La readaptación social en México, que tendría por objetivo que las personas que han delinquido y cumplieron una sentencia se reincorporen a la sociedad ya rehabilitadas y puedan reintegrarse a la vida en libertad con respeto a la ley, se encuentra lejos de cumplirse en la realidad y se ha convertido en un fracaso del sistema penitenciario del país.
Entre las principales causas que propician el bajo porcentaje de rehabilitación de quienes trasgreden la ley y pagan con cárcel su deuda con la sociedad se encuentran la crisis interna de los penales, la insuficiente preparación del personal técnico y especializado, la falta de leyes o reglamentos que permitan aplicar y evaluar los programas y pocos recursos económicos.
A juicio de criminólogos y expertos, esta situación provoca que la readaptación se haya convertido en una simulación, ya que no logra que la gran mayoría de quienes quebrantaron la ley y causaron un daño social sea regenerada para llevar una vida útil y productiva.
Peor aún, afirman los especialistas, el hacinamiento y la contaminación a los que son expuestos en las cárceles al convivir primo delincuentes con reincidentes o con quienes llevan una vida delictiva, propicia el efecto contrario del que se pretende: convierten a las cárceles en escuelas para criminales.
A las condiciones materiales y un ambiente desfavorable para la recuperación de quienes han quebrantado debe sumarse el rechazo por parte de la sociedad, por lo que deben enfrentar duros obstáculos para volver a ser admitidos en su comunidad.
De ahí que en las desastrosas circunstancias en las que funciona el sistema penitenciario mexicano la readaptación social como política y programa de rehabilitación se ha convertido en un mito con graves consecuencias: quienes cumplieron una sentencia de cárcel regresan a libertad no solo estigmatizados sino en la mayoría de los casos portando un alto potencial criminal.
El costo del fracaso de la readaptación social está a la vista: alta reincidencia, mayor criminalidad y aumento de la inseguridad.
¿Readaptar o reinsertar?
En el artículo 18 de la Constitución se establece que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.
En el país y a nivel internacional se ha dado un intenso debate entre criminólogos y expertos penitenciarios respecto de los conceptos de readaptación social o reinserción que deben permitir rehabilitar a los sentenciados, después de una serie de métodos, programas y protocolos creados para buscar su reincorporación a la sociedad una vez cumplida una pena carcelaria.
Con la reforma al sistema de justicia penal de 2008, en el texto constitucional se cambió el concepto de “readaptación social” por “reinserción” y se aumentaron otras condiciones para la rehabilitación del interno, como el respeto a los derechos humanos y el acceso al deporte, además de la capacitación, la educación y la salud previstos anteriormente en la ley.
El investigador Guillermo Zepeda Lecuona, en el libro Diagnóstico del sistema penitenciario mexicano, refiere que la exposición de motivos del legislador para el cambio de denominación obedece a que la prisión es incapaz de lograr la readaptación de los sentenciados.
Dice que para la reforma señalada el órgano legislador expuso: “Por otro lado, se estima que la readaptación social es inadecuado para nombrar al momento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamente en su entorno social. Si se toma como referente la esencia misma de la prisión como una institución total y excluyente, se infiere que no es posible que los sentenciados logren durante su estancia en ella una readaptación social”.
Y agregó que “una institución cuya característica principal es la exclusión no puede incluir o readaptar a nadie a la sociedad. Por lo anterior, se apoya que se cambie el término de readaptación social por el de reinserción social y que se tenga como un nuevo objetivo el procurar que los internos no vuelvan a delinquir”.
Cárceles, lejos de rehabilitar
Y si bien lo establecido en la legislación mexicana va al parejo de las recomendaciones, medidas y normas internacionales respecto de la readaptación de los internos penitenciarios, la opinión generalizada de los expertos es que no se cumple con el objetivo de rehabilitar a los individuos que han pagado una condena.
Destacan que entre los factores que inciden de manera determinante para no alcanzar ese propósito se encuentran sobrepoblación, hacinamiento, ambiente criminal en las cárceles, no obligación del trabajo durante la reclusión, no separación de procesados y sentenciados, así como insuficiencia de recursos humanos, materiales y técnicos para aplicar programas que permitan una adecuada rehabilitación de los internos.
Esta situación queda confirmada en el estudio La reinserción social como fin de la pena privativa de la libertad en México, realizado por los investigadores Eduardo Barajas Languren, Guadalupe José Torres y Martha Belén Palma Ramírez, quienes resaltan que lejos de ser un castigo exclusivo para quienes realmente han cometido un delito y deben purgar una sentencia, la cárcel “se ha convertido en gran medida en el lugar para alojar a individuos acusados por delitos graves o que se encuentran en espera del desahogo de un proceso judicial, quienes aguardan que se les dicte una sentencia (prisión preventiva)”.
Aseveran que en lugar de ser un espacio para promover la reinserción a la sociedad de quienes violan la ley, las prisiones mexicanas son lugares de hacinamiento donde los derechos humanos no se respetan y la violencia prevalece.
Al realizar su investigación encontraron que “en ningún centro carcelario (que visitaron) existían programas específicos en materia de reinserción social que precisaran los objetivos que pretendían alcanzar, ni la metodología que se aplicaría por parte del personal profesional que se ocuparía de ello ni el objetivo en el que se trabajaría; tampoco métodos de seguimiento y evaluación que permitieran conocer el grado de resocialización y el grado de no reincidencia”.
De igual manera critican que el uso actual de la prisión en México está muy alejado del ideal constitucional, el cual pretende lograr la reinserción social de los internos.
Condiciones degradantes
Y se preguntan respecto de los internos: “¿Rehabilitarlos o reinsertarlos?” A lo que responden que del total de centros penitenciarios en el país (419), más de la mitad están sobrepoblados y las condiciones de vida son degradantes.
“¿Prevenir y disuadir futuros crímenes?”, cuestionan. Y recuerdan que a nivel nacional el indicador de reincidencia es de 15.5% y hay estados donde más de 20% de los internos es reincidente, lo cual indica que los centros penitenciarios no están siendo exitosos en su labor de reinserción social.
Concluyen que la privación de la libertad utilizada como pena para castigar a quien comete un delito está muy alejada del fin que pretende el artículo 18 constitucional, que es la reinserción social de los sentenciados y procurar que no vuelvan a delinquir, ya que es evidente que las autoridades responsables no han sabido cumplir las obligaciones que impone la Constitución, además de que no se utilizan los tratamientos adecuados para cada sentenciado.
“Las condiciones actuales de la prisión en México no permiten llevar a cabo satisfactoriamente la reinserción social y, por el contrario, las habilidades que ahí se aprenden más fácilmente son aquellas asociadas con más conductas delictivas o violentas”, recalcan.
Orillados a reincidir
Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), afirma que está demostrado que en México no funciona la readaptación y la resocialización de quienes trasgredieron las normas, ya que no se aplican los principios establecidos en el artículo 18 constitucional.
“Por más que cambiemos el concepto y le agregamos otros más, la verdad es que bajo las condiciones en que viven en las prisiones nadie se readapta”, asevera.
Expone que en las cárceles mexicanas no hay trabajo y se carece de áreas donde la población penitenciaria se inserte a un empleo, ya que solo se les enseñan oficios y se les orilla a reincidir en la comisión de delitos.
Califica como grave el hecho de que 46% del total de la población penitenciaria, estimada en poco más de 242 mil presos, se encuentre sin sentencia —de acuerdo con el estudio del Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas—, por lo que están en la cárcel mientras enfrentan el proceso penal en su contra.
Barrón Cruz agrega que eso significa que 116 mil internos no pueden ser rehabilitados mientras enfrentan sus juicios, ya que eso aplica solo para los sentenciados, es decir, quienes ya recibieron una condena firme.
Además, al igual que otros expertos, el profesor del Inacipe afirma que la mezcla de procesados y sentenciados provoca la convivencia entre quienes enfrentan un proceso penal y los que ya recibieron una pena carcelaria.
“Muchos de los procesados ya no son primodelincuentes y en un gran porcentaje se trata de reincidentes, por lo que hay un problema: la persona que entró como primodelincuente empezará a aprender (otras fórmulas criminales) y si no tenía la intención de dedicarse a la vida delictiva en esas condiciones puede comenzar a delinquir ya de manera permanente”, añade.
Asevera que la readaptación social es un mito, puesto que no puede hacerse en la cárcel porque ya es demasiado tarde y en todo caso hay que reincorporar a la gente con más trabajo e igualdad de oportunidades.
“La reinserción es necesaria, sí, pero se tiene que hacer dentro de la sociedad y por lo tanto en la prisión no lo vas a conseguir. La reclusión tiene que cambiar pues no puede seguir como ha estado hasta ahorita, con problemas de hacinamiento o sobrepoblación”, insiste.
Sanción penal… y social
René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coincide a su vez en señalar que en México no funciona la reinserción social y, por el contrario, lo que prevalece es la sanción social y las personas que han cumplido con una pena carcelaria deben seguir como delincuentes porque la sociedad no las acepta.
“Hay una fuerte carga social de rechazo porque aquel que delinque o delinquió no solo es una amenaza para la estructura social, sino para la estructura personal. ¿Qué oportunidad tiene quien está en una prisión de readaptarse? Cero”, recalca.
Por su parte el director del Consejo ciudadano por la seguridad pública y la justicia penal, José Antonio Ortega, considera que no hay readaptación social porque en los penales del país prevalecen el autogobierno, la sobrepoblación y las actividades criminales, como se acaba de constatar en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, donde hace un par de semanas murieron 49 internos durante un enfrentamiento entre grupos rivales.
“No hay un orden, no hay un control y la autoridad hasta el momento me parece que no ejerce sus facultades y hay un autogobierno en la mayoría de los penales”, insiste.
Ortega reconoce que a quienes han recibido una pena carcelaria y buscan reintegrarse a la sociedad les cuesta mucho trabajo porque son muy pocos los que contratan a alguna persona que haya sido procesada, sea culpable o no, por lo que tienen escasas opciones para lograr un cambio y vivir de manera honrada.
María Elena Morera, de la organización ciudadana Causa en Común, califica como “tragedia” el asunto de la readaptación, ya que como muchas leyes en el país “nada más están en el papel”.
Morera estima que las prisiones no ofrecen oportunidades para la rehabilitación de los internos, por lo que “cuando esta gente salga no estará en condiciones de hacer un bien social o trabajar, porque los estuvieron maltratando durante años”.
Y concluye que no podemos pensar en la readaptación social simplemente porque dentro de los penales se violan los derechos humanos de los internos y se encuentran sometidos a condiciones que no permiten su cabal reinserción a la sociedad.
Mito y fracaso
Así, la experiencia en México en las últimas décadas demuestra el fracaso de la readaptación social de las personas que cumplieron una sentencia de cárcel.
Las leyes, normas y protocolos que se aplican a los internos de los penales para tratar de rehabilitarlos para que se readapten a la sociedad una vez que obtengan su libertad, no funcionan en un ambiente carcelario en el que prevalecen graves problemas de hacinamiento, violencia, violación de derechos humanos y otros males que carcomen y hacen inútil cualquier esfuerzo por brindar una nuevo oportunidad social a quienes han delinquido.
Por ello la readaptación es vista por los expertos como una política fracasada, un mito que impide realizar una transformación a fondo del sistema penal del país.
