PT con 389.7; el Partido Nueva Alianza con 371.2, y Movimiento Ciudadano (MC) con 368.4 millones de pesos.
Los 3 nuevos partidos políticos: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Humanista y Encuentro Social (PES), recibieron 120.9 millones de pesos cada uno.
Y es que en México, aunque pueden recibir aportaciones de particulares, las fuerzas políticas tienen los recursos públicos como principal fuente de financiamiento, como una medida para promover la equidad en las contiendas electorales.
La cantidad de dinero que los partidos reciben cada año se calcula multiplicando el número de electores en el padrón por 65% del monto del salario mínimo vigente en el DF.
Además, por ley el uso del dinero público en cuestión debe ser reportado por las fuerzas políticas y fiscalizado por el INE, que tiene facultades para aplicar multas y promover otras sanciones en caso de detectar irregularidades o incluso delitos.
Al momento, y derivado del pasado proceso electoral del 7 de junio, de los diez partidos de representación nacional 2 perdieron el registro: el Partido Humanista y el PT (este último tiene hasta finales de agosto para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal defina sus últimas apelaciones para en su caso quitarle definitivamente el registro).
En las 31 entidades del país, asimismo, opera una treintena de partidos de carácter local.
Números
Hasta antes de las reformas federales que se transformaron en una nueva Ley General de Transparencia los partidos políticos solo se acotaban al órgano de información y trasparencia que maneja el INE (antes Instituto Federal Electoral), así como a las 16 disposiciones de oficio que les marca el artículo 64 del Reglamento de Transparencia del propio órgano electoral.
En este número de disposiciones que tienen que ventilar en sus páginas de internet destacan, por ejemplo, sus documentos básicos; reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general; sus directorios; tabulador de remuneraciones de sus funcionarios; convocatorias, resoluciones de sus órganos disciplinarios, y uno que con las nuevas disposiciones podrá modificarse: los índices de información reservada.
En un informe de transparencia en poder de Vértigo sobre partidos políticos que emitió en 2013 el entonces IFE se releva la mínima postura de acceso a la información por parte de los partidos políticos y, por ende, el poco interés de la ciudadanía para entrar de lleno a peticiones de información sobre estos institutos políticos.
Así, en lo referente a las solicitudes hechas a los partidos políticos independientemente de la información publicada de manera oficial en los portales de los organismos de representación popular, el IFE reportó que de las 3 mil 90 solicitudes que recibió durante 2013 lo correspondiente a 447 solicitudes, es decir, tan solo 14.46%, tuvieron relación con los partidos políticos.
De ese total, 220 solicitudes se atendieron directamente por el IFE mientras que 227 fueron resueltas por los propios partidos, toda vez que se relacionaron con casos cuya información no se encontraba en posesión del instituto electoral.
Sobre las 227 solicitudes de información atendidas por los partidos se generaron 485 turnos (quiere decir que una sola solicitud podía incluir la petición de información a todos los partidos con registro), por lo que de esa sola solicitud se derivaría un total de 7 requerimientos, uno por cada partido con registro nacional en ese año.
De los 485 turnos a partidos políticos, solamente en 194 casos se dio acceso a la información; en 214 se declaró inexistencia de la misma; mientras que respecto de 46 solicitudes se determinó clasificación de la información como temporalmente reservada y en diez casos como confidencial.
Por otro lado, 13 solicitudes se resolvieron bajo varios criterios, entre ellos el de combinación de clasificaciones y declaratorias de inexistencia, debido a la naturaleza multitemática de las solicitudes.
Además, en torno de 2 solicitudes se reporta que no se tuvo ninguna respuesta; en 4 casos aplicó el desistimiento, y 2 más se reportaron pendientes, toda vez que al momento de la elaboración del informe del IFE dichas solicitudes aún estaban dentro del periodo del plazo legal para que el partido político emitiera su respuesta.
Finalmente, cabe señalar que la información más solicitada a los partidos políticos tuvo que ver con los padrones de afiliados, los relativos a su vida interna y órganos directivos, así como a la fiscalización de sus recursos.
Sujetos obligados
Es en este contexto que, en entrevista exclusiva con Vértigo, Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI, ofrece pormenores de la aplicación de la recién aprobada Ley General de Transparencia y todo aquello que tendrá que ver con inéditos sujetos obligados como fideicomisos, sindicatos y, por supuesto, partidos políticos.
Para Puente, “se está dando la integración de un nuevo pleno muy comprometido con la transparencia y el acceso a la información y la protección de datos. Con ello se podrá hacer de estos derechos fundamentales constitucionalmente una realidad para que cada vez más mexicanas y mexicanos gocen del derecho a la información pública”.
Agrega que “estamos comprometidos en impulsar una serie de legislaciones, pero sobre todo en trabajar de cara a la sociedad, en hacer que estos derechos sean de cada vez más fácil acceso a la sociedad y que se genere también más confianza en las instituciones a través de la transparencia. No hay marcha atrás”.
—¿Qué es el Sistema Nacional de Transparencia?
—Tenemos una gran reforma constitucional en materia de transparencia del pasado febrero de 2014. En esta reforma se establecía la obligación de crear una Ley General de Transparencia y en mayo pasado se emitió esta gran Ley General de Transparencia y nuestra primera obligación como pleno de este órgano garante, nuestro primer compromiso, era instalar el Consejo de este Sistema Nacional de Transparencia.
Y dice al respecto: “Se trata del trabajo coordinado que vamos a tener como INAI con los órganos garantes de toda la República, pero además también con la participación muy importante del Archivo General de la Nación, del INEGI y de la Auditoría Superior de la Federación, como los grandes ejes articuladores de todo un gran sistema”.
Ximena Puente pone sobre la mesa la manera en que se conformará este proyecto. “Y este Sistema Nacional de Transparencia permitirá que se construya de manera coordinada y colegiada una verdadera política pública transversal; es decir, en todos los aspectos, de todos los niveles y en cada uno de los rincones de la República, para trabajar en que estos estándares de transparencia se cumplan, en que sean una realidad, en que se adecuen todas las legislaciones de todos los estados a los estándares que fija esta nueva ley”.
Asegura que ahora habrá más sujetos obligados: “Todo el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos, sindicatos, fideicomisos y partidos políticos, y cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos”.
—La ciudadanía pide que los partidos políticos se abran al escrutinio público. ¿Cuál será su nueva ruta como organismos obligados?
—Mira, precisamente acabas de tocar un punto muy importante: el tema de los sujetos obligados como son los partidos políticos, que es ideal para explicar también un poco cuál es la mecánica. Justo ahora se trabaja en ello con el Poder Legislativo, específicamente hemos tenido acercamiento con el Senado de la República, porque después de los estándares que fija esta ley general se realizarán las adecuaciones a la ley federal y a partir de ello ya estas obligaciones podrán ser consultadas y también revisadas por el INAI. Y no solo se trata de cómo los partidos políticos sean cada vez más transparentes con estos grandes estándares que comentamos en materia de transparencia en el uso de los recursos públicos, no solamente en cantidades finales, sino en qué se uso, para qué se usó… ¡Que haya una claridad!
Pero también, añade Ximena Puente, “creo que tocas un punto muy importante: propiciar e incentivar a través de los medios de comunicación la participación ciudadana, que seamos como ciudadanos cada vez más conscientes del seguimiento que podemos hacer al uso de los recursos públicos en partidos políticos o en cualquier persona que los reciba o los ejerza. Y para eso ya contamos con un marco normativo muy importante, de avanzada”.
Y explica: “México cuenta con el primer organismo constitucional autónomo garante de la transparencia. Esa es una realidad que nos permite tener autonomía de gestión, técnica y de decisión. Esto es también muy importante porque tenemos un órgano constitucionalmente autónomo, las decisiones son definitivas e inatacables. Por eso debemos procurar que la gente se involucre, que la gente como parte importante de todo este nuevo andamiaje de la transparencia, nos tenga un seguimiento y nos vea también. Y decirle a la gente que se acerque a nosotros”.
Oportunidades
—Hay una fiscalización del INE, pero la ciudadanía está muy ávida de saber en qué se usan sus recursos públicos por parte de los partidos políticos. ¿Cómo tendrá la sociedad acceso a esa información?
—Hay obligaciones muy puntuales. Obligaciones con fracciones. Obligaciones que el INAI también estará en posibilidades de revisar. Pero además la oportunidad de que si la información no está en sus respectivos portales de internet lo puedan preguntar. Y es un avance muy importante de todos los partidos políticos: tanto los más grandes como los más pequeños. Así, además de que hay obligaciones muy puntuales, generales y específicas, existe la oportunidad de que los ciudadanos soliciten aquella información que no tengan muy clara o deseen mayor especificidad. Y contarán con todo nuestro apoyo como órgano garante sobre estas solicitudes.
Otros nuevos entes obligados de vital importancia son los fideicomisos y sindicatos. Al respecto, Ximena Puente comenta: “Efectivamente, estamos en esa etapa. En trabajo con el Senado de la República estaremos muy atentos a los tiempos que nos marque el mismo Legislativo, específicamente el Senado, que ya discute iniciativas promovidas para saber los requisitos que incluirá formalmente la ley federal. Estamos muy atentos para las adecuaciones, para poderlas aplicar y hacer el seguimiento puntual en esos temas tan importantes como son la transparencia y fiscalización a partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, para que queden muy claras las obligaciones y podamos hacer el seguimiento”.
—¿En cuánto tiempo sabremos cómo el ciudadano puede hacer estas peticiones, frente a su computadora, a través del INAI?
—Se tiene hasta un año a partir de la expedición. Ya tenemos la información de que se está trabajando para tener esta disposición en la ley federal con los nuevos estándares y a partir de esta adecuación ya podrán comenzar a ver los ciudadanos las obligaciones de estos nuevos sujetos obligados, como partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.
Sobre esta nueva plataforma, añade que “la ley también nos da un año para empezar con toda la labor de generación de esta herramienta tecnológica para blindarle a la ciudadanía cada vez mayores medios, para que pueda tener la información de manera mucho más ágil. Estamos trabajando con un gran compromiso y con entusiasmo. La transparencia es un derecho relativamente joven: falta inculcarla cada vez más a la ciudadanía, que trabajemos juntos de verdad y hacer una realidad este estándar normativo que ya tenemos”.
Casi para concluir, Ximena Puente asevera que se está dando un parteaguas en materia de transparencia en México: “Estamos frente a un momento muy importante a nivel nacional en cuanto a impulso de la transparencia y acceso a la información pública. Efectivamente, ha sido la función de varios actores, es decir, este proceso legislativo tan importante viene motivado e impulsado por la sociedad civil. Hay que reconocer la participación que tuvo en esta nueva ley general la ciudadanía. La apertura que tuvieron los senadores, tanto como los diputados, para realizar foros donde escucharon a los diversos actores para tener una ley como nuestro país merece”.
—¿Hacia dónde vamos como país en materia de transparencia con estos nuevos entes obligados, como los partidos políticos?
—A trabajar conjuntamente, tanto el INAI como los órganos garantes, como el Archivo General de la Nación, el INEGI o la Auditoría Superior de la Federación, pero también con las autoridades y la participación de la sociedad civil organizada, para que cada vez más tengamos una mayor conciencia ciudadana de participar; pero también que la transparencia se entienda como una obligación. Y no solo actuar por cumplimiento de la obligación, sino actuar por convicción.
