Antes que hacer énfasis en el concepto del Estado fallido, los politólogos han comenzado a construir la categoría del partido disfuncional o desaparecido. No se trata solo de ver al presidente de la República sin brazo político, sino de percibir que el PRI ha tenido una representatividad social en la intermediación del poder.

Grandes medios de comunicación de masas hacen hasta lo imposible para espantar a quien se deja con el petate del muerto.

Un árbitro central de futbol de Primera División en México puede percibir en promedio entre 80 mil y 100 mil pesos mensuales.

Los movimientos y relevos en las élites políticas en las democracias se dan justo como resultado de las competencias por los cargos en disputa por los partidos políticos.

Reconocidos legalmente como organismos de “interés público”, los partidos políticos mexicanos constituyen, en el modelo del teórico Robert Michels, oligarquías al servicio de los intereses de sus élites. Y si los partidos no representan a la ciudadanía, entonces el sistema de representación política tampoco funciona para la democracia.

Al respecto es ilustrativo este artículo de Dave Hodges, en The common sense man: Cuando este tipo de personas se esconden es hora de estar atentos.

Con una estatura de 1.69 metros, Pacquiao no tiene la estatura típica de un basquetbolista, pero es un entusiasta del deporte.

En unos cuantos días el sistema político mexicano ha sido sacudido por rupturas políticas al lado de expresiones irracionales de violencia y crimen. Los que se preguntan cómo es posible que esos casos ocurran en un país que ha tenido dos alternancias pacíficas no tienen que ir muy lejos por las respuestas: México sigue funcionando con el viejo régimen, pero en un escenario de nuevas relaciones sociales.

La UNAM ha funcionado como autogestión de una élite de funcionarios universitarios aunque todos los rectores —a excepción nuevamente de González Casanova— han encontrado empleo en el sector público.

El PRD ha tenido un largo viaje de la rebeldía a la institucionalización.

El miedo a la autoritarismo de izquierda acabó por legitimar las prácticas autoritarias de la derecha. Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, llegó al poder, el 27 de enero de 2014 con la enorme responsabilidad de fortalecer la democracia en Honduras y de mejorar las condiciones económicas y sociales de un país profundamente dañado por la violencia.

Frente al desafío de la reconstrucción del modelo de desarrollo a partir de la política económica, el debate en la Cámara de Diputados del paquete fiscal mostró dos oposiciones singulares, por no decir que simpáticas.