El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que para abatir la inseguridad, es necesario reconocer que México enfrenta un alto nivel de violencia, que está relacionado con el narcotráfico y variables estructurales.

La calificadora Fitch espera que el crecimiento de América Latina se acelere de 2.8 por ciento este año a 3.7 por ciento en 2013, impulsado por la evolución favorable de la demanda interna, las sólidas políticas económicas y la continuidad de la estabilidad macroeconómica regional.

Los valores, principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación, señaló la SCJN.

El alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, aceptó la renuncia del secretario de Seguridad Pública, José Manuel Rodríguez Morales tras la agresión de policías locales contra peregrinos que celebraban a la Virgen de Guadalupe.

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, señaló que la política social será una herramienta fundamental para lograr una sociedad segura y en paz, pues una de las prioridades del gobierno federal, dijo, es trabajar en la prevención del delito y contra la inseguridad.

El Senado de la República inició la sesión del jueves a las 21:00 horas, pero duró apenas 5 minutos pues sigue sin haber acuerdo en torno a la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propondrá se instalen cámaras de videovigilancia al interior de los reclusorios de la Ciudad de México, con la finalidad de erradicar actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios.

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) determinó que la Secretaría de Seguridad Pública local está obligada a entregar nombres y bitácoras de patrulleros.

A los funcionarios venezolanos que incurran en actos de corrupción se les confiscarán sus bienes para garantizar que el daño al patrimonio público sea reparado, informó el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño.