El miedo a la autoritarismo de izquierda acabó por legitimar las prácticas autoritarias de la derecha. Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, llegó al poder, el 27 de enero de 2014 con la enorme responsabilidad de fortalecer la democracia en Honduras y de mejorar las condiciones económicas y sociales de un país profundamente dañado por la violencia.
Con una deuda externa e interna que supera los 5,000 millones de dólares, Honduras se ha consolidado como el segundo país más pobre de América Latina, sólo superado por Nicaragua. Hoy, alrededor del 70% de su población vive en situación de pobreza y cerca del 50% lo hace en pobreza extrema. De ahí que entre 80 y 100 mil hondureños intenten llegar a Estados Unidos cada año, aún a costa de los riesgos que implica su travesía por México.
¿Cuáles son las razones que explican estos niveles de pobreza? Las mismas que explican el retroceso de otras democracias en América Latina: el narcotráfico y los conflictos entre élites que derivan en inestabilidad política. Esta última es, sin duda, la causa principal, pues sin un gobierno estable no puede haber una estrategia eficiente para controlar al crimen organizado.
Fue la madrugada del 28 de junio de 2009 cuando la crisis política estalló en el pequeño país sudamericano. Los poderes legislativo y judicial consiguieron el apoyo del ejército para realizar un golpe cívico-militar de Estado; para quienes lo justificaban- entre ellos Estados Unidos- se trató más bien de una sucesión constitucional. Manuel Zelaya Rosales fue sacado de su casa por la fuerza, casi exclusivamente con lo que llevaba puesto: su pijama presidencial.
Zelaya pretendía realizar un referendo para hacer cambios constitucionales que permitieran volver más participativa a la democracia hondureña. El asunto de la reelección era parte de los objetivos de dicho referendo. El miedo a que se repitiera la historia de perpetuación del poder que se había dado en Venezuela y Bolivia fue el pretexto. Manuel Zelaya se había deslindado ya de las élites políticas y económicas.
Desde entonces, no ha cesado la ola de protestas, que hasta hoy ha resultado en movimientos sociales importantes y en nuevos partidos políticos. El gobierno de Lobo Sosa se dedicó a censurar a los medios y a suspender las garantías de los ciudadanos para controlar el descontento social. La represión fue la norma y el saldo reportado por Human Right Watch es de 47 ataques a periodistas y activistas, incluyendo 18 asesinatos.
De nada sirvieron aquellos enviados por organismos internacionales a negociar la restitución de Zelaya. De nada sirvió la reprobación, la expulsión y el desconocimiento de Honduras por organismos como la ONU, la OEA y el ALBA.
A partir de esta crisis política, Honduras se convirtió en el país sin guerra más violento de América Latina, pues la inestabilidad política dejó el camino libre al crimen organizado para crecer a sus anchas. El nuevo gobierno tendrá que enfrentar una enorme crisis económica y social.