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La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, explicó que un eje fundamental para el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es la Austeridad Republicana, la fiscalización y la evaluación constante de la gestión pública.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) tendrá un rol fundamental para erradicar la corrupción de la vida pública nacional, combatir la impunidad y recuperar los recursos que le corresponden a la sociedad. Así lo afirmó la titular de esta dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en una reunión en el Senado de la República.
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Durante los últimos años ha existido una amnistía no anunciada: Tojil
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Para combatir la impunidad y los actos indebidos, ilegales y deshonestos, se impulsará una nueva cultura ética en la Administración Pública Federal y se pondrá en marcha un plan de trabajo que garantizará la transparencia en el ejercicio gubernamental, informó la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien subrayó que se vigilará que se cumplan con los programas prioritarios a los que se ha comprometido el Gobierno para concretar la Cuarta Transformación y evitar que se manchen de corrupción.
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El Senado de la República ratificó a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Para que pueda ser juzgado por corrupción aún estando en funciones
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Todo proceso en curso se tiene que concluir, afirma.
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El Senado de la República aprobó con modificaciones el dictamen que reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución para incluir los bienes producto de la corrupción, el robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en el catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio.
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Se desconoce el paradero de 3.8 mil millones de dólares.
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El ex mandatario busca anular su condena por corrupción.
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Juan Antonio Martín del Campo presentó una iniciativa en el Senado, cuyo objetivo es aplicar la figura de “muerte civil” a servidores públicos y particulares que participen o se encuentren vinculados en actos de corrupción.
