Comienza la semana previa a las elecciones del próximo 7 de junio. En cuanto a calidad de las campañas y sus elementos contextuales, sin que sea prematuro, ya se puede hacer un balance inicial.

La decisión de un juez para ordenar la suspensión de la siembra del maíz genéticamente modificado en México acrecienta la lucha que las partes mantienen desde sus respectivas trincheras: empresas a favor y activistas en contra.

Uber es motivo de controversia en la Ciudad de México en días recientes, debido a su conflicto con las organizaciones de taxistas capitalinos.

Con una anticampaña que solo se compara con las desarrolladas contra Andrés Manuel López Obrador, un sector conservador y neopopulista del país ha emprendido una lucha contra el Partido Verde Ecologista de México, pero en lugar de examinar sus lados débiles la estrategia busca quitarle el registro a esa organización con argumentos que podrían aplicarse a todos los partidos políticos.

El proceso electoral se desarrolla bajo nuevas reglas, con la participación de nueve partidos políticos con registro nacional y uno local.

Pues que van a beneficiar al personal de honorarios de la Asamblea Legislativa instituyendo el Servicio Profesional de Carrera para casi 780 empleados. De aprobarse, la iniciativa entraría en vigor en la siguiente Legislatura, porque en la actualidad no cuentan con ninguna prestación. ¿Qué le parece? No es mala idea: así los actuales empleados por ese rubro tendrían el trabajo asegurado, no vivirían en la incertidumbre y demostrarían capacidad en el quehacer legislativo. ¡Veremos!

Expertos coinciden en que el INE está al servicio de los partidos políticos, escenario que complica las elecciones de 2015.

Con estrategias bien definidas inmersas en la clandestinidad, traficantes profesionales lucran todos los años con centenares de piezas prehispánicas que sacan del país para luego subastarlas.

Esto no se puede quedar así: debe haber castigo para los culpables. Este año se presupuestaron dos mil cien millones de pesos para su rehabilitación, pero son insuficientes, pues hay que cambiar los trenes, cuyo contrato asciende a 21 mil millones de pesos por arrendamiento durante 15 años. Y de los 30 trenes solo funcionan 15: los demás están en reparación. ¿Qué le parece? ¿Y los responsables? Brillan por su ausencia.

La intervención en Ficrea logró confiscar contratos de arrendamiento de su subsidiaria Leadman Trade por 3,200 millones de pesos.

Cuando el tema llegó a la actividad petrolera de México, el presidente de una de las compañías usó una palabra que en nuestro país se traduciría como corrupción.