En México más de 40 millones de personas menstrúan, cada una a su manera: algunas en el campo, otras en las ciudades, mientras migran o estando en prisión.
Mientras que para algunas es suficiente colocarse un parche térmico debajo de la ropa o tomar un antiinflamatorio para aliviar ese incómodo dolor ocasionado por la menstruación —dos dedos que presionan, agudos, tu útero—, para otras es un verdadero martirio.
“Me baja la presión arterial y durante el primer y segundo días tengo náuseas, vómitos, no aguanto el dolor en la espalda baja e incluso me he desmayado”, menciona Julia, una chica de 16 años que después de visitar a varios especialistas —algunos aseguraban que sus padecimientos eran mentales— fue diagnosticada con endometriosis.
Casos como los de ella, en que los dolores se vuelven incapacitantes al punto de no levantarse de la cama, son ¡por fin! un motivo suficiente para faltar a clase en Ciudad de México: la licencia menstrual que se aprobó a partir del ciclo escolar 2025-2026 para alumnas y personas menstruantes de educación básica y media superior reconoce su derecho a ausentarse de la escuela a causa de sus padecimientos menstruales.
La Secretaría de Salud (SSA) estima que alrededor de 50% de las mujeres ha presentado dismenorrea (dolores severos que impiden llevar una vida normal). Durante esos periodos algunas experimentan sangrados intensos, fiebre, vómito y, en casos más graves como el de Julia, hasta desmayos.
Este permiso garantiza que las estudiantes puedan reprogramar sus evaluaciones, tareas, exámenes o proyectos sin recibir penalización alguna y por el momento no es necesario presentar un justificante médico: basta con el respaldo de los tutores.
La reforma al artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México mediante la incorporación de la fracción XIII Bis tampoco menciona un límite máximo de días para ausentarse, pues reconoce que “cada cuerpo y ciclo menstrual son distintos”.
Aunque la iniciativa tiene en cuenta la recuperación académica de las estudiantes —la garantía de que su ausencia no implicará un rezago educativo—, las acciones para lograr tal cometido dependerán de cada escuela, ya que no todas tienen los mismos recursos.
Además de este, quedan otros hilos en el aire, como definir los lineamientos internos que volverán efectiva la licencia. Esto es, el procedimiento para presentar la solicitud, la forma de comunicación entre profesor y alumna, así como la manera de comunicar la falta.
¿Bastará un aviso verbal o será necesario una nota de padres o tutores?
Dentro y fuera de las aulas
Ante esas lagunas, Anahí Rodríguez, cofundadora de Menstruación Digna México, propone la figura de gestoras menstruales. “Algo así como las brigadas de protección civil: una persona a quien puedan acercarse para recibir información, asesoría y productos de gestión menstrual”.
Igualmente, la activista insiste en que la participación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) será clave para emitir los lineamientos generales para la aplicación de la licencia.
Y pareciera que alguien la escuchó, pues recientemente la senadora ecologista Rocío Corona Nakamura exhortó a la SEP a incluir contenidos de gestión menstrual bajo una perspectiva de salud, derechos humanos y género en programas de estudio de todos los niveles educativos.
La menstruación —señala— “sigue siendo un tema rodeado de prejuicios que generan vergüenza, discriminación y exclusión social”.
¿Qué mejor manera de combatir ese halo de bochorno que persigue a la menstruación que instaurando de manera clara los protocolos y las formas en que se puede hablar del tema?
Ciertamente, hay quienes buscan ampliar los alcances de la licencia menstrual. Hace poco menos de un mes la senadora Lilia Margarita Valdez, de Morena, sugirió llevar estos permisos a los lugares de trabajo.
La iniciativa pretende otorgar de uno a tres días para mujeres y personas menstruantes, así como la prohibición de despedirlas o coaccionarlas a que renuncien por tales ausencias.
Según un estudio de la Organización Global Dalia Empower, a 35% de las mujeres que han faltado al trabajo a causa de dolores incapacitantes se les ha descontado parte de su salario, mientras que 2.4% han sido despedidas. “Sigue existiendo una brecha significativa entre las necesidades reales de las mujeres y personas menstruantes y las políticas laborales vigentes”, se lee en la propuesta.
De modo que la iniciativa busca adicionar una fracción al artículo 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), dejando por escrito que “aquellas mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante podrán tener de uno a tres días con goce de sueldo, sin que eso afecte su ingreso salarial, antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos u otro derecho laboral adquirido”.
Para obtenerla deberán presentar un certificado médico, con vigencia de un año, expedido por un ginecólogo que acredite el padecimiento.
Varios son los estados que ya comenzaron a reconocer los permisos menstruales en lugares de trabajo, como Colima, que desde 2022 aprobó una reforma para permitir la ausencia laboral con goce de sueldo; y un año después Hidalgo se sumó, otorgando dos días de descanso con la condición de realizar exámenes periódicos para confirmar el diagnóstico.
Los últimos estados que se unieron, en 2024, fueron Nuevo León, con permisos de dos días para personas diagnosticadas con endometriosis y dismenorrea; Tamaulipas, con hasta tres días; Quintana Roo y Campeche, con tres y dos días, respectivamente.
Aunque la iniciativa recién comienza a ser parte de la discusión pública a nivel federal hay países como España, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia y Zambia, donde ya se implementa con éxito.
Segundo round
Por desgracia, el ausentismo escolar durante la menstruación no obedece solo a los cólicos. Según un informe de la organización Mexicanos Primero, 43 % de las estudiantes prefiere no asistir a la escuela durante la menstruación; 20% se ha ausentado al menos una vez; y 30% ha tenido que improvisar con papel de baño la falta de productos de higiene menstrual.
No es un tema menor. La última cifra del estudio muestra el otro lado de la moneda: quienes se ausentan porque no tienen los productos adecuados o la infraestructura necesaria —baños seguros, un sistema adecuado de drenaje o agua—, y durante esos periodos, por temor a manchar la ropa o a las burlas, mejor se resguardan.
Para contrarrestar esa cifra ha habido iniciativas que buscan garantizar que los productos de higiene menstrual sean accesibles para todos. En 2021, por ejemplo, el gobierno federal autorizó la eliminación del impuesto a toallas, tampones y copas menstruales.
Sin embargo, a cuatro años de eso la batalla no termina. El segundo round por la justicia menstrual busca eliminar el impuesto a otros productos como parches térmicos para los cólicos, calzones menstruales, toallitas húmedas y pantiprotectores, que también funcionan durante la menopausia.
La iniciativa fue propuesta por el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona y pretende reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado a productos de gestión menstrual. De lograrse, México sería el primer país en América Latina en eliminar el gravamen, un paso firme hacia la justicia menstrual.
Este esfuerzo no va solo. La diputada local Marisela Zúñiga, de la Ciudad de México, ha presentado en esta legislatura al menos once iniciativas relacionadas. “La menstruación es un tema de salud pública, y además de hablar de derechos sexuales y reproductivos se tiene que hablar de salud menstrual”, afirma. Una de ellas va encaminada a garantizar el acceso de estos productos en centros penitenciarios.
Pero hasta el momento, las iniciativas están detenidas y continúan empolvándose: una señal de que todavía queda mucho por hacer.