En México hay más de 15 millones de personas adultas mayores: casi 12% de la población. Con una esperanza de vida promedio de 75 años en su mayoría son funcionales, independientes y autónomas. Sin embargo, se estima que cerca de 47% vive en pobreza y, lo más preocupante, entre 20 y 30% sufre diferentes tipos de violencia, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos e incluye maltrato físico, sexual, sicológico o emocional por razones económicas o materiales, abandono y/o negligencia.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que el número de casos de maltrato a personas mayores aumentó porque muchos países tienen poblaciones que envejecen rápidamente y sus necesidades no se satisfacen plenamente debido a la escasez de recursos.
Agrega el organismo que para 2050 la población mundial de personas con 60 años y más se habrá duplicado con creces, pasando de 900 millones en 2015 a aproximadamente dos mil millones. La mayoría vivirá en países de ingresos bajos y medianos.
Si la proporción de personas mayores que son víctimas de maltrato se mantiene constante el número de víctimas aumentará rápidamente debido al envejecimiento de la población y llegará a 320 millones en 2050.
La OMS describe que el maltrato a las personas mayores puede conllevar lesiones físicas: desde rasguños y moretones menores hasta fracturas óseas y lesiones craneales que pueden provocar discapacidades y secuelas sicológicas graves, a veces de larga duración, en particular depresión y ansiedad.
Para las personas mayores las consecuencias del maltrato pueden ser especialmente graves porque sus huesos son más frágiles y la convalecencia más larga. Incluso lesiones relativamente menores pueden provocar daños graves y permanentes o incluso la muerte.
Un estudio de seguimiento durante 13 años reveló que los ancianos víctimas de violencia tienen una probabilidad de morir dos veces mayor que aquellos que no refieren maltrato.
Más edad… y en malas condiciones
“Para 2050 la esperanza de vida de los mexicanos será de 85 u 86 años, pero el hecho de vivir más no implica que la calidad sea mejor. Desafortunadamente el entorno y contexto de las personas de la tercera edad en nuestro territorio no es favorable; y sí estamos llegando a más edad, pero en condiciones muy deterioradas”, expone Mario Enrique Tapia, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM.
El investigador comparte que la situación representa un reto en términos de políticas públicas y de atención, ya que el país atraviesa por un proceso de envejecimiento: actualmente casi 8.9% de la población —cerca de diez millones de personas— lo integran adultos mayores, pero en 2050 representarán 30 por ciento.
Uno de los principales retos de este grupo poblacional es la atención a la salud: se considera que los adultos mayores acuden cuatro veces más a consulta que otros sectores y el costo es siete veces mayor porque muchos de ellos tienen padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión o enfermedades reumáticas que les generan diferentes niveles de discapacidad.
También se requiere atender aspectos sociales y sicológicos. Por ejemplo, aunque no hay estadísticas confiables se calcula que entre 20 y 30% sufre violencia sicológica, económica, sexual, física o abandono. Las mujeres son quienes la padecen más debido a factores socioculturales y a que su esperanza de vida es mayor.
Otro reto, añade Mario Enrique Tapia, es formar recursos humanos necesarios para su atención porque es insuficiente el número de trabajadores sociales, enfermeras, gerontólogos, geriatras y personal médico en atención primaria de la salud con orientación hacia el manejo del adulto mayor.
Los cuidadores primarios son los familiares, pero si no cuentan con una capacitación formal pueden caer en omisiones por desconocimiento, sobre todo si atienden a adultos frágiles o dependientes. Además hay poca investigación para prevenir síndromes geriátricos y los modelos de atención, tanto en instituciones de salud como asistenciales, no se han modificado en décadas. “Se les sigue atendiendo como hace 40 años”.
En los últimos años se invirtió organismos gubernamentales y no gubernamentales para su atención —como el Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores (INAPAM) o el Instituto Nacional de Geriatría—, pero sigue siendo insuficiente para el tamaño de esta población, que es vulnerable social y económicamente.
De igual forma, se requiere avanzar en el respeto a sus derechos humanos, relacionados con su cuidado y no abandono, la prevención de la violencia y la atención oportuna de síndromes geriátricos.
Por ello es fundamental comprender que la condición de vulnerabilidad que viven algunas personas mayores no es causada por la edad sino por factores estructurales como la condición de género, el origen étnico y racial, el componente socioeconómico y sociodemográfico, así como la condición de salud (si padece alguna enfermedad, si presenta algún tipo de discapacidad física, cognitiva y/o trastornos sicosociales).
Más violencia
De acuerdo con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social la violencia contra este grupo creció 30%. Tan solo el año pasado se registraron 863 casos: 32% por violencia sicoemocional; 31% por violencia patrimonial y económica; 28% por omisión de cuidados y maltrato; y 9% por violencia física.
Al respecto, Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, dice que la violencia contra los adultos mayores dentro de los hogares se incrementó durante el confinamiento por la emergencia sanitaria de Covid-19.
La CDH registró un aumento en el número de quejas, de las que 8% fue por maltrato a personas mayores. En enero pasado el número se duplicó y 16% de las quejas que atiende la cuarta visitaduría son por esa misma razón; sin embargo, muchas personas mayores tienen dificultad para poner un alto a las dinámicas que les afectan.
En la Ciudad de México habitan un millón 491 mil 619 personas mayores de 60 años y representan 16% de la población; al menos 49% tiene una o varias discapacidades, limitaciones para realizar actividades cotidianas o condiciones de salud mental. Se prevé que para 2050 la capital será la entidad con mayor población de esa edad.
Por lo anterior es fundamental implementar de inmediato medidas de prevención de la violencia focalizada a este grupo, así como procurar el acceso a servicios de salud y las necesidades básicas, además de capacitar a familiares y personas cercanas que cuidan a las personas mayores en casa, indica la especialista en derechos humanos.
Destaca que es difícil denunciar el maltrato o abuso físico, sicológico y patrimonial que sufren de sus cuidadores, que por lo general son los familiares más cercanos, porque temen que haya más represalias o castigos y que al final se queden solos y sus cuidadores enfrenten sanciones penales.
Mariana Moranchel Pocaterra, académica de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explica que aun cuando en el país hace casi diez años se publicó una reforma constitucional que consagra los derechos para todas las personas de ese sector que se encuentren en el territorio nacional, todavía falta garantizarlos.
“En teoría los adultos mayores tienen los mismos derechos que las demás personas, de acuerdo con el marco constitucional, pero este grupo poblacional sigue siendo vulnerable por su condición de edad”, puntualiza.
La académica del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM explica que el texto constitucional de la Ciudad de México reconoce a este grupo el derecho a la identidad, a los servicios de salud especial, así como a una retribución no contributiva y a un sistema de atención que prevenga violencia, discriminación y abandono, aspectos que significan un gran avance.
Indica que el adulto tiene la opción legítima a un trabajo digno de acuerdo con el artículo quinto de la Constitución, así como a la protección de la Ley Federal del Trabajo para no ser excluido en las labores, en observancia a normas internacionales.
“Sería importante efectuar estudios interdisciplinarios profundos en nuestro país y un diagnóstico de este segmento poblacional que resultó afectado por la pandemia, puesto que el Estado tiene el reto de hacer efectivo el goce de sus derechos”, concluye la investigadora.
Factores socioculturales
Estereotipos con base en la edad según los cuales las personas mayores son frágiles, débiles y dependientes.
Debilitamiento de vínculos entre generaciones de una misma familia.
Sistemas sucesorios y de derechos de tierras.
La migración de las parejas jóvenes, que dejan solos a los padres ancianos.
Falta de fondos para pagar los cuidados.
Carencia de atención sanitaria, servicios sociales y centros asistenciales.
Personal mal formado y remunerado, con una carga de trabajo excesiva.
Entorno físico deficiente.
Prevención
Campañas de sensibilización para el público y los profesionales.
Detección de posibles víctimas y agresores.
Programas intergeneracionales en las escuelas.
Intervenciones de apoyo a los cuidadores (gestión del estrés, asistencia de relevo).
Políticas sobre atención en residencias para definir y mejorar el nivel.
Formación sobre la demencia (dirigida a los cuidadores).
Notificación obligatoria del maltrato a las autoridades.
Grupos de autoayuda; casas refugio y centros de acogida de emergencia.
Programas de ayuda sicológica dirigidos a personas que infligen malos tratos.
Teléfonos de asistencia que proporcionen información y derivación.
Intervenciones de apoyo a los cuidadores.
Fuente: OMS
Ayuda y orientación en INAPAM
Asesoría y orientación legal: 555634-8890, ext. 218, 211 y 212.
Asesoría sicológica: 555604-8722, 555601-1313 y 01800-462-7261