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Joaquín Guzmán fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa.
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Aunque todavía no está aprobado por el Senado, el Mando Único Policial ya es considerado por 30 entidades del país.
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Políticos están en contra de la medida propuesta por Barack Obama.
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Esto es lo que Obama quiere que pase con el control de armas. Problema que también es de México
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Edgar Valdez Villarreal fue extraditado en septiembre de 2015 a Estados Unidos junto a otros 12 delincuentes mexicanos.
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La más reciente de las pruebas continúa el trabajo norcoreano para alcanzar el estatus de potencia nuclear.
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El acusado presuntamente cometió abuso sexual de la menor de edad por 5 años.
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El Papa Francisco visitará México el próximo 12 de febrero
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El presidente de Estados Unidos anunciará en los próximos días una nueva acción ejecutiva para controlar la venta de armas.
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El joven, identificado como Hugo Iván Galindo, de 24 años fue declarado muero después de recibir una golpiza.
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Afectó de manera desproporcionada a los afroamericanos y a los latinos, de acuerdo con un conteo difundido por el diario The Guardian.
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Abogados de Pemex, en una conversación privada, me mencionaron que el problema más grave, incluso mayor que la carga financiera de las pensiones de los trabajadores, es el robo de combustibles: la cifra, con algunos datos que los hacen confiables, se estima superior a los tres mil millones de dólares. Hay un ordeñador, un transportista y un comprador y cientos de bandas. Pero aparentemente no hay poder en México que pueda controlar a los ladrones del patrimonio de la nación. Hace unas semanas, senadores del PAN solicitaron al director de Pemex, Emilio Lozoya, contratar especialistas externos, capacitados y calificados con el propósito de combatir el delito de robo de combustibles. Durante 2010 se contabilizaron 691 tomas clandestinas; 2012 cerró con mil 635 tomas, para 2013 ya había dos mil 162 y para el cierre de 2014 se reportaban cuatro mil 127. Un crecimiento de casi 600%. El robo implicó para Pemex una pérdida de 7.5 millones de barriles, equivalentes a 15 mil 300 millones de pesos, que representan 4.4% de las ventas totales de gasolinas tipo Magna y Premium. El Congreso necesita otorgar mayores herramientas jurídicas para combatir a las mafias de ordeñadores de ductos.
