México atraviesa una creciente inseguridad y vive en carne propia la expansión del crimen organizado, lo que además de incrementar los delitos, las denuncias y las quejas, propicia un profundo malestar social e indignación por la impunidad que ello representa, a lo que el Estado responde fortaleciendo las garantías individuales a través del Poder legislativo.
Destaca, en particular, la aún reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, considerada como un nuevo paradigma en la administración pública.
Sin embargo, los expertos consideran que jueces, magistrados, ministerios públicos, defensores y litigantes tienen un papel prioritario en su implementación, pero todavía no alcanzan a crearse los mecanismos necesarios para aplicar los principios de pro persona e interpretación conforme a cada caso.
Gran paso
La reforma constitucional en materia de derechos humanos se ha convertido en el eje central de todo acto público, al elevar al máximo rango a las garantías individuales y crear un bloque de constitucionalidad con los ordenamientos jurídicos y tratados internacionales.
En opinión de Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, esta medida establece una verdadera transversalidad en todas las acciones y programas estatales.
A partir de su aprobación, el Estado se ha comprometido al respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos a través de la adopción de medidas destinadas a evitar que otros agentes violen las garantías y acciones positivas en favor de grupos vulnerables, que no sólo generen cambios legislativos o indicadores, sino sobre todo resultados.
Por ende, todas las autoridades tienen una gran responsabilidad, comenta por su parte Sandra Serrano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), pero resalta los tropiezos que la reforma sufre debido a “la interpretación de nuestros jueces y ministerios públicos”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, coincide con ella y considera que el gran reto para la correcta interpretación de este gran paso en la materia será cambiar la mentalidad de los operadores jurídicos del país.
Justicia
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dice a su vez que “los jueces mexicanos tienen una enorme responsabilidad de lograr un Estado de Derecho garante y respetuoso de los derechos humanos” porque hoy, con la reforma constitucional, se les obliga a tomar en consideración los tratados internacionales como una nueva fuente formal.
Y acota: “Además, es su obligación ejercer un control de la convencionalidad, para que puedan aplicar el Derecho interno y en otros casos las normas internacionales, así como orientar su actuar por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Hoy sus resoluciones se deben apegar a la Constitución y a 108 instrumentos vinculantes de derechos humanos.
Serrano comenta: “Los jueces en nuestro país no sólo tienen obligaciones directas para la protección y garantía de los derechos humanos, sino que además recae en ellos la vigilancia del cumplimiento de otras obligaciones por parte de otras autoridades”.
Mientras que los ministerios públicos, “además de garantizar, proteger y promover, tienen funciones todavía más especiales: la investigación, la sanción y la reparación de toda violación a derechos humanos”, complementa.
Y explica: “Ya no basta con que sigan sus protocolos internos, sino que el Derecho internacional ha establecido una serie de reglas para analizar, por ejemplo, un homicidio, un caso de violencia familiar o de desaparición forzada; es decir, tenemos todo un bagaje de estándares internacionales de los que tendrán que agregar nuestras procuradurías para poder hacer las investigaciones adecuadas, que cumplan toda esa serie de requisitos”.
Sin embargo, la Encuesta Nacional de Victimización (Envipe) 2012, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta que 24.5% de la población mayor de 18 años declara haber sido víctima de algún delito durante el año anterior, lo que representa uno de cada cuatro adultos.
El estudio arroja que uno de cada tres hogares en el país ha sido tocado por la delincuencia y, de acuerdo con dicho organismo, la cifra de los delitos no denunciados asciende a 91.6% debido a la desconfianza que hacia las autoridades predomina entre la población, la cual considera que denunciar es una pérdida de tiempo.
Amnistía Internacional (AI) afirma en su último informe que las sentencias condenatorias en México han sido poco fiables en los últimos años, a causa de detenciones arbitrarias, tortura, falsificación de pruebas y ausencia del debido proceso.
Sandra Serrano acota que, a pesar de los últimos avances legislativos, el acceso al amparo y a la justicia representa aún grandes retos. “El estándar internacional en la materia dice que los recursos para la protección de los derechos fundamentales deben de ser sencillos y rápidos, pero nuestro derecho de amparo es todo lo contrario”, opina.
“Se debería hacer mayor énfasis en cómo la gente se acerca a un juicio, porque hoy todo va en el sentido de los estándares internacionales pero, mientras eso se alcanza, la generalidad de la población no puede tener acceso a esos recursos porque no tiene dinero o no sabe cuáles son los requisitos formales; de tal manera que sigue siendo un recurso que existe, pero no eficaz para la mayoría de la población”, explica.
Interpretación conforme
Desde hace unas semanas, los avances que representó la reforma constitucional en materia de derechos humanos han sido cuestionados.
En Cámara de Diputados, por ejemplo, se presentó una propuesta de modificación al texto del segundo párrafo del artículo 1, con el fin de darle mayor peso al derecho constitucional en caso de existir una contradicción de principios entre nuestra Carta Magna y los tratados internacionales.
Pero dicha iniciativa es criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y dentro de la misma cámara baja, por considerarse que interfiere con los principios de interpretación conforme y pro persona.
Extracto del documento de Amnistía Internacional sobre la reforma a los derechos humanos.
Serrano hace énfasis en señalar la necesidad de crear una nueva forma de mirar a la justicia y el quehacer cotidiano: “Necesitamos hacer que nuestras normas nacionales puedan entenderse a la luz de las normas internacionales y que ambas corran en paralelo; no tienen que estar en contradicción, sino que los jueces deben lograr hacer interpretaciones ya no sólo del Código Civil”.
Y para ello, aclara, “no requerimos un nuevo procedimiento; no es tanto el problema del recurso, sino de cómo deciden los jueces. Donde hay que trabajar es en asegurarnos de que conozcan todo el sistema de fuentes de origen internacional, los tratados, sentencias y recomendaciones, para que logren aplicarlos y hacer una lectura conjunta”; es decir, entender y aplicar el principio de interpretación conforme.
De igual manera, el principio pro persona: “Si en algún momento hubiera alguna contradicción, no solamente con las normas internacionales sino incluso con las normas internas, debemos resolverlo al elegir lo que más le favorezca a la persona”, explica.
Y concluye: “No se puede hacer una distinción entre lo que tiene origen internacional y lo que tiene origen nacional; es un sólo cuerpo y es toda la lógica original del artículo 1 constitucional por la que debemos velar”.