José Fortino Martínez Martínez dormía con su esposa y sus 4 hijos en su casa en la localidad fronteriza norteña de Nuevo Laredo, cuando una madrugada de junio de 2011 el ruido de la puerta rota lo despertó.
Entre 7 y 8 hombres enmascarados entraron a su cuarto portando armas largas y chalecos antibalas con la leyenda “Marina”.
Hasta ahora, sin embargo, nada se sabe del paradero del hombre, cuya historia es parte de un nuevo reporte de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) sobre desapariciones en México en medio de la lucha contra el narcotráfico que siguen sin ser resueltas y que representa un desafío más para el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En el reporte “El Persistente costo de una crisis ignorada”, divulgado el miércoles, HRW informó que ha logrado documentar 249 casos de desapariciones desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra el narcotráfico y que incluyó el despliegue inédito de miles de soldados, marinos y policías federales a lo largo y ancho del país.
El grupo internacional señaló que del total de casos documentados, en 149 encontró evidencia de que se trataron de posibles desapariciones forzadas, es decir, apoyadas o cometidas por fuerzas de seguridad, como el caso de Martínez.
Días atrás, el diario The Washington Post publicó una nota en la que señaló que también había recibido una lista elaborada supuestamente por la misma dependencia oficial, pero que contabilizaba más de 25,000 personas desaparecidas.
La misma organización HRW señaló a propósito de la nota del Washington Post que de ser cierta la lista “situaría a la ola de desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del presidente Calderón entre las peores en la historia de América Latina”.
HRW llamó al gobierno de Peña a firmar una orden ejecutiva para que todos los detenidos sean presentados inmediatamente ante los fiscales correspondientes y bajo ninguna circunstancia sean llevados a instalaciones militares, estaciones policiales o centros de detención ilegales para ser interrogados, como en los últimos años llegó a ocurrir.